Tegucigalpa (Conexihon).- Ante los asesinatos ocurridos en 2016 contra líderes y lideresas sociales, que gozaban de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH),
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD) exhortó al Estado de Honduras a garantizar “la protección efectiva” de las mismas.
En un comunicado emitido en las últimas horas, La OACNUD, por medio de su Representante Residente en el país, María Soledad Pazo, hizo un llamado al Estado para que corrijan e investiguen lo que consideró como “una falta de coordinación” y que pone en riesgo la vida de quienes gozan de medidas cautelares del organismo interamericano.
“Exhorto al Estado a garantizar la protección efectiva de las personas beneficiarias de medidas cautelares”, sostuvo Pazo.
En la misma línea, esta Oficina de la ONU condenó el asesinato de Julio Cesar Alemán el sábado anterior en la ciudad de la Ceiba, en el departamento de Atlántida. Cabe señalar que el pasado 30 de octubre fue asesinado su hijo Fernando Alemán Banegas, cuya madre es la lideresa social Esly Banegas.
Julio Cesar Alemán era beneficiario de medidas Cautelares de la Comisión Interamericana desde el 06 de diciembre del año recién pasado, publicó la OACNUD en su comunicado.
“Considerando que muchas personas defensoras de derechos humanos en Honduras, gozan del mismo tipo de medidas, para la oficina es alarmante que estén ocurriendo fallas en las instituciones encargadas de velar por sus vidas e integridad”, puntualizó el comunicado.
El 2016 dejó registrado el asesinato al menos beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH. Iniciando con Berta Cáceres en el mes de marzo, Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Y en noviembre fueron asesinados José Angel Flores y Silmer Dionisio George, quienes integraban el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). En el caso de Flores era el Presidente la organización.
Esto suma a un listado de 13 personas que van desde líderes sindicales, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en la última década, elaborado por la Asociación para una ciudadanía Participativa (ACI-Participa).
