Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de diez organizaciones internacionales expresaron su preocupación este miércoles, ante el incremento de violencia al ejercicio de la protesta social posterior al proceso
electoral en el país. Y llaman a las autoridades hondureñas a investigar violaciones a derechos humanos ocurridas en los últimos días.
Entre las acciones violentas, figuran Asesinatos, amenazas, procesos de criminalización, violaciones al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, entre otras formas de agresión, que sufre la ciudadanía en protesta así como defensores y defensoras de los derechos humanos, expusieron las organizaciones internacionales.
Las organizaciones hicieron hincapié en el decreto PCM 084-2017, aprobado en consejo de ministros el 01 de diciembre y que restringe la libre circulación, así como la labor de periodistas y comunicadores sociales, al instaurar un toque de queda por 10 días, en los que no se permite circular a partir de las ocho de la noche (08:00 P.M.) hasta las cinco de la mañana (05:00 A.M.).
Por este decreto lesivo a la garantía de derechos humanos en el país, organizaciones nacionales, aglutinadas en la Mesa Nacional de derechos Humanos, presentaron una denuncia ayer martes contra los secretarios y secretarias de Estado y el Designado Presidencial, Ricardo Álvarez.
“Esta situación agrava el contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos contra defensores, defensoras, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos en el país, mismo que ha sido objeto de numerosas recomendaciones y denuncias por parte de la comunidad internacional”, expresaron las organizaciones.
Además puntualizaron la actitud del Estado hondureño, quien responde nuevamente con “violencia y criminalización de la protesta”, acompañados de un decreto que suspende las garantías constitucionales, en un proceso electoral que no termina, ya que la contabilización de votos que maneja el Tribunal Supremo Electoral (TSE) maneja un conteo lento y con inclinación hacia el Presidente y candidato ilegal por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.
Las organizaciones hicieron tres demandas a las autoridades hondureñas y son:
Suspender de manera inmediata el estado de excepción declarado el 1 de diciembre de 2017 y garantizar el derecho a la protesta social y la libertad de expresión en Honduras.
Investigar toda violación a derechos humanos cometida en contra de manifestantes, organizaciones y comunidades en el marco de las protestas por la situación electoral.
Atender la demanda social de respeto a la voluntad popular expresada en las urnas, lo cual implica, entre otras cosas, respaldar los llamados de las organizaciones y movimientos sociales que se están manifestando y atender las recomendaciones hechas públicas el 3 de diciembre por la Misión de la OEA y de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea el 4 de diciembre que apelan al recuento de votos y la revisión de actas bajo condiciones de transparencia. Así mismo resolver conforme a derecho cualquier impugnación o denuncia de irregularidad durante el proceso electoral, antes de que el TSE emita un pronunciamiento oficial sobre el resultado final de la elección.
Las organizaciones y redes que respaldan su preocupación por Honduras son: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Diakonia, Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), Colectivo ANSUR, Entrepueblos, Front Line Defenders, Fondo de Acción Urgente, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Global Witness, JASS (Asociadas por lo Justo), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Plataforma Internacional contra la Impunidad.
