Tegucigalpa (Conexihon).- Existe la necesidad de armonizar la legislación hondureña para que esta vaya de acorde con los principios que rigen el derecho al acceso a la información pública. Así lo expresó este
lunes 28 de noviembre el Vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor.
Jiménez Mayor expuso este y otros puntos durante su participación en el foro “Avances y retrocesos en el derecho a la Información Pública en Honduras”, organizado por el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE) y con el patrocinio de la Oficina de la Agencia Sueca DIAKONIA.
Agregó que en el contexto de país, los funcionarios públicos piensan “que no se deben rendir cuentas a los ciudadanos, sin embargo esto es fundamental, es parte de la democracia”.
Desde la MACCIH, el ex Ministro de Justicia en su país comentó que toda la misión se encuentra contenta que las cosas se estén moviendo en el país en este tema.
“Al llegar la misión hace siete meses, este era un tema común en las conversaciones sostenidas con los diversos sectores de la sociedad hondureña, pero vemos un avance en el mismo”, expuso el profesional del derecho.
Sobre la Ley de Secretos: Es un escollo que hace mucho ruido
La misión ha planteado la necesidad de armonizar la legislación hondureña en materia de acceso a la información pública en función de los estándares internacionales, dado la aprobación en 2014 y puesta en función de otras normativas que contravienen este derecho, como la Ley de Desclasificación de Documentos Públicos.
“De repente surge este escollo que genera mucho ruido y por supuesto vulnera derechos fundamentales”, sostuvo Juan Jiménez.
En anteriores intervenciones ante la prensa, LA MACCIH se ha pronunciado a favor de que se revise y se modifique dicha ley.
A modo general planteó “La armonización” de la legislación nacional en materia de acceso a la información ya que a misma, incluyendo la actual Ley de Acceso a la Información Pública (LTAIP) en su artículo 17 habla sobre “disposiciones problemáticas”.
El artículo de la Ley en mención habla sobre la clasificación de “Reservada” hasta por 10 años en temas que afecte la gobernabilidad del país “ vaya uno a saber que puede ser clasificado bajo ese concepto para un funcionario que no tenga estos principios bien puestos”, sentenció el Vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción en el país.
