Por Karen Janeth Duarte

Durante la fiebre bubónica o peste negra en el siglo XIV, la población europea consideró importantes los rituales para limpiarse del pecado que había provocado dicho castigo. La gente se autoflagelaba y hacían procesiones para invocar la protección divina. Durante la pandemia actual, el gobierno hondureño también consideró esta estrategia medieval y dispuso recursos del escaso dinero público para replicarla. En el mes de marzo y abril dos helicópteros sobrevolaron las ciudades del territorio hondureño. Primero con la imagen de la Virgen de Suyapa y el cardenal esparciendo agua bendita, y unas semanas más tarde reconocidos pastores evangélicos desde los cielos clamaron por misericordia y esperanza para la población.  

El ritual provocó esperanza ante el miedo por el COVID-19 entre las y los creyentes. Sin embargo, no lo suficiente para abstenerse del click-activismo en las redes sociales, demandando respeto y justificando la acción que alimenta su fe, ya sea católica o evangélica.

Con casi seis meses de confinamiento, probablemente éste ha sido el acto que ha generado más reacciones entre la diversa población hondureña. Es comprensible que la población se exalte e indigne cuando sienten que no hay respeto y tolerancia para su fe, y además se amenaza su derecho a la libertad de culto. Sin embargo, hay más derechos violentándose y con necesidad por defender.

El pasado mes de julio, desconocidos con uniformes de la policía secuestraron a cuatro líderes y defensores garífunas en la comunidad del Triunfo de la Cruz. Las autoridades gubernamentales siguen en silencio y sin respuestas sobre este caso, y de manera más general, sobre su evidente incapacidad para proteger las vidas de los diversos grupos étnicos que reclaman por el respeto de sus territorios y sus derechos colectivos.[1]  Tan lamentable suceso fue menos controversial que el gasto para brindar un poco de esperanza desde los cielos, a pesar de suceder unas semanas después del mundial y emblemático #blacklivesmatter. Aunque, a juzgar por las reacciones en las redes sociales, parece que importan más las vidas de las y los afrodescendientes en otros países que las que viven en Honduras. O quizás defender el derecho a la vida importa más en otras sociedades, mientras que en la nuestra con la libertad de culto basta.

Las violaciones a los derechos de la diversidad étnica son históricas. En enero asesinaron a un líder tolupán y en las últimas décadas han asesinado a 40 líderes[2]. Siguen en impunidad los asesinatos de líderes indígenas que tenían medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[3], entre estos dos líderes tolupanes y la ambientalista Berta Cáceres, quienes sufrieron amenazas por la defensa de los derechos indígenas, y por su patrimonio cultural y natural. Según las investigaciones, los responsables de dichos homicidios son actores de estructuras de poder que actúan al margen de la ley y están patrocinadas por las elites políticas y económicas, y por las fuerzas armadas[4].

A dichas violaciones se suman las medidas restrictivas del confinamiento que revelan las condiciones de precariedad histórica y vulnerabilidad de las poblaciones indígenas en Honduras, bajo la total inoperatividad, negligencia y perversión de las instancias gubernamentales. Las medidas que se han tomado durante el COVID-19 no incluyen la particularidad de la población étnica y, pueden ser un riesgo que evidencie la práctica del irrespeto a los derechos humanos. Según el Relator especial de la ONU[5],  se debe “asegurar que estos momentos excepcionales no exacerben o justifiquen la impunidad por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas”. La desaparición de los lideres garífunas es casi una profecía cumplida.

Ante estas violaciones y la necesidad de protección de los actos provocados por el abuso de poder y la corrupción gubernamental, ¿dónde está esa población defensora de la libertad de culto presta a demostrar su click-activismo para demandar el respeto, tolerancia y ejercicio de un Estado de Derecho donde se demuestre que todas las personas nacen en condiciones de igualdad ante la ley?   ¿dónde están esas voces llenas de fe y dispuestas a reclamar la tolerancia y respeto a los derechos individuales y colectivos? No sirve de mucho pelar por el derecho propio si se limita el colectivo.

Esas voces llenas de fe, pero en silencio ante las violaciones a los derechos humanos de otras personas no ayudan en la construcción de la justicia social, y menos de una nación con proyección de futuro. ¿Es posible que la demanda a la tolerancia o respeto solo nazca cuando las personas nos sentimos afectadas directamente, o peor aún, cuando la demanda por vivir sin violencia es virtual, lejana o parte de un #demoda que no demande ninguna acción en la vida terrenal?

Como dice el filósofo español Fernando Savater[6],  “ahora nos toca elegir entre la realidad virtual y una realidad presente, y esa realidad lejana nos hace ver la realidad presente como un espectáculo”. Es decir, ante el abuso y la violencia que cotidianamente ejercen las estructuras del Estado contra las manifestaciones públicas, las demandas por mejores condiciones de vida, el respeto a la diversidad y al patrimonio natural y cultural, no es casualidad que el resto de la población se conforme con ser espectadora.

¿Qué acciones nos unen como sociedad hondureña para luchar y manifestarnos en contra de las violaciones de derechos humanos? ¿Acaso son las que nos hacen feligreses o conciudadanos? La sensibilidad, solidaridad y empatía hacia las otras personas es la que genera un vínculo con el prójimo y da frutos basados en la fe.

Si somos ciudadanas y ciudadanos, los silencios no son congruentes como respuesta ante las violaciones y asesinatos de nuestros conciudadanos de las minorías étnicas. ¿Qué somos? Quizás es que no somos, o solo somos una población que ha perdido la capacidad, si alguna vez la tuvimos, de pensar en el otro o la otra que también somos.

La contante exposición a las violencias, y la impunidad que las caracteriza, parece habernos inmunizado ante ella.  Es preciso cortar de raíz con la tolerancia a las violencias por cualquier condición, es decir por diversidad étnica o sexual, y no solo por diversidad de la fe. Se construye ciudadanía que nos hará una nación en el respeto a la diversidad, no en la tolerancia hacia la violencia contra la diversidad.

 

[1] https://confidencialhn.com/global-witness-atribuye-secuestro-de-lideres-garifunas-en-honduras-a-fracaso-del-estado/

[2] https://es.mongabay.com/2020/04/honduras-defensa-bosque-tol/

[3] https://www.efe.com/efe/america/portada/la-onu-pide-a-honduras-una-investigacion-imparcial-del-asesinato-de-dos-indigenas/20000064-3910648

[4] https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/berta-caceres-libro-honduras/

[5] https://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/Callforinput_COVID19.aspx

[6] Savater, Fernando, Ética de Urgencia, Buenos Aires 2016, pág. 23,


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