Ciudad de México, (Tomado de The Associated Press).- Cuando José David Aguilar Morán asumió la semana pasada como nuevo jefe de la policía nacional de Honduras,

prometió continuar la depuración de su corporación, manchada en distintos momentos por casos de corrupción y complicidades con los carteles de las drogas.

Sin embargo, un informe confidencial del gobierno obtenido por The Associated Press dice que el propio Aguilar ayudó en 2013 al líder de un cartel de las drogas a concretar la entrega de un importante cargamento de cocaína.

El cargamento de 780 kilos (1700 libras) de cocaína estaba escondido en un camión cisterna que, según el informe, era escoltado por agentes corruptos hasta la casa de Wilter Blanco, un narcotraficante que recientemente fue condenado en Florida a 20 años de prisión.

Aguilar era en aquel momento el jefe de inteligencia de la Policía Nacional e intervino luego de que uno de los agentes que custodiaba el cargamento fue detenido por un policía de rango menor, señala el informe. El agente, detenido y esposado, llamó a Aguilar, quien dio la orden de liberar al agente y al camión, de acuerdo con el informe.

El valor de la cocaína en las calles de Estados Unidos habría sido de más de 20 millones de dólares.

El incidente plantea dudas en torno a la depuración de policías corruptos que según las autoridades de ese país han hecho y a la confiabilidad del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, considerado un aliado clave de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico.

Al jurar como nuevo jefe de la policía, la prensa local informó que Hernández dijo que Aguilar fue elegido por ser una persona de “la mayor confianza” y que dirigirá “una Policía Nacional que se convierta en referente en la región”.

“Estamos en un proceso de transformación de la Policía Nacional, con una enorme inversión de recursos financieros”, expresó el presidente.

Aguilar, de 54 años, prometió inculcar a sus agentes la noción de que deben “cumplir y hacer que se cumpla la ley”, según versiones de la prensa local.

Cuando se le preguntó por el incidente de 2013, el gobierno de Honduras envió a la AP un largo comunicado diciendo que el informe es falso y no constituye “una comunicación oficial de la Policía Nacional”. La AP no compartió el documento con el gobierno por cuestiones de seguridad, pero describió el contenido.

El gobierno también señaló en su comunicado que las denuncias contra la cúpula policial “carecen de veracidad” y que los medios de comunicación deberían verificar la información antes de lanzar “primicias falsas”.

Pero un ex miembro de la Policía Nacional al tanto de la investigación confirmó que se comprobó que altos oficiales encubrieron el incidente y que el agente esposado fue posteriormente dado de baja. Otros tres oficiales de alto rango de la policía (uno actual y dos ex oficiales) y los aparatos de seguridad de Honduras y un exfuncionario confirmaron partes del informe. Los cuatro hablaron a condición de no ser identificados por temor a sufrir represalias.

Además del informe, la AP confirmó la versión mediante comunicaciones internas y una ficha del archivo personal de Aguilar que resume su presunta participación.

Aguilar no respondió a pedidos de comentarios de la AP. En declaraciones públicas hechas el 15 de enero dijo que trabajaría para reforzar la cooperación entre la policía y los operadores de justicia y para asegurarse que los agentes a su mando se manejan de manera “respetuosa de los derechos humanos”.

La oficina del inspector general del Ministerio de Seguridad, que investiga posibles infracciones de la Policía Nacional, empezó su pesquisa a comienzos del 2014, en momentos en que Estados Unidos aumentaba los fondos para la lucha contra el narcotráfico en la región. El informe del inspector general dice que Aguilar y otros jefes no castigaron a ningún agente involucrado en el incidente ni le avisaron a los fiscales y otras autoridades estadounidenses.

El informe dice que Aguilar y otros oficiales de la policía no hicieron nada con el caso a pedido de Blanco y que jamás informaron del episodio al ministerio público ni a la embajada estadounidense, “todo con la finalidad que el caso prescribiera”.

Agentes y exagentes estadounidenses, además de un fiscal de Estados Unidos, revisaron la documentación obtenida por la AP y dijeron que parecía genuina.

Honduras ha sido un aliado de Estados Unidos por décadas. La Base Aérea Soto Cano, que tiene una ubicación estratégica cerca de la capital Tegucigalpa, centralizó los esfuerzos de Estados Unidos para combatir movimientos pro-comunistas en América Central en la década de 1980, y sigue siendo clave en las campañas regionales contra el narcotráfico. Allí están desplegados cerca de 600 soldados estadounidenses.

La ayuda de Estados Unidos a Honduras ha aumentado desde el 2014, cuando el gobierno de Barack Obama decidió que le convenía mejorar la seguridad y la gobernabilidad de América Central. Desde entonces, el Congreso ha asignado más de 300 millones de dólares a Honduras, de acuerdo con un informe reciente del Servicio de Investigaciones del Congreso.

Honduras, que tiene una población de nueve millones de personas, es una de las naciones más pobres y violentas de América Latina. Partes del país están controladas por grupos criminales. En la última década se han registrado abusos a los derechos humanos y la policía y los militares se manejan con impunidad. Hay quienes dicen que las reformas apoyadas por Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos no han funcionado. Y en semanas recientes, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a manifestantes que protestaban por el resultado de una elección que dio a Hernández un segundo mandato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la reelección de Hernández el mes pasado y certificó al país por considerar que había progresado en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción, lo cual abrió el camino para que Honduras reciba millones de dólares en ayuda. La comisión de asignaciones presupuestarias del Senado, no obstante, dejó en suspenso parte del dinero.

“Se puede ganar demasiado dinero con las drogas y es tan fácil hacerlo, especialmente si estás en la policía”, dijo este mes el senador estadounidense Patrick Leahy tras al nombramiento de Aguilar. “Se necesita saber más sobre él dada la historia de la policía hondureña y sus conexiones con el crimen organizado, antes de que pueda decir con confianza que tiene la integridad para encabezar esa institución”.

Aguilar, quien lleva 29 años con la policía, fue escalando posiciones poco a poco. Sirvió como jefe regional en la costa caribeña y en otras zonas, y lideró una fuerza nacional de seguridad. Fue director de Planeamiento de Procedimientos Operativos y encabezó un cuerpo policial que supervisaba la planificación y la “mejora continua” de la fuerza.

Este mes, Omar Rivera, miembro de la comisión del gobierno responsable de depurar a los policías corruptos, declaró al diario La Prensa que Aguilar era un candidato muy sólido por sus “méritos y su buen desempeño”. Pero una página del archivo personal de Aguilar, que fue conseguida por la AP, incluye un parte en la que se resume su participación en el incidente del 2013 y se habla de complicidad con el crimen organizado y los traficantes de drogas. No hay indicios de que se hayan tomado medidas frente a esos señalamientos.

El otro personaje clave en el informe del inspector general, Wilter Blanco, es un hombre que se involucró en el tráfico de drogas cuando era pescador, trasladando embarcaciones llenas de cocaína de una comunidad costera a otra, según los documentos del juicio que se le sigue en Estados Unidos.

El tráfico aumentó a medida que Blanco y su gente recogían cargamentos de cocaína procedentes de Colombia por mar y se hacían cargo de ellos antes de que fuesen despachados a Guatemala, México y, finalmente, Estados Unidos, de acuerdo con los fiscales estadounidenses. Cuando Blanco supo que estaba en la mira de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), trató de negociar su entrega mediante mensajes de texto desde su Blackberry, cuya foto de perfil era una avioneta con varios kilos de cocaína a su lado.

Blanco fue arrestado en el 2016 en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Se declaró culpable de conspirar para transportar 1.800 kilos (4000 libras) de cocaína de Colombia a Honduras durante un período de dos meses. En Honduras se informó que el arresto de Blanco había dado lugar a la investigación de decenas de policías y otros funcionarios políticos y judiciales, pero no salió a la luz ninguna versión de investigaciones sobre corrupción relacionadas con ese narcotraficante. Su abogado, Víctor Rocha, dijo a la AP que tuvo varias charlas con su cliente y nunca mencionó que la policía colaborase con el narcotráfico.

“Si el señor Blanco Ruiz es deportado a su país, bien podría ser asesinado al poco tiempo en represalia por lo que la prensa hondureña ha descrito errónea y negligentemente como su cooperación”, expresó Rocha en documentos judiciales.

Los lazos del narcotráfico con las fuerzas policiales y los círculos políticos están bien documentados.

La DEA anunció la semana pasada que el legislador hondureño Fredy Renán Nájera Montoya enfrenta acusaciones de narcotráfico en una corte federal de Nueva York y que Estados Unidos buscará su extradición. Las autoridades estadounidenses afirman que Nájera usó su influencia para garantizar el paso de cargamentos de cocaína de Colombia a Honduras y de ahí a Estados Unidos.

Altos oficiales de la policía hondureña han sido acusados de ordenar asesinatos, de traficar cocaína y encabezar bandas delictivas. Al menos seis exoficiales de la Policía Nacional enfrentan cargos criminales en una corte federal en Nueva York y la DEA asegura tiene abiertas investigaciones sobre casos de corrupción en la policía de Honduras.

El informe del inspector general detallando la investigación del camión cargado de cocaína explica cómo Blanco controlaba a la policía.

Fuentes de la jefatura policial en La Ceiba dijeron que antes y después del incidente del camión, el jefe de la policía regional José Rolando Paz Murillo recibió a Blanco y a otros oficiales en su oficina. En los encuentros, Blanco entregó miles de dólares en sobornos para asegurarse de que la policía permitiría el aterrizaje de aviones cargados con cocaína y que la droga sería transportada luego sin interferencias, de acuerdo con el informe.

Entre quienes asistieron a esos encuentros, dice el informe, figuraron Aguilar, así como el nuevo inspector general de la Policía Nacional, Orlin Javier Cerrato Cruz, y Orbin Alexis Galo Maldonado, designado por Aguilar como su segundo. En una breve conversación telefónica, Galo negó tener conocimiento de los hechos. No fue posible ubicar a Cerrato para solicitar su comentario.

Según el reporte, fue un jefe local de la policía turística, Grebil Cecilio Girón Miranda, quien interceptó el camión lleno de drogas, que iba escoltado por 11 agentes policiales en cuatro vehículos. Girón estaba de turno con otros dos oficiales cuando un informante de una banda rival lo llamó para ponerlo al tanto del camión con cocaína, indicaron los investigadores.

El informe dice que Girón y sus compañeros llevaron el camión a una comisaría y que, poco después, Paz, el jefe policial de la zona, llegó y amenazó a Girón y los otros agentes que participaron en la detención del camión, diciéndoles que se aseguraría de que serían despedidos. Girón apuntó su arma a Paz, hizo que se tirase al piso y lo esposó, según el informe. A medida que el jefe policial seguía lanzando amenazas, señala el informe, los agentes le permitieron hacer una llamada telefónica. Paz llamó a Aguilar y le pasó el teléfono a Girón. Según declaraciones de los agentes, Aguilar les dijo que liberasen inmediatamente a Paz y dejasen ir el camión con las drogas.

Obedecieron y el cargamento continuó su camino hasta la casa de Blanco, según el reporte.

El entonces jefe de la Policía Nacional ordenó una investigación, de acuerdo con el documento, pero fue postergada hasta la llegada de un nuevo inspector general a principios del 2014. Para cuando se presentó el informe a fines de febrero del 2014, ya había vencido el plazo de cuatro meses para que se tomasen medidas.

Todos los agentes mencionados en el informe contactados por la AP dijeron no saber nada sobre las denuncias. La Policía Nacional no puso a disposición a ninguno de los agentes para que comentasen el caso.

De acuerdo con el informe, Paz le dijo al oficial que hizo los arrestos que el director de la policía de entonces, Juan Carlos Bonilla Valladares, y otro alto jefe policial, Héctor Iván Mejía Velásquez, estaban al tanto de lo que sucedía con las drogas y que habían ordenado que dejasen que el camión continuase su camino. Bonilla dijo a la AP que los documentos eran falsos y Mejía afirmó que no sabía nada del caso.

Paz renunció a la policía después de su suspensión y otra asignación, según un exoficial de la Policía Nacional, y actualmente sirve como juez en Roatán. Paz no devolvió mensajes dejados en su juzgado.

Las revelaciones sobre la nueva conducción de la policía llegan en momentos en que una comisión especial dice que ha despedido a más de 4.000 miembros de la Policía Nacional por causas que van desde la corrupción hasta una reestructuración y jubilaciones voluntarias.

El exagente de la DEA Gary Hale revisó una copia del documento y consideró que parece genuino.

“A simple vista, parece auténtico”, expresó Hale, quien hoy es profesor de políticas de drogas y estudios de México en la Rice University.

La opositora María Luisa Borjas, que encabezó la división de asuntos internos de la Policía Nacional durante una larga carrera en esa fuerza, dijo que había visto el informe del inspector general y que podía confirmar su autenticidad.

“El trabajo que hizo la comisión de depuración de la policía fue un trabajo nulo totalmente, un fracaso”, afirmó. “Parece que era una protección especial para personas que sí se han visto vinculados con el narcotráfico”. 
 

Redactores: Cristopher Sherman, Martha Mendoza Y Garance Burke