Por: Carolina y Evelyn Torres 

Hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Honduras significa dialogar de la falta de los mismo, y que algunas mujeres logren acceder a ellos, en general está determinado por los recursos económicos que estas tengan.

Honduras es uno de los pocos países a nivel mundial en los que se prohíbe el aborto en cualquiera de sus formas, es decir que, si la vida de la mujer esta en riesgo o si el producto es resultado de una violación o si es un feto inviable, aun así, el Estado obliga a las mujeres y niñas a continuar con el embarazo.

Estas prohibiciones se dan dentro de un país con una alta tasa de embarazos de niñas y adolescentes, embarazos que no se pueden considerar como planificados debido a contextos de incesto y violencia. De acuerdo con el artículo “Las mujeres afectadas por la prohibición del aborto en Honduras se ven obligadas a decidir entre la vida y la muerte” para el año 2017, 820 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en Honduras, según datos de la Secretaría de Salud. Puesto que, conforme a la ley, 14 años es la edad mínima para el consentimiento sexual, muchas de estas niñas quedaron embarazadas como resultado de una violación.

A pesar, que por ley el Estado de Honduras es laico el debate del aborto en los espacios de legislación es satanizado y, es a través de representantes de las cupulas religiosas, que con argumentos no científicos se mantiene bloqueado el acceso a las mujeres a practicarse abortos seguros; estas prácticas legislativas también conllevan a la violación de otros derechos, por ejemplo, en el caso de los métodos anticonceptivos de emergencia, en el país es totalmente prohibida la venta, distribución y compra de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), debido a que el año 2009, la Secretaria de Salud ignorando lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, declaró que las PAE son pastillas abortivas y por lo tanto se prohíbe su uso y venta.

Las consecuencias de estas disposiciones tienen un alto impacto en la salud de las mujeres en Honduras, por un lado, el derecho de acceso de cualquier mujer a elegir y utilizar los anticonceptivos que considere convenientes para sí, por otro lado, también afecta directamente a víctimas de violación y el trabajo de organizaciones que atienden este tipo de violencias, ya que los protocolos internacionales sobre atención a víctimas de violencia sexual establecen la utilización de la Pastilla anticonceptiva de emergencia para atender a las víctimas, pero en Honduras ese acceso es prohibido por ley, por lo que no pueden cumplirse a cabalidad las medidas necesarias para la atención a una víctima de violencia sexual.

Estos dos ejemplos sobre cómo es la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Honduras son la representación de una muestra sobre el tema general, de los trece derechos sexuales y reproductivos reconocidos mundialmente, solo en estos dos ejemplos se violan: Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad; Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual; Derecho a decidir con quién o quiénes relacionarme afectiva, erótica y sexualmente; Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual; Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva; Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad; y Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Debido a la prohibición de estos derechos, las mujeres han buscado y construido formas alternativas para acceder a abortos clandestinos y pastillas anticonceptivas de emergencia; algunas farmacias, tiendas y personas venden los medicamentos a costos más elevados del precio real, en algunos casos esto se relacionan a los costos y riesgos que asumen los proveedores pero también se relaciona a las prácticas de estafa y lucro, ya que existen casos no relacionados al precio de los productos sino que hablamos de medicamentos alterados, representando consecuencias nefastas para las mujeres que se ven obligadas a utilizar estos medios que no las protegen y que al contrario ponen en riesgo su vida.

Los abortos clandestinos también significan un riesgo si hablamos de salud, riesgo que va en aumento a medida que se sobrepasan las 12 semanas porque los métodos son más difíciles y riesgosos, y no todas las mujeres pueden acceder a medicamento para practicarse abortos seguros, ya sea por cuestiones económicas o por ser víctimas de personas que manejan precios poco accesibles para la mayoría de población en un país con una alta tasa de pobreza, cabe mencionar que las mujeres se enfrentan a posibles estafas de personas que aprovechan la necesidad de acceder a estos derechos.

Aún con todo el contexto difícil de Honduras, existen alternativas organizadas de personas que tratan de garantizar la información y medios necesarios, a través de generar acceso por medio de costos más bajos de los medicamentos necesarios, brindando información sobre la salud sexual y reproductiva a través de redes sociales, líneas telefónicas, mosquitas informativas, foros científicos, festivales artísticos, entre otros.

Con la propagación global del Covid-19 los diferentes Estados a nivel mundial están aplicando medidas de seguridad sobre salud en sus diferentes países, esto significa que cada Estado puede alterar de forma momentánea los derechos de la población con la excusa de la pandemia mundial, y manteniendo las prácticas antiderechos el Estado hondureño dentro de las primeras “medidas sanitarias” estableció mediante decreto un Estado de Sitio y la suspensión de garantías constitucionales para toda la población. A través de la suspensión de estas garantías el Estado ha aprovechado para realizar hostigamiento a defensoras y defensores de Derechos Humanos (DDHH), ya que la mayoría de los artículos suspendidos garantizan el libre ejercicio de la defensoría colocando en situaciones de riesgo no solo a las personas que se dedican a defender y velar por el cumplimiento de los DDHH, sino también a la población en general que ya vive en un país en el que poco o nada se respetan los Derechos Humanos, en especial los derechos de las mujeres.

El ejercicio de alternativas como las líneas telefónicas de información sobre el aborto seguro con medicamentos se ven interrumpidas por el alto nivel de riesgo que supone la suspensión de garantías como los allanamientos a moradas, la libertad de emisión de pensamiento, la garantía de no poder ser arrestado por un máximo de 24 horas, entre otros; lo mismo sucede para establecimientos y personas que ofrecían medicamentos ya sea para abortos seguros o para anticonceptivos de emergencia, al ser acciones ilegales para garantizar derechos de las mujeres sus riesgos se aumentan y además con la suspensión de la libre circulación las entregas de productos se vuelven imposibles.

Si bien, la suspensión de garantías constitucionales, ya no se encuentra vigente sirvió para mantener un ambiente de miedo y para recrudecer la militarización de la sociedad. que si bien La militarización del país hondureño comenzó luego del Golpe de Estado, actualmente los militares son los que controlan totalmente las calles del país, con la bendición del poder ejecutivo, así que los registros a las personas son más continuos y exhaustivos por lo que los riesgos de trasladar medicamentos relacionados a la salud sexual y reproductiva se incrementaron de forma alarmante, provocando que las mujeres no tengan más acceso a dichos servicios.

Esta situación coloca a las iniciativas que las mujeres hondureñas han encontrado frente a la falta de derechos sexuales reproductivos, más lejos de ser alcanzadas, ya que no pueden comprar los medicamentos que necesitan, ya no solo por la situación de que las mujeres tengan el dinero necesario para acceder a estos, o que sepan dónde o con quienes encontrarlos, o poder llamar a una línea segura que les brinde la información de cómo utilizar los medicamentos en caso de poder obtenerlos, se trata de que dentro de una crisis general de salud se deja en mayor evidencia la vulnerabilidad de las mujeres hondureñas ante la negación del Estado a sus derechos sexuales y reproductivos.


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