Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La reelección de Óscar Fernando Chinchilla como Fiscal General del Ministerio Público (MP), fue propuesta desde la Embajada de los Estados Unidos y secundada como orden superior, por el bipartidismo en el Congreso Nacional (CN).
Esta es la lectura que Joaquín Mejía, Abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-Sj), hizo luego que el viernes anterior, el Poder Legislativo rechazara la nómina de cinco aspirantes al cargo de Fiscal General y Fiscal Adjunto.
No fue una repartición del bipartidismo por sí sola, “Me parece fue distinta que la candidatura de Chinchilla es propuesta por la Embajada de los Estados Unidos, el Adjunto es de los liberales de la línea de Luís Zelaya y el premio de consuelo para el Partido Nacional fue la Procuraduría General de la República”, refirió Mejía, entrevistado por Conexihon.
El 29 de junio, en sesión del Congreso Nacional, Óscar Chinchilla fue reelecto como Fiscal General y Daniel Arturo Sibrián como Fiscal Adjunto. 24 horas antes, la propuesta de Hermes Mocada como Titular del MP y el propio Sibrián como Fiscal Adjunto no alcanzara la mayoría calificada (86 votos).
La reelección de Chinchilla y la incorporación de Sibrián fue respaldada por 88 votos (60 nacionalistas, 22 liberales, tres de Alianza patriótica y el único voto de la Democracia Cristiana).
La bancada de los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), e Innovación y Unidad (PINU) votaron en contra, sumados los votos de los diputados liberales Ricardo Elencoff y Ángel Darío Banegas. Para el abogado e investigador esta votación en contra“Era lo que debían hacer, porque deriva de un proceso viciado e inconstitucional”.
El beneplácito de la representación diplomática de “las barras y las estrellas” ya tiene antecedentes previos a la elección.
Para el caso, el Departamento de Justicia del gobierno norteamericano, por medio del Fiscal Kennett A. Blanco, alabó el trabajo de “sus aliados” en referencia a sus colegas Douglas Meléndez (El Salvador), Thelma Aldana (Guatemala) y Óscar Chinchilla (Honduras).
“Son aliados increíbles que han demostrado una y otra vez su compromiso al Estado de Derecho en sus países”, manifestó Blanco el 29 de septiembre de 2017 en la reunión ministerial sobre esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado transnacional.
Mediante una publicación en su cuenta de la red social twitter el 03 de julio (cuatro días después de la reelección de Chinchilla), la Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en el país, Chargé Heydé Fulton, conversó con el reelecto Fiscal, lo felicitó y habló de “reafirmar nuestro mutuo compromiso por el combate a la corrupción”.
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El pasado 25 de junio, la Junta Proponente presentó al Poder Legislativo las cinco personas nominadas para los altos cargos dentro del Ministerio Público (MP). Abraham Alvarenga (Participó siendo Procurador General y la Ley del MP se lo prohíbe), Hermes Moncada, Daniel Arturo Sibrián, Carlos Roberto Calix y Lidia Estela Cardona.
Esta nómina, a criterio del abogado e investigador del ERIC-sj, específicamente los que tienen afiliación nacionalista (Urbina, Cálix y Cardona) llevaban una línea bien clara, hacer a un lado al Luís Javier Santos, Coordinador de la Unidad Fiscalía Especial de Combate contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC) y reducir ésta a su mínima expresión.
La nómina no obedecía a “los tres sectores fuertes de los poderes fácticos, el de Juan Orlando Hernández, Mauricio Oliva y Elvin Santos”, ya que sus candidatos quedaron fuera por un listado enviado por la embajada estadounidense y que no fue público a través de los medios, expuso Mejía.
Quienes fueron sacados del proceso, según el investigador del ERIC-sj, de acuerdo con el listado de la embajada, tienen supuestos vínculos con el crimen organizado, narcotráfico y corrupción. Por ello a esta junta no le quedó de otra que enviar una lista de aquellos cercanos al poder.
Las líneas de la ilegalidad
La Constitución de la República, en su artículo 233 habla sobre el proceso de elección de los dos altos funcionarios del Ministerio Público “serán electos por el Congreso Nacional para un periodo de cinco años, con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes (2/3) de sus integrantes, de una nómina de cinco (5) candidatos seleccionados por una Junta Proponente, integrada en los términos que dispone la ley”.
La ley del Ministerio Público lo dice en su artículo 23, pero de ambas normativas legales, fueron tiradas al cesto del oscurantismo. Hicieron caso omiso quienes se decantaron por la reelección de Chinchilla como Fiscal general, acotó Joaquín Mejía.
“Por tanto lo que debía haber hecho el Congreso Nacional era la repetición de proceso para que la Junta volviera de desarrollar la evaluación y si Chinchilla entraba en los cinco propuestos, podía ser reelegido”, sostuvo.
Sin embargo, Chinchilla ya tiene un antecedente. Para el proceso de 2013, Óscar Chinchilla, quien venía de ser magistrado del Poder Judicial, fue electo aunque no pasó las pruebas psicométricas, recordó el experto en derechos humanos.
Un cambio en las reglas de ese proceso, en la que cuatro de siete miembros de aquella Junta proponente plantearon que los candidatos que habían sido descalificados, pudieran ser sometidos a las pruebas del polígrafo. Lo que originó que las representaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos y de Sociedad Civil. Igual decisión tomaron algunos y algunas aspirantes al cargo de Fiscal General y Adjunto en aquel momento.
Añadió que existen estándares internacionales que establecen que no es recomendable la reelección del Fiscal General, o si existiera una posibilidad jurídica, como en el artículo 25 de la Ley del Ministerio Público, generalmente esas personas realizan ciertas acciones que lo hacen quedar bien con el órgano que va a reelegirlo.
En el Informe de la Relatoría Especial de la Independencia de Magistrados y Abogados, presentado ante el Consejo de derechos Humanos el 07 de junio de 2012 habla sobre la duración del mandato del Fiscal General que tenga larga duración y fijada por ley.
“…habida cuenta de que la posibilidad de renovación del mandato entraña el riesgo de que haya órganos políticos que se comporten, o se perciba que se comportan, en el sentido de favorecer la renovación de un mandato”, establece el párrafo 65 del Informe presentado por la entonces Relatora sobre el tema Gabriela Knaul.
En tanto, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el pasado 30 de abril, planteó que la reelección no es recomendable “dado el controvertido desempeño en la función del actual Fiscal”. La CIJ apuntó que «es necesario e importante, investigar y definir si el Fiscal General actual, actuó con absoluta independencia y honestidad durante su gestión”
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¿En qué quedó la Junta Proponente?
Las acciones de la Junta Proponente, iniciaron y concluyeron bajo el mismo parámetro, “viciado y deslegitimado”, aseguró el profesional del derecho.
Acotó que en esta elección del Fiscal General y Adjunto fue el que registró menor participación de aspirantes para ambos cargos. Por otra parte deslegitimado de este proceso, fue precisamente la conformación de la Junta Proponente, específicamente la representación de sociedad civil.
Para 2013, un total de 52 aspirantes se presentaron al proceso de elección del Fiscal General. Mientras en 2018 hubo solamente 28 postulaciones.
Para el año 2013, el Congreso Nacional reformó el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, quedando plasmada en el Decreto Legislativo No. 158-2013 del 31 de julio del año dos mil trece. En la última línea del primer párrafo del artículo en mención se leía como representante de la sociedad civil “y un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia” .
Para Joaquín Mejía lo anterior es contrario al principio de igualdad. Por ello recordó que, en agosto de 2013, junto a la Coalición Contra la Impunidad presentó un Recurso de Inconstitucionalidad contra esa reforma, el que tres años después, en noviembre de 2016 la Sala de lo Constitucional resolvió que dicha reforma es inconstitucional.
La representación para conformar fue hecho en menos de cuatro días. Joaquín Mejía apuntó que en este periodo de tiempo, la Secretaría de Gobernación hizo la convocatoria, acreditó a las organizaciones y realizó la asamblea de la que salió como representante Melissa Elvir, abogada e integrante de la Fundación Democracia sin Fronteras”.
Sobre el papel de la representante de sociedad civil en la Junta, Mejía consideró como “una vergüenza y una lástima”.
Mejía mencionó un conflicto de intereses en la Junta Nominadora, ya que el titular de la Corte Suprema de Justicia, quien también preside la Junta Nominadora, evaluó a los candidatos y dentro de ellos se encuentra su asistente Hermes Moncada.
Por ello “Argueta debió retirarse de la Junta, pero nadie dijo nada, ni el resto de los integrantes, ni siquiera el CONADEH.
Por otra parte, es que no era posible que dos o tres decenas de investigados por el Congreso Nacional eran los que iban a elegir al Órgano que lo va a investigar, aun y cuando la ley es clara y dice que los diputados se abstienen de participar en debates en aquellos asuntos que exista conflicto de intereses.
En conclusión, para el abogado y defensor de derechos humanos el papel de la Junta “No sirvió de nada, sólo para gastar dinero y al final no sirve” ya que la nómina de cinco que presentó al Congreso Nacional no tuvo ninguna importancia a la hora de elegir al Fiscal General y Fiscal Adjunto.
Las deudas de Chinchilla
Una de las definiciones que ubican la gestión de Óscar Chinchilla en el Ministerio Público, según el abogado y defensor de los derechos humanos es el “desprecio absoluto por la dignidad de las víctimas”.
Recordó que Chinchilla debe una respuesta por la falta de investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el golpe de Estado de 2009. Tampoco existe “absolutamente nada concreto” sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad pública, específicamente por la Policía Militar de Orden Público (PMOP), en el marco de la crisis post electoral, que consumó la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández en la presidencia de la república.
A partir de esta deuda histórica, como lo define Mejía, se tuvo que evaluar la gestión de Chinchilla en estos cinco años como Fiscal General. “En un país serio se tendría que haber evaluado el perfil de Chinchilla su gestión o hubiera salido que no hizo nada en esta materia”.
También hay que leer entre líneas las declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Estado sobre que el gobierno hondureño tiene que avanzar en la investigación de los hechos y las violaciones cometidas en el marco de la crisis electoral.
El inicio del binomio Chinchilla-Sibrián o revertir un proceso viciado
Para el 01 de septiembre, una vez consumada la reelección del actual Fiscal General en el cargo, tiene que asumir una serie de condiciones impuestas por la embajada estadounidense y que Mejía las desglosa de la siguiente manera.
La primera es “que siga estirando la madeja (darle continuidad) al “caso pandora” que involucra a ex funcionarios públicos y diputados del Congreso Nacional, bajo la coordinación de la UFECIC. hacer algo concreto y directo en materia de derechos humanos.
En el caso de Sibrián, Mejía reconoció en él ser una persona “estudiosa y técnicamente capaz”. Pesa el hecho de ser “hombre de confianza” del actual Fiscal y forma parte de una facción conservador del Partido Liberal, pero que recibió el respaldo de Luís Zelaya.
El abogado Mejía describió dos escenarios. Que el Fiscal Chinchilla en un país serio debería suceder dos cosas: una, que admita públicamente que no puede aceptar el cargo al no formar parte de la nómina y por tanto es inconstitucional.
Y dos, aquellos profesionales del derecho “con dignidad”, las mismas personas que participaron en el proceso y cualquier sector de la ciudadanía, pueden presentar los recursos ante los Órganos correspondientes.
Es por ello que Mejía instó a la oposición ciudadana a encabezar acciones de protesta por el respeto de la legalidad en el país, y contrarrestar las “órdenes superiores” de la política injerencista de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, quien ya dejó dicho con lo ocurrido el 29 de junio, cuál es su método de colocar sus personas de confianza en los altos cargos del país.
