Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Congreso Nacional cometió un “fraude legislativo” al incumplir con los requisitos para aprobar la denominada “Ley de Secretos” por lo que el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), presento este miércoles 24 de julio un recurso de Inconstitucionalidad por forma.
A cinco años de entrada en vigencia la normativa que declara secretividad en las actuaciones estatales hasta por 25 años, C-Libre denuncia que el Poder Legislativo no solicitó un dictamen del Poder Judicial y fue discutido en un sólo debate sin acreditar urgencia calificada, lo que debe ser considerado una inconstitucionalidad por forma.
Este recurso contra el decreto legislativo número 418-2013, que contiene la Ley para la Desclasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa, aprobado en el Congreso Nacional el 24 de enero de 2014 y publicado en el diario oficial “La Gaceta” número 33,373, con fecha 07 de marzo de 2014, se une a los esfuerzos de C-Libre para recobrar el derecho ciudadano a acceder a la información pública.
La acción se realiza gracias al apoyo solidario de la organización Abogados Sin Fronteras, junto a quienes también se han interpuesto recursos contra la “Ley de Inteligencia”.
Para C-Libre, la existencia de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional anula el derecho al acceso a la información y el derecho a la libre expresión, así como su ejercicio por parte del gremio periodístico y toda la ciudadanía del país.
El 13 de enero de 2014, el diputado Rodolfo Zelaya Portillo, presentó el proyecto de ley en sesión de Congreso Nacional. Posteriormente, no se nombró una Comisión de Dictamen, sino que fue la Comisión Especial de Seguridad que dictaminó como favorable la iniciativa del parlamentario del Partido Nacional. Seguidamente fue el entonces secretario de la junta directiva, Rigoberto Chang Castillo, quien solicitó la dispensa de los siguientes dos debates.
El artículo 219 de la Constitución de la República establece: “Siempre que un proyecto de ley, que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenida en los códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal”.
En su función de promover y defender el derecho a la libre expresión y el derecho a la información pública, C-Libre considera que ambos son limitados por la vigencia del decreto 418-2013, ya que, para el normal funcionamiento del Estado, éste debe propiciar en todo momento que la información bajo su tutela se rija por los principios de Transparencia y de Máxima Divulgación de la información.
El 16 de febrero de 2016, C-Libre también presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la “Ley de Secretos” por violentar los derechos constitucionales, mismo que está a la espera de su dictamen por la Sala de lo Constitucional.
Finalmente, C-Libre considera legitima la demanda para que se declare con lugar el recurso de inconstitucionalidad ya que en la aprobación del decreto 418-2013 se cometieron vicios de forma
