Ginebra, Suiza (Conexihon).- Este año es decisivo para la elección de un Fiscal General en Guatemala, Honduras y El Salvador. Por lo que, un Experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la independencia de magistrados y abogados pidió este martes a los tres países den triángulo norte de Centroamérica que garanticen un proceso “transparente y justo”.
Diego García Sayán, experto de la ONU sobre el tema, amplió que los nuevos fiscales a elegir en los tres países del área “deben tener un pasado limpio y un alto prestigio en su campo”, además de entender la importancia en temas como combate a la corrupción e independencia judicial, de acuerdo con una nota de prensa divulgada hoy.
«Los procesos de selección deben ser inclusivos, transparentes y seguir criterios estrictos, claros y objetivos para evaluar la integridad, idoneidad y competencias de los candidatos. Es crítico que estos procesos de selección se administren con transparencia», dijo García-Sayán.
García Sayán apuntó que las mujeres y los pueblos indígenas participen de forma plena en todo el proceso.
Añadió que, otros sectores como los medios de comunicación, órganos de vigilancia independientes y las organizaciones de la sociedad civil “desempeñen una función de supervisión y comunicación con el público sin temor a represalias”.
El experto recalcó que los elegidos además enfrentarán grandes desafíos, tales como las organizaciones criminales transnacionales que operan en el área, la corrupción y la impunidad que impide la seguridad y el desarrollo de estas naciones.
En Guatemala se espera que el presidente Jimmy Morales, designe a un nuevo fiscal en mayo de 2018; en Honduras, una junta de nominación debe preseleccionar los candidatos y la elección tendrá lugar en el último trimestre de este año; en El Salvador, la Asamblea Legislativa debe nombrar al Fiscal General entre noviembre de 2018 y enero de 2019.
Maniobra ilegal lidera junta que propone Fiscal en Honduras
El proceso de selección de un nuevo Fiscal General inició el 27 de enero con la instalación Juan Orlando Hernández como presidente ilegalmente reelecto, a la par, la ciudadanía denunciaba en las calles un fraude electoral que culminó con la imposición de Hernández y dar como perdedor del proceso electoral al candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos nacionales, más de 34 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas posteriores al proceso electoral.
La mayoría de las ejecuciones son responsabilidad de fuerzas militares específicamente de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Postura que comparte la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en un informe presentado el 12 de marzo.
Ese mismo lunes 12, la Secretaría de Justicia, Gobernación y Descentralización, circuló la convocatoria para realizar la asamblea de organizaciones de Sociedad Civil para la escogencia de un representante en la junta de proponentes para la elección del Fiscal General y General Adjunto, cargos que actualmente ocupan Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuéllar, respectivamente.
Sin embargo, dicha convocatoria para la asamblea, realizada cinco días después, especificaba que sólo participarían las organizaciones que “se encuentren al día con el registro de las Juntas Directivas y estados financieros en el sistema de la Unidad de Registro, Regulación y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC)”.
La Coalición contra la Impunidad, espacio que aglutina a más de 50 organizaciones de derechos humanos y sociedad civil, catalogó esta convocatoria como una “burda maniobra” para elegir representantes ante la Junta de Proponentes cercanos al oficialismo.
Igualmente la Coalición denunció que dicha convocatoria a la asamblea de organizaciones es violatoria a la sentencia de Inconstitucionalidad (SCO- 0623-2013), emitida el 23 de noviembre de 2016 en donde se declaró inconstitucional la reforma por adición al artículo 22 de la Ley del Ministerio Público (MP), en dónde disponía que “y un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y Justicia”, considerando la Sala de lo Constitucional como un acto excluyente y violatoria del principio de igualdad.
Por lo que, la Coalición puntualizó que “esta norma ya no existe, y no existe fundamento legal para la convocatoria realizada por el Ministerio de Gobernación, incurriendo el titular de esta Secretaría de Estado en responsabilidad administrativa y penal al extralimitarse en sus funciones”.
Actualmente, existen sectores que impulsan una reelección en el cargo del actual Fiscal General, Oscar Chinchilla, cuestionado por las organizaciones de sociedad civil de plegarse al oficialismo. Por otra parte, el mismo Chinchilla hizo pública su decisión de no aspirar a participar para un nuevo mandato.
Quienes conforman la Junta de Proponentes son: Rolando Argueta (Presidente de la Corte Suprema de Justicia), Roberto Herrera Cáceres (Comisionado Nacional de los Derechos Humanos), José María Díaz (Presidente del Colegio de Abogados de Honduras), Gustavo Lanza, en representación de las universidades privadas.
A la lista se suman, por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Ramón Martínez Rosa (Abogado General del Alma Mater) y Melissa Elvir (Fundación Democracia sin Fronteras), electa en la asamblea de organizaciones de sociedad civil, convocada desde el gobierno y Reina Auxiliadora Hércules, nominada por el pleno de magistrados y magistradas del Poder Judicial.
Esta Junta de Proponentes elegirá una lista que será enviada al Congreso Nacional (controlado por el Partido Nacional) y este designará al nuevo titular del Ministerio Público a finales de este año.
