Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), denunció este miércoles “un pacto de impunidad”, luego de la aprobación de una reforma a
la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos, en el desarrollo de la última sesión legislativa el pasado 18 de enero.
En conferencia de prensa en horas de la mañana, el jefe de la Misión, Juan Jiménez Mayor, leyó un comunicado oficial, el cual dice que, la reforma a la Ley General de Presupuesto “pretende frenar aquellas investigaciones presentes y futuras de aquellos altos funcionarios que se han apropiado de fondos públicos”.
La reforma, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” número 34,546 establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a ayudas sociales, incluyendo fondos gestionados por servidores públicos, diputados y Organizaciones no Gubernamentales (ONG). Esto se extiende retroactivamente en los últimos periodos (2006-2010/ 2010-2014 y 2014-2018) pero ahora bajo la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por un periodo de tres años.
Durante el periodo de la auditoría del TSC, “no se procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, ya sea administrativa, civil y penal”, expresa el comunicado.
Jiménez Mayor expuso que el Tribunal Superior de Cuentas “no rinde con las condiciones de independencia para garantizar investigaciones independientes e imparciales”.
Esta reforma imposibilita la labor de la recién creada Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), que inició una serie de investigaciones, entre las que destaca el caso conocido como “Red de Diputados”, que actualmente cuenta con un proceso penal contra los exdiputados Augusto Cruz Asencio, Héctor Padilla, Eleazar Juárez, Dennys Sánchez y Audelia Rodríguez.
En el comunicado la MACCIH detalló que el caso de “RED de DIPUTADOS” no sólo abarca a los cinco procesados, sino que a más de 60 diputados y exdiputados “incluyendo el propio presidente del Congreso Nacional (Mauricio Oliva)” -que ha sido reelecto en su cargo para este nuevo e ilegal periodo de gobierno-, así como representantes de 30 ONG.
“El traslado de fondos públicos de las ONG (organizaciones No Gubernamentales) hacia diputados y viceversa ha sido una manera operativa de desviar fondos para que vayan a parar a ellos”, dijo el jefe de la MACCIH.
“Han contratado una firma para investigarme”
En las declaraciones hechas por Juan Jiménez Mayor, denunció que existen ya críticas y campañas contra la MACCIH. Sostuvo que están listos por si llegan a declararles personas “non gratas” en el país.
Añadió que tiene conocimiento de una contratación de una firma internacional, la que supuestamente se ha contratado una firma para iniciar una investigación en Honduras y en Perú (de donde es originario) para saber sus antecedentes personales, profesionales y políticos.
“yo estoy listo, yo vine con mi maleta y tengo mi maleta lista si fuese el caso, pero yo he venido aquí a ayudar al país”, aseveró Jiménez.
Oficialismo “herido”
Las reacciones de la bancada del oficialista Partido Nacional -al que pertenece Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva- no se hicieron esperar, sobre todo, luego que Jiménez Mayor implicara al titular del legislativo y militante del nacionalismo entre los más de 60 congresistas sometidos a investigación.
El diputado y ex presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Francisco Rivera, lamentó que la MACCIH esté “tirándole camionadas de tierra al congreso cuando les aprobamos lo que ellos quieren”.
Mientras que Antonio Rivera, también diputado oficialista acusó a la Misión de “pretender desestabilizar la institucionalidad del país. No sólo contra el Congreso y sus diputados, sino que, contra el Poder judicial, amenazan a una magistrada sobre como emitir un fallo, algo que no había visto en mi vida”.
A través de comunicados, tanto el Congreso Nacional y el Poder Judicial se pronunciaron contra las declaraciones hechas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en la mañana de hoy. El Poder Legislativo catalogó de “aseveraciones malintencionadas” y le exige “respeto a las instituciones del Estado”.
Por su parte, el pleno de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin mencionar nombres en específico “condena cualquier tipo de presión o insinuación provenientes de personas… o grupos nacionales e internacionales”.
La reforma fue aprobada a la espera de su reversión como lo estableció la MACCIH o, de lo contrario, las maletas están listas para la partida de quienes integran la Misión. Al cierre de esta nota, se conoció de una declaración de un diputado nacionalista, en la que invita a la MACCIH a “conocer a fondo” dicha reforma.
Foto: Diario LA TRIBUNA.
