San José, Costa Rica (Conexihon).- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) apoyamos el trabajo de la organización internacional Global Witness y condenamos la persecución y la

campaña de desacreditación por parte del Gobierno hondureño, a la que está siendo sometida desde que publicara el pasado martes el informe “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta”. En este reporte, Global Witness denuncia los más de 120 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente que han ocurrido en el país desde 2010, señalando como responsables, tras dos años de investigación, a “las élites ricas y poderosas del país, entre ellas algunos miembros de la clase política”.

Además, el día de ayer, Billy Kyte, delegado de la ONG internacional Global Witness, tuvo que ser asistido por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Silvia Lavagnoli, de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La representante de Naciones Unidas tuvo que escoltarlo tras comparecer en el programa de televisión Frente a Frente, para evitar posibles agresiones de la gente que lo esperaba fuera de la Corporación Televicentro. Ayer mismo, algunos funcionarios del Gobierno hicieron un llamado para que el Ministerio Público detuviera al señor Kyte por el contenido del citado informe.

La campaña de desprestigio incluyó ataques a integrantes de otras organizaciones como COPINH, CEPRODEH Y MILPAH, a quienes funcionarios públicos acusan de dañar la imagen del país.

Este tipo de hechos son preocupantes al aumentar el riesgo de las defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras, al estigmatizar su trabajo. El Estado de Honduras debe reconocer el rol que juegan estas personas en la democracia y abstenerse de hacer comentarios estigmatizantes. Ante la contundencia del informe lo procedente es investigar de forma inmediata los hechos que se denuncian y no criminalizar a las personas que hacen dichas denuncias.

“La actitud del Gobierno es lamentable ya que sigue sin responsabilizarse por las muertes de los defensores y defensoras del medio ambiente que sufre el país año tras año y, lo que es peor, no hace nada para evitarlas”, afirma Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL. “Ayer fueron los once meses del asesinato de Berta Cáceres y, a casi un año de tan terrible asesinato, aún la familia no ha podido acceder a la investigación, ni se sabe quiénes están detrás de su muerte. Este informe demuestra nuevamente que la impunidad es la regla”.