Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Este martes el Congreso Nacional (CN) tiene la oportunidad de legislar a favor de los derechos de las mujeres en Honduras o seguir un patrón desde los grupos religiosos

y demás grupos fundamentalistas, en la discusión de un nuevo Código Penal, de acuerdo a defensoras nacionales e internacionales de derechos humanos.

Para María Elena Méndez, ex catedrática universitaria y lideresa feminista del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), esta discusión en el parlamento hondureño debe pasar por un conocimiento amplio de convenios internacionales y leyes nacionales que promueven y protegen los derechos humanos de las mujeres.

“Si no se aprueba la despenalización del aborto bajo las tres causales, es una violación a los derechos humanos de nosotras, porque éstos no se deben a una iglesia, tienen que ver con la ciudadanía y el Estado tiene el deber de protegerlos”, afirmó Méndez.

Pero las demandas de las organizaciones de mujeres y feministas en el país, enfrentan un discurso estigmatizante por parte de sectores involucrados en las estructuras de las iglesias (Católica y Evangélica), y representantes de organizaciones de sociedad civil con un pasado oscuro en el golpe de Estado de junio de 2009.

En ese sentido, para María Elena Méndez, una de las fundadoras del CEM-H, la clase política del país es oportunista, y previo a las elecciones generales a desarrollarse en el mes de noviembre hace un cálculo en donde dejan ver a la sociedad que “si (los diputados y diputadas) respaldamos el aborto, un sector de la población no votará por nosotros”.

Además, sobre la imposición de una cultura patriarcal, dado que la mayoría de quienes componen el parlamento son hombres, y prevalece un discurso religioso-moralista, mas no un debate científico sobre el tema de la despenalización del aborto, dijo la defensora.

“Esto nos demuestra que la mayoría de la clase política está aliada con los grupos conservadores”, puntualizó.

Cuestionó el hecho de la existencia de un lenguaje colonialista de parte del equipo de consultores internacionales (Francisco Javier Álvarez y Esther Hava García) que asesoran la propuesta del nuevo Código Penal, ya que, a su criterio, estos les manifestaron que “únicamente tomarían las observaciones que ellos consideraran viables técnicamente”.

El asesoramiento que tienen para la discusión de este Código Penal, presenta un lenguaje colonialista, porque nos manifestaron que incorporarían las observaciones que ellos consideraran técnicamente viables y lo técnico es viable político porque esto depende de quien las elabora y quien las aprueba.

“Estamos en un momento en el que vienen los colonizadores a decirnos a los conquistados cuáles son las normas y pactos los que deben regirnos como sociedad y siguen invisibilizándonos como mujeres, nunca hemos estado en su discurso”, sentenció la ex catedrática universitaria.

Penalización debe ser modificada “sin demoras”

“Al penalizar el aborto, el Código Penal de Honduras es incompatible con los derechos humanos y debe ser modificado sin demoras”, dijo hoy la Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.

Para Guevara- Rosas la prevención de que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos pone tanto su salud y por ende sus vidas en peligro.

La prohibición del aborto sin excepción (aun cuando la vida del niño o niña y de la madre se encuentre en riesgo) en el continente se estipula en siete países como ser: Chile, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua. Sin embargo, los Congresos de Chile, El Salvador y República Dominicana actualmente debaten posibles cambios a su legislación para permitir acceso a abortos seguros en algunas circunstancias.

De acuerdo a informaciones obtenidas por Conexihon.hn, los diputados y diputadas del Congreso Nacional, estaría discutiendo mañana al mediodía el tema de la despenalización del aborto. Sin embargo, previo a esta decisión, sectores ligados al discurso religioso y miembros afines al partido oficialista han agredido verbal y físicamente a quienes han expresado públicamente su respaldo a la garantía de abortar en al menos tres causales:

1. Una violación del derecho a la vida, la salud y la dignidad de las mujeres.

2. Un acto de legalización de la injusticia social al condenar a las mujeres de menos recursos a arriesgar su vida y su integridad cuando tienen que practicarse un aborto en condiciones inseguras y peligrosas.

3. Una grave violación del deber estatal de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres.

En Honduras, el aborto es penalizado hasta con diez años de prisión según el artículo 126 del actual Código Penal.