Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de 24 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) estarían a punto de reintegrarse a sus clases habituales durante el próximo período académico tras declararse inconstitucional la aplicación de las sanciones administrativas por ejercer el legítimo derecho a la protesta.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad de votos que la resolución de expulsar a los estudiantes universitarios en aplicación del reglamento de la UNAH, es violatoria de los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, del debido proceso y derecho a la defensa en igualdad de condiciones.

La determinación obedece a la aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; los artículos 8,9,25 y 30 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y los artículos 63, 64, 82, 89, 90, 95, 303, 304, 313 el numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; así como los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63, 73, y demás aplicables de la Ley sobre Justicia Constitucional.

La acción penal de la sala surge tras el amparo interpuesto por las abogadas Kenia Oliva e Ivania Galeano a favor de Dayanara Elizabeth Castillo (sociología), Moisés David Cáceres Velásquez (Sociología), Cesario Alejandro Felix Padilla Figueroa (Periodismo), José Luis Herrera Somoza (Sociología), Sergio Luis Ulloa Rivera (Trabajo Social) y Javier Alfonso Saady Ávila Barahona (Sociología), los primeros de más de 30 estudiantes expulsados de la Universidad en medio de un proceso ilegal y violentando su derecho a la educación.

Resolución de la Sala de lo Constitucional.

En ese período aunque no había una resolución en firme, en enero cuando los estudiantes de Ciudad Universitaria pretendieron matricularse sus cuentas estaban bloqueadas. Eso obligó a las representantes legales a que interpusieran un Recurso de Amparo con suspensión del Acto Reclamado el cual fue resuelto favorablemente y con ello se permitió la matrícula. El dictamen final de expulsión por parte de rectoría se dio a conocer hasta el viernes 23 de enero del 2015, sin embargo, fue desde aproximadamente el 15 del mismo mes cuando se les bloquearon las cuentas personales, sin que ninguno de los 6 estudiantes pudieran tener acceso ni siquiera a ver su historial académico.

El recurso de amparo presentado resuelve parcialmente la situación la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de Amparo con suspensión del acto reclamado a favor de los seis estudiantes expulsados el 18 de diciembre de 2014 y permitió que fueran matriculados. El recurso fue notificado a la rectora universitaria el 12 de febrero, y los estudiantes fueron matriculados hasta el 13 del mismo mes después un día de espera a pesar que debía ser inmediata la matrícula. El tema de fondo no está resuelto

La resolución de la CSJ indica también que “si bien es cierto que la UNAH goza constitucionalmente de un amplio margen de desarrollo de su organización, atribuciones y funciones, tal como lo dice el artículo 160 constitucional, el mismo no debe interpretarse como una facultad que le permita sobrepasar los mandatos fijados en nuestra norma suprema y organizadora del Estado. El artículo 95 de la Constitución debe de tenerse como parámetro de validez de todos los estatutos de la UNHA, así como el resto de ese texto, por lo que dicha universidad debe tener como único parámetro constitucional y convencional para la aplicación de sanciones la reserva de la Ley (….)”.

De esa forma, cuando la UNAH impide el acceso al sistema de matrícula en línea de la página digital de la universidad por participar en una supuesta “toma” de la las instalaciones educativas en el marco de una serie de protestas estudiantiles en contra de las decisiones de las autoridades universitarias violenta el derecho a la educación y el principio de igualdad.

Este principio “permite el desarrollo integral de las personas y la realización de sus demás derechos, guarda también conexión directa con la dignidad humana y resulta indispensable para la equidad y la cohesión social”, es decir “el derecho a la educación es de carácter fundamental” y es por ello que “se debe cumplir con las garantías de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad”, indicó la sala.

Finalmente, la resolución insta a la observancia del control de la convencionalidad de manera que se asegura una eficaz protección de los derechos humanos, considerando que nuestra Constitución reconoce que “toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad”, por lo que “ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley”.


Las raíces del conflicto: Falta de participación y procesos privatizadores de la UNAH

El catorce de marzo del 2008 el Consejo Universitario determina emitir y aprobar el reglamento “Plan de Arbitrios de la UNAH” mediante el acuerdo 348-d-2008, en el cual los cobros por los servicios prestados por la institución y los servicios estudiantiles, son aumentados hasta en un 150 por ciento. Para los estudiantes este representaba un peligro inminente de vulneración del derecho a la educación.
• Un grupo de estudiantes de la carrera de Sociología del Valle de Sula en el norte del país, interpusieron el 08 de agosto de 2008 un de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional (SCO-393-2008), solicitando la suspensión del reglamento para garantizar al servicio gratuito de la educación.
• Para el golpe de Estado del 2009, en Ciudad Universitaria resurge el movimiento estudiantil universitario, desmembrado de los frentes universitarios tradicionales y los partidos tradicionales, el espacio aglutinador llegó a llamarse Movimiento Amplio Universitario (MAU).
• El 15 de mayo de bajo el acuerdo N° CU-E-053-005-2009 en reunión del Consejo Universitario se aprueba el Reglamento General de Elecciones Estudiantiles, sin contar con la participación de los estudiantes.
• Entre 2010 y 2011 las autoridades de la UNAH le confieren la tarea a la oficina del Comisionado Universitario de elaborar un reglamento de elecciones estudiantiles e impulsar las elecciones para noviembre del 2011, con el fin de resolver el problema de la representación estudiantil y legitimar el Consejo Universitario, violentando la participación y consulta estudiantil.
• En base al acuerdo de la Comisión de Transición, CT 67-2006, se insta a las asociaciones de estudiantes de carrera a instalar una Asamblea Constituyente Estudiantil para darle fin al problema de la representación de los estudiantes universitarios a nivel nacional.
• El MAU toma la iniciativa y se adhieren a ella los estudiantes del Valle de Sula y el Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya MER-LZ y en conjunto presentan en noviembre del 2011 la propuesta de instaurar la Asamblea Constituyente Estudiantil Universitaria (ACEU), el documento original fue presentado en conferencia de prensa e inmediatamente ante Rectoría, acompañado de aproximadamente 11 mil firmas, pero no fue tomado en cuenta.
• El Consejo Universitario a través de un llamamiento público a las y los estudiantes matriculados en el primer período académico del 2012, de los centros universitarios regionales, en Ciudad Universitaria y la Facultad de Ciencias Médicas, para que acrediten un representante estudiantil propietario y un suplente por cada facultad y cada centro regional universitario, pero únicamente la Federación de Asociaciones Estudiantiles FAE-UNAH-VS realizó este proceso en una Asamblea General y pública de estudiantes.

Congreso Nacional y Tribunal Supremo Electoral intervienen

• El 15 de junio del 2012 el Poder Legislativo emite una ordenanza a: “Los sectores estudiantiles para que en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la vigencia del presente decreto, emitan en consenso y con asesoramiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sí así lo requiere, el Reglamento Electoral que conlleve a un proceso eleccionario transparente, incluyente y ampliamente democrático, que deberá efectuarse antes del treinta (30) de noviembre del año 2012, que permita la libre y normal escogencia de los representantes estudiantiles que reúnan los requisitos establecidos en la ley para ocupar dichos cargos ante los órganos de dirección de la UNAH. Según consta en La Gaceta el decreto N°. 83-2012, específicamente en el artículo 4. El TSE emite el Acuerdo N°02-2012 de Convocatoria a Elecciones Estudiantiles, que se llevarían a cabo el 29 de noviembre de 2012.
• En ese momento se consolidaron dos organizaciones dentro de la UNAH, en Ciudad Universitaria la Plataforma de Organizaciones Estudiantiles (POE) y en San Pedro Sula la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAE), ambas estructuras denunciaron en repetidas ocasiones a las autoridades en su procedimiento y también presentaron un recurso ante la Corte, acusando de violentar los artículos 8 y 17 de la Ley Orgánica de la UNAH. Es en este contexto, y en una nueva coyuntura, que la Alianza de Movimientos Independientes (AMI) FAE-UNAH-VS, el Movimiento Estudiantil Lorenzo Zelaya (MER_LZ) y el Movimiento Amplio Universitario (MAU) hacen un nuevo intento de querer organizar a los estudiantes, por lo que se elabora y se presenta en tiempo y forma a las autoridades de la UNAH y del Tribunal Supremo Electoral, la propuesta de reglamento electoral estudiantil. Sin embargo, este nuevo intento queda invisibilizado.
Para marzo del 2013, las autoridades universitarias recurren a la intervención del Poder Legislativo para buscar una salida, donde se imponen de “dedo” a estudiantes becarios como “representantes de las y los estudiantes” ante el Consejo Universitario.
• El Congreso Nacional publica el decreto N° 46-2013, donde señala una reforma por adición del [artículo 8 de la ley orgánica]: “de no poder obtener la representación estudiantil por vía de un proceso electoral, los restantes miembros del consejo universitario quedan facultados para “elegir” por un período de dos (2) años tal representación de aquellos estudiantes que reúnan los requisitos de esta ley, sus reglamentos y su normativa interna estudiantil. la vice rectoría de orientación y asuntos estudiantiles y el comisionado universitario acompañarán el proceso de elección estudiantil”.


Derecho a la educación truncado
• Las protestas estudiantiles suscitadas en el tercer período académico del 2014 no son exclusivamente por las normas académicas, a la tensión se le suma la falta de respuesta a las solicitudes de las asociaciones de carrera, el bloqueo de ingreso de 80 mil jóvenes que no aprueban la Prueba de Aptitud Académica (PAA) y las pruebas de conocimientos para el área de la salud (PCCNS).
• El llamado a audiencias de descargo de 17 estudiantes por participar en protestas estudiantiles, con amenazas de expulsiones, de los cuáles 10 fueron bloqueadas sus cuentas. Y en Ciudad Universitaria se llamaron a audiencias de descargo 6 estudiantes que, de forma ilegal, en el último día en que la universidad el viernes 18 diciembre 2014, antes de irse de vacaciones de fin de año dieron a conocer el dictamen de expulsión por parte del Decanato de Ciencias Sociales. Tras interponer un amparo los estudiantes fueron matriculados el último día habilitado.
• En la primera semana de marzo, las autoridades de este centro de estudios introdujeron una manifestación ante la Sala de lo Constitucional de la Corte donde pretendían que se suspendiera la medida cautelar que abrió las puertas a las matrículas de los seis estudiantes, pero el mismo fue denegado por improcedente.
• El 23 de marzo del 2013 un mes antes de su tiempo en ley como rectora, Julieta Castellanos, el Congreso Nacional también aprobó por unanimidad la reforma al artículo 264 de la Constitución de la República, que establece que el rector de la UNAH durará en su cargo hasta cuatro años.
• El primer round de las Normas Académicas se dio a finales del 2014, dejó tomas de siete centros regionales y criminalización.


• Las protestas estudiantiles de 2014 y 2015 aglutinaron una enorme cantidad de adeptos. Desarrollándose tomas de instalaciones, movilizaciones, desalojos y más requerimientos fiscales y más acciones de protesta concentradas en la aprobación de las Normas Académicas, que llevó también a la judicialización del estudiante de pedagogía, Darío Morán, cuyo proceso le obligó a consensuar el pago del equipo policial a quien le agredió.
• El retorno a las aulas de estos 16 luchadores y luchadoras fue el primero de los grandes logros del Movimiento Estudiantil este 2015. La aprobación de la tabla de unidades valorativas resultó ser la chispa que encendería todo este nuevo proceso de lucha, que elevó la indignación a tal punto que se sumaron nuevos actores, como el caso de Odontología, que inició las acciones en UNAH-VS.
• En 2016 la “Cuarta Reforma” universitaria cumple once años y junto a ello las autoridades anuncian que hasta el 2013 lograron reducir de un 39% a 17% la franja de estudiantes en riesgo académico; es decir, que reportan un índice menor de 60. El nuevo sistema de admisión a través de la Prueba de Aptitud Académica, a criterio de las autoridades ha permitido depurar la universidad, poner orden y límites para quienes ingresan a la universidad.
• A mediados de 2016, ocurre un repunte de las protestas estudiantiles, después de varios intentos fallidos de acercamiento entre los dos polos en contienda, se llega a una etapa de pre-diálogo, en la cual se plantea una negociación de los puntos en conflicto y se nombra una “Mesa Mediadora”.
• Desde 2014, cerca de 200 estudiantes han enfrentado procesos judiciales (entre expulsados, con orden de captura, con prisión preventiva, con medidas sustitutivas o medidas cautelares) por su oposición a los cambios de la IV Reforma Universitaria.
• El lunes 17 de julio de 2017 las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), decidieron expulsar por 5 años a 19 estudiantes que el 24 de mayo se tomaron el edificio administrativo en el marco de las protestas estudiantiles.


• En junio de 2017, los estudiantes de Química y Farmacia Génesis Aracely, Andino Vásquez, Karen Giselle Reyes Pineda, Tiffani Nicolle Zúniga Reyes, Gloria Sarahí Mejía Pachecho, Any Raquel Blanco Navarro y Tony Jossel Barahona Cruz también fueron detenidos y posteriormente expulsados en el marco de la aplicación del mismo reglamento estudiantil.
• En agosto del mismo año, el Congreso Nacional sostiene que el 90 por ciento del contenido de la “Iniciativa Ciudadana” presentada por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) fue aprobado, anuncian la derogación de los decretos 83-2012 y 46-2013 y el nombramiento del rector interino.
• Con diversas modalidades y distintos tiempos y en medio de la expectativa y el entusiasmo, hoy cerca de 90 mil estudiantes se reanudan este lunes las actividades en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), después de una crisis que paralizó durante dos meses las clases, pese al reinicio los procesos de criminalización continúan.

No puedo celebrar porque esto nunca se debió dar: Cesario Padilla


Enero 2014 ocurre en la UNAH el primer proceso de expulsión. Fuimos informados el último día de clases para que la comunidad universitaria no tuviera ni tiempo de reaccionar, pero al siguiente período gracias al amparo se desbloquearon nuestras cuentas, fuimos reintegrados en febrero de 2015, igual pasó con los compañeros de SPS.

Continuamos estudiando y la mayoría de los expulsados en ese momento egresamos. No así los estudiantes expulsados y criminalizados posteriormente. Desde esa fecha se empezó un fuerte proceso de criminalización contra los líderes estudiantiles, por lo que no fue nada extraño que, en 2015, 2016 y 2017 todavía apareciéramos en los procesos de requerimientos fiscales.

La falta de una resolución favorable al menos del proceso administrativo en nuestra contra, me generó todo este tedio, pero afortunadamente como la justicia es lenta, es hasta el momento, casi cuatro años después que tenemos algo de justicia.

La sala de lo Constitucional ha visto que no se puede vulnerar el derecho a la educación y esto nos da un mensaje de respiro. Ahora al darnos cuenta de que podemos tramitar nuestro título y lo puedo tramitar en libertad administrativa, porque ahora sigo condenado por las autoridades universitarias a la cárcel, por defender nuestros derechos.
El poder Judicial me dijo que puedo seguir estudiando aun y cuando tengo una condena a cuestas que aún tampoco ha sido notificado.

Lo que más preocupa es que entre 2016 y 2017 estas mismas autoridades universitarias que fueron relevadas encabezadas por Julieta Castellanos ahora se ensañaron contra otro grupo de estudiantes, sancionándolos por 15 períodos académicos, es por eso que el gozo que se podría tener es que, a partir de estas acciones en nuestro favor, con nuestro recurso, se siente un proceso amargo, porque a ellos también se les debe permitir que retornen a sus clases y que no se les prive del derecho a estudiar.

De los expulsados actualmente cinco son de periodismo, la mayoría de excelencia académica. Es por eso que las nuevas autoridades deben respetar las demandas de los estudiantes, y que den pasos para reconocer el Movimiento Estudiantil y su interlocución, preparando con estas acciones la logística para la participación estudiantil.
Esta es la oportunidad que el nuevo rector se de cuenta de que no es por la vía administrativa o penal que responderá a las demandas estudiantiles, que hay que escucharlos, porque va a ser la única manera que se tenga una representación tripartita y no del dominio del 66% de las decisiones que competen a toda la Universidad.


“Este es un gol del primer tiempo para alcanzar la justicia restaurativa”: José Luis Herrera

Cuando se levantó una jornada de protestas a nivel nacional en distintos centros regionales los cuales culminaron con la expulsión de varios estudiantes, se nos acusa de tomarnos los edificios. Es decir, apenas seis estudiantes nos tomamos toda la Universidad, es irónico. Sabemos que no hubo un debido proceso.

En mi caso me acusó el jefe de Seguridad, de tomarme el edificio de Química y Farmacia y no negué que participé en las tomas en diferentes momentos, como parte de los derechos políticos, pero no en ese edificio. La denuncia, terminó en una expulsión.

Aunque esto es una pequeña batalla ganada para alcanzar algo de la justicia, pero no es completamente satisfactorio para muchos que siguen criminalizados. Considero que a pesar de esto se abre una brecha para decirle a las autoridades que están cometiendo sus errores, es complicado porque a muchos de mis compañeros expulsados les propusieron sacarlos de la UNAH y otros tuvieron que retornar a sus comunidades sin posibilidades.

Durante estos más de tres años hemos sufrido estigmatización, persecución y hasta se abrieron foros públicos en redes sociales, para hablar sobre nuestra vida privada y quienes éramos, así fue, así vivimos el proceso de criminalización.
Eso fue muy difícil porque fuimos como gallinas desplumándose para que los demás tuvieran temor. Afortunadamente el fallo de la Corte Suprema nos reivindica en parte, porque establece claramente que un reglamento no puede sustituir o violentar un derecho Constitucional.

Este es como un gol en el primer tiempo de un partido de fútbol para restaurar la injusticia estamos comenzando a restaurar la justicia, pero aún falta mucho por hacer dentro de la Universidad, no solamente son los procesos administrativos, sino también los estudiantes, pero que aún están sin cumplir los procesos de participación, mayor calidad educativa.


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