Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tal como ocurrió en el juicio contra los tres universitarios condenados por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pasado 07 de
junio, guardias de la Empresa de Seguridad Privada del Aguán (ESPA), son los principales testigos que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Pretenden condenar a estudiantes.
Los guardias la empresa ESPA, fueron presentados como testigos protegidos en la Audiencia Inicial contra los 20 estudiantes judicializados por protestar en la máxima casa de estudios, por el fiscal del Ministerio Público (MP), el pasado jueves .
Abogados de la defensa denunciaron que los “testigos protegidos” presentados por parte del MP, los abogados de la UNAH y aceptados por el Juez de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa Armando Ramón Valdez Cardona, son personas que tienen un claro conflicto de interés de perjudicar a los estudiantes.
Existe el antecedente, previo al asesinato del dirigente sindical y docente del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico (CURLP), uno de los guardias de la empresa ESPA José Antonio Bustillo Gonzáles se atrevió a decir la verdad sobre el atentado que fue víctima el educador y al día siguiente fue despedido de su puesto de trabajo.
Según los expertos, “la utilización de testigos que forman parte del conflicto y que han estado involucrados en agresiones contra los mismos estudiantes” es una desnaturalización de la figura del testigo protegido por parte del MP.
De acuerdo con el Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Alexander Tábora los guardias de la universidad son “personas que tienen un claro conflicto de intereses, ya que los manda la jerarquía y no ir a declarar significa que pueden perder su contrato de trabajo”. Una situación similar podría ocurrir si declaran a favor de los estudiantes criminalizados.
El artículo 237 del Código Procesal Penal, para tomar la determinación de nombrar testigo protegido es “cuando existe peligro grave para la persona o sus bienes, como consecuencia de su intervención en el proceso”, situación que no aplica de ninguna manera porque se trata de estudiantes universitarios que reclaman el derecho a la participación política de manera pacífica.
Para algunos expertos existe una utilización indebida de la figura de testigo protegido, que va a tono con la criminalización que son víctimas los estudiantes universitarios, porque al ser aceptados por el juez, supone que los estudiantes podrían atentar en contra de ellos, cuando ha sido totalmente lo contrario, los guardias de seguridad han disparado sus armas de fuego en contra de los educandos.
Los defensores mostraron su preocupación porqué eso implica que el grupo de personas o que las personas que están acusadas tienen la condición de peligrosas según la valoración del fiscal y del juez que conoce la causa.
Durante la realización del juicio de los tres estudiantes condenados por el supuesto delito de usurpación, Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, el principal testigo de la Universidad fue el jefe de la seguridad mixta de la UNAH (Interna y privada), lo que constituye un antecedente peligroso para los derechos de los estudiantes.
Aunque se han presentado denuncias por graves actuaciones de guardias de seguridad en las instalaciones de la UNAH, como la presentada en junio de 2016 para que el MP investigara los disparos en contra de la humanidad de los estudiantes y hasta la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades.
De acuerdo con información extraoficial existen al menos 83 denuncias contra autoridades de la Universidad Nacional Autónoma las que permanecen engavetadas por autoridades del Ministerio Público.
