Por: Anarella Vélez
“Donde no hay justicia no puede haber paz segura.”
“La verdadera medida de la justicia de un sistema es la cantidad de protección a los más débiles.”
Aung San Suu Kyi
A partir de la realización de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre de 2017,
elecciones marcadas por el fraude –inclusive la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, tras el monitoreo electoral que realizaron en nuestro país, reconocieron las “irregularidades” de estos comicios– y la falta de credibilidad en los resultados oficiales, se ha puesto en práctica una política de estado represiva en contra de quienes han protestado ante lo que se considera un nuevo golpe de Estado, golpe asestado a la democracia y a la voluntad soberana del pueblo que eligió a Salvador Nasralla como Presidente. Es así que en Honduras casi un centenar de personas han sido encarceladas por sus diferencias con el gobierno, convirtiéndose en presos político o de conciencia.
Es pres@ polític@ o de conciencia toda persona que sea mantenida en una cárcel u otra dependencia del Estado, o que sea arrestada por sus ideas, las cuales son consideradas una amenaza para el sistema económico y político establecido y sin que haya cometido algún delito tipificado como tal en nuestras leyes.
De acuerdo con la Constitución de la República de Honduras, particularmente de acuerdo con los Artículos 1, 3 y 72 , toda persona tiene derecho a expresar sus ideas de desacuerdo con el régimen y aunque éstas coalicionen con el pensamiento y las acciones de quienes gobiernan este empobrecido país, debe respetarse su dignidad y su libertad.
Sin embargo, en la actualidad se encuentran procesados o privados de su libertad, por razones políticas o por razones de conciencia, más de ochenta ciudadanos: En Progreso 51 procesadas y 9 encarcelados, en Pimienta 11, en San Pedro Sula 12 y Edwin Ravelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez están arrestados en la Tolva. Es decir, a un total de ochenta y tres compatriotas se les han violado sus derechos constitucionales. Los defienden abogados públicos a una gran mayoría y algunos abogados privados.
En general, estas personas han sido detenidas arbitrariamente, muchos de ellos sin pasar por el procedimiento claramente establecido por nuestro sistema judicial, por el hecho de luchar por lograr una verdadera democracia en nuestro país y por demandar el respeto a nuestros derechos humanos.
Es necesario destacar que todos ellos realizaron actos de resistencia contra el fraude electoral y en contra de la reelección –pues nuestra Constitución prohíbe tácitamente la reelección presidencial– participando en diversos eventos de desobediencia civil y han declarado su vocación por luchar sin agresiones y pacíficamente.
En síntesis, entre noviembre de 2017 y lo que va del año 2018, en la República de Honduras han sido puestos tras las rejas más de una persona por día, de acuerdo con la información proporcionada por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.
La ciudadanía demócrata de este país asume estos atropellos como un ataque a los derechos de toda la nación y espera que se otorgue, sin dilación, la libertad a tod@s nuestr@s herman@s pres@s polític@s o de conciencia y que cese la persecución en contra de quiénes se manifiestan en oposición al régimen imperante.
