Por: Andrés PAVEL*
En el transcurso de una misma semana, dos noticias de trascendencia nacional han puesto de relieve el acelerado deterioro de las libertades civiles que está experimentando nuestro país; mientras la persecución abierta de la oposición es un hecho
ya conocido mundialmente a pesar de la autocensura a la que se ha llamado la prensa conservadora, nos dirigimos hacia una subyugación igualmente dura de la población en general, según un esquema sistemático.
Por un lado, el primer debate en la cámara legislativa de la ambiguamente planteada ley de ciberseguridad ha despertado airadas protestas en contra de esta normativa incluso por parte de organismos sociales habitualmente cómplices y acomodados al gobierno nacionalista –tales como el COHEP y el Colegio de Periodistas. No es para menos; en sendas denuncias se advierte de una desaforada intromisión e intervención estatal que desfiguraría la operación de negocios de comunicaciones en todos sus niveles: desde facilitadores de servicios de conectividad, a proveedores de contenido, autores y usuarios.
Por supuesto que la intención, expresada por los diputados del Nacionalismo promotores de esta ley, de proteger a la ciudadanía de toda clase de abusos, es tan solo una careta, como lo denota la segunda noticia relevante de la semana, que deja muy claras las intenciones del estado: la denuncia presentada por el periódico británico The Guardian respecto a la venta de un sistema de espionaje completo, capaz de comprometer llamadas por internet, sitios web, redes sociales e e-mail, por parte del Reino Unido al gobierno de Honduras poco antes de las pasadas elecciones de noviembre. El uso de tal sistema contra la ciudadanía, al igual que todos los mecanismos de inteligencia utilizados por el Estado, no está amparado en ninguna ley existente y violenta gravemente los derechos y libertades civiles que el propio Estado debería garantizar a su población.
Pero lo más grave sobreviene de conjugar el empleo de semejante sistema de espionaje con la institucionalización de la censura estatal que significa la ley de ciberseguridad; todo esto, sumado a las incesantes acciones de intolerancia que ya inflige el régimen nacionalista a Honduras, nos dejarán como saldo un Estado represor de la libertad de expresión por medios electrónicos sin precedentes en nuestro continente.
Esto ya ni siquiera debe sorprendernos. La vulneración del Estado de Derecho y de sus principios fundamentales, proceso que ha sido continuo en Honduras, conduce siempre al deterioro de los derechos, seguridades y libertades ciudadanas.
En nuestro caso, ya hemos pasado un punto de inflexión en que el proyecto de Estado, apoyado en su constitución e instituciones, ha sido llanamente suplantado por un proyecto de Estado, apoyado en su constitución e instituciones, ha sido llanamente suplantado por un proyecto de explotación de corte neoliberal en servicio de intereses particulares.
Aunque hablamos de un proceso de degradación de la democracia que se dio paulatinamente, hubo –y ya hace cuatro años de esto– un momento en que se explicitó la intención última de la cúpula gubernamental de despojarse de toda carga atávica de igualdad, libertad o fraternidad; aunque, en el momento, esto pasó casi desapercibido en la opinión pública.
Se trata de la ilegal sesión legislativa convocada por el entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, el 20 de enero de 2014, justo antes de caducar su mandato en este poder del Estado. En el curso de esta sesión un grupo indeterminado de diputados aprobó, en total violación de la ley que rige sus facultades, más de 60 decretos sin seguir los procesos establecidos (dado el gran volumen de los decretos, queda claro que esto sucedió sin darle lectura, mucho menos ningún dictamen, a ninguno de ellos), conteniendo en su mayor parte contratos de concesión de explotación del territorio nacional por tiempos y sumas elevadísimas, gravando, de tajo, al pueblo hondureño con la obligación de erogar a estos concesionarios la escandalosa cifra de más de L. 300 mil millones en el transcurso de los próximos 50 años.
Y todo esto se había mantenido oculto a plena vista, hasta que, apenas el año pasado, un grupo de ciudadanos condujo su investigación de manera particular y luego llevó la debida denuncia a la MACCIH, el CNA y el Ministerio Público.
Ahora, en retrospectiva, nos queda claro a qué responde el accionar autoritario del gobierno, en los 8 años pasados, pero sobretodo en el último cuatrienio. Se trata de que Honduras ha resultado ser el objetivo del experimento neoliberal de expolio y privatización más ambicioso de nuestro siglo; que, para sostener dicho proyecto, se han dilapidado las funciones del Estado democrático y se les ha sustituido por un aparato controlador, del que la ley de ciberseguridad y el espionaje sistemático son un paso más hacia la conformación de su última expresión.
Ahora, más que nunca, ante el fracaso institucional que nos ha dejado expuestos a los mayores abusos en nuestro país, es imprescindible la acción ciudadana.
*Andrés PAVEL es un analista y artista hondureño. Ha publicado sus artículos de análisis y sus obras en varias revistas electrónicas.
