Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La publicación de la agencia internacional de noticias The Associeted Press (AP), donde vincula al actual Jefe Policial de Honduras con la entrega
de cocaína en el año 2013, generó incomodidad en la institución armada.
Este lunes el apoderado legal de la Secretaría de Seguridad, Rómulo Mejía Pineda, se presentó ante la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público (MP), para solicitar una diligencia pre judicial y del resultado de ésta, interponer una querella contra los periodistas Cristopher Sherman, Garance Burke y Martha Mendoza, responsables de la redacción de la nota.
Mejía Pineda se presentó como apoderado de José David Aguilar Morán, Orbin Alexis Galo Maldonado y Orlin Javier Cerrato. Los tres fueron nombrados el pasado 11 de enero como director general, Sub director e Inspector general de la Fuerza Pública, respectivamente.
El 25 de enero, The Associeted Press publicó una nota titulada “Informe secreto: jefe de la Policía hondureña ayudó a narco”, que difunde información supuestamente proporcionada por autoridades oficiales y vincula a José David Aguilar Morán, hoy director de la Policía, con el traslado de 1,700 libras de cocaína, “escoltado por policías corruptos” a la casa de Wilter Blanco, extraditado por los Estados Unidos.
“Están en toda la vialidad de poder investigar y presentar todas las pruebas que acrediten que nada tienen que ver en esa información falsa que han difundido los medios de comunicación”, justificó Jair Meza, portavoz de la Secretaría de Seguridad.
En un comunicado, dicha Secretaría de Estado detalló sobre una solicitud a la Fiscalía el nombrar un perito para realizar investigación al dispositivo celular del Director de Comunicaciones Estratégicas, “a fin de obtener del mismo la información concerniente a las llamadas telefónicas realizadas por el periodista Christopher Sherman, durante el mes de enero de 2018, en relación a un supuesto hecho delictivo cometido por funcionarios policiales en octubre de 2013 en la ciudad de Tela, Atlántida”.
De igual forma, solicitó el nombramiento de peritos informáticos “para obtener las URL de las páginas Web en las cuales se publicó los reportajes en los cuales se difama al actual director, Sub-director e Inspector General de la Policía Nacional”.
Sobre los delitos contra el honor, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre Honduras en 2016, mostró su preocupación por el aumento de acciones como difamación y calumnias relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión.
De acuerdo con la CIDH “estas figuras penales son utilizadas para criminalizar y castigar las expresiones críticas referidas a funcionarios públicos y sobre asuntos de interés público, lo que ha afectado de manera desproporcionada la labor de periodistas y defensores de derechos humanos”.
Durante la crisis post electoral, diferentes periodistas y medios de comunicación internacionales fueron objeto de acciones de intimidación a su labor periodística, entre ellas el no ingreso al país a dar cobertura a las acciones de violencia cometidas contra la ciudadanía que protesta contra el fraude electoral.
