Tegucigalpa (Conexihon).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), aseguró a través de un comunicado de prensa que las reformas al Código Penal en materia de seguridad, impulsadas desde
el Poder Ejecutivo “representan un retroceso en materia de derechos humanos”.
CEJIL alertó que este tipo de cambios en la normativa penal hondureña podrían derivar en prácticas autoritarias en este país.
En el comunicado se amplió la preocupación por las reformas orientadas al delito de terrorismo. CEJIL consideró que permitiría aplicar este tipo penal a actos que el Estado considere como “alteraciones graves a la paz pública o que atemoricen o intimiden a la población”. Especialmente a quienes realicen manifestaciones públicas, las que pueden ser consideradas como un acto de violencia y sus participantes podrían ser detenidos y enjuiciados, pudiendo purgar una condena entre 40 y 50 años de prisión.
“Si bien es legítimo el objetivo de limitar la acción de las maras, de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia no es recomendable aplicar el tipo penal de terrorismo a actos que no lo son”, apuntó la organización.
Sobre el tema, El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en conferencia de prensa ofrecida el pasado lunes 23 de enero, nuevamente apostó por la aprobación de este paquete de reformas y utilizó como ejemplo para su aprobación, las protestas realizadas por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“ingresa un grupo de muchachos con una pañoleta para que no les miren el rostro y vienen con un tambo de gasolina y dicen si no se salen en los próximos tres minutos le vamos a meter fuego a este restaurante y le meten fuego, como ha ocurrido. Yo le pregunto Lesman –un periodista radial que cubre la fuente de Casa de Gobierno- si usted estuviera con su familia allí o yo estuviera con la mía es un acto e terror o no es un acto de terror”, expuso Hernández.
Otra de las propuestas que generan inconformidad en la organización que ejecuta litigio a nivel internacional, es la causal de inculpabilidad; la que absuelve de culpabilidad a cualquier miembro policial y militar que en el cumplimiento de sus funciones causen lesiones o muerte a una persona.
En ese sentido, CEJIL puntualizó en el comunicado que esta disposición es contraria a los estándares internacionales a los que Honduras se ha adherido y que reducen el uso de la fuerza a circunstancias específicas previstas por la ley.
La organización humanitaria instó a la conformación de un diálogo nacional que abarque a distintos actores y que dispongan de información y tiempo suficiente de la información para proponer los cambios normativos necesarios, a la par de esto la suspensión que se realiza en este momento de la discusión y posible aprobación de estas reformas.
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