Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Por medio de una acción presentada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Coalición contra la Impunidad solicitó admitir la acción
de inconstitucionalidad contra los decretos que autorizan la construcción del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
“En ese sentido, abiertamente peticionamos que sea admitida la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el COPINH y sea declarada con lugar para que tenga plena vigencia los principios de imparcialidad e independencia que deben regir a la judicatura”, puntualizó la Coalición en la petición hecha ante la Sala de lo Constitucional.
La Coalición hace referencia al Recurso de Inconstitucionalidad presentado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ante dicha Sala en contra de los dos decretos legislativos, a través de los cuáles se aprobaron y adquirieron carácter de Ley los contratos para el aprovechamiento de aguas nacionales para la generación, transmisión y comercialización de energía electrónica.
Los decretos a los que hace referencia la acción de inconstitucionalidad son el 67-2011 y 68-2011, que autorizan la puesta en marcha de la hidroeléctrica Agua Zarca, sobre el Río Gualcarque, ubicado entre los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá y considerado como sagrado para el pueblo lenca.
Un clamor de justicia que aún no llega
El actuar de la justicia hondureña es vigilado a nivel mundial luego de una serie de actos de violencia contra los pueblos indígenas, dijo el abogado Rodil Vásquez en representación de la Coalición contra la Impunidad.
Añadió que, las acciones penales contra funcionarios, en referencia a los autos de formal procesamiento contra un ex alcalde y dos empleados de la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA), que autorizaron las licencias para echar a andar el proyecto “Agua Zarca”, es una muestra concreta para que se decrete nulo estos actos y que se suspenda el proyecto.
“Pedimos la cancelación por la violación del Convenio 169 (de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre los pueblos Indígenas y Tribales); además por el clima de violencia que ha desencadenado con amenazas contantes y le han robado la tranquilidad al pueblo lenca”, afirmó Vásquez.
Recordó que producto de este panorama de violencia han sido asesinados líderes de la comunidad de Rio Blanco, donde se instala el proyecto “Agua Zarca”, como Tomás García en 2014 y el de la coordinadora general del COPINH, Berta Cáceres, en marzo de 2016.
“Es de conocimiento general a nivel nacional e internacional que, el Proyecto Hidroeléctrico ´Agua Zarca’ (PHAZ), es un foco generador de conflicto social que ha provocado severas alteraciones en la convivencia de los pueblos donde tiene presencia el proyecto”, agregó el documento presentado por la Coalición contra la Impunidad.
La Relatora Especial de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su informe de julio del 2016, luego de su primer visita a Honduras, señaló las sistemáticas violaciones que son sometidas las poblaciones indígenas en Honduras en el numeral 47 expresa que “uno de esos proyectos fue la represa Agua Zarca en la región Río Blanco (Intibucá), que generó una situación altamente conflictiva que resultó en amenazas, hostigamiento, criminalización y muertes de dirigentes indígenas lencas opuestos al proyecto”.
