Tela, Atlántida (Conexihon).- La profundización del fraude no sólo es en el tema electoral, sino en varios temas que van desde las concesiones a carreteras y bienes de la naturaleza hasta la situación de violencia
contra la ciudadanía, estas son algunas de las denuncia que planteó el coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Martín Fernández.
En una entrevista ofrecida a www.conexihon.hn, Fernández anunció la profundización de este panorama violento, específicamente en el departamento de Atlántida. Ante esto, detalló que desde ya se están creando mecanismos de auto seguridad, al considerar que no existe otra alternativa.
Quienes está llamada a defender a la población “es la misma institucionalidad constituida que hoy esta coludida con todo este sistema y que no defiende más que intereses económicos”, planteó el coordinador del MADJ.
Hay una embestida fuerte porque no sólo hay procesos de criminalización y represión, ya hay personas asesinadas. Sólo el departamento de Atlántida lleva cinco muertes (vidas ofrendadas) post electoral. Tres en La Ceiba, uno en El Pino y uno en San Juan Pueblo, detalló.
Fernández no es ajeno a la violación de derechos humanos, ya que ha sido víctima de acciones de hostigamiento, persecución. Desde el allanamiento a la Finca “Torogoces”, centro de capacitación del MADJ, amenazas al aire mientras conduce el programa “Tertulias de la tarde” en radio Dignidad y la agresión de la que fue objeto en agosto de 2017, tras ser testigo del violento desalojo policial-militar contra el Campamento “por el agua y por la vida” en Pajuiles.
Desconocimiento de acuerdos, criminalización permanece
Desde agosto de 2017, inició un proceso de criminalización contra líderes y lideresas en la comunidad de Pajuiles, quienes cuatro meses antes (en marzo), iniciaron en un campamento la defensa del Río Mezapa y la Cordillera “Nombre de Dios”, ante las pretensiones del empresario Jaasson Hawit de instalar un proyecto con la Empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso (HIDROCEP).
Como consecuencia de este ejercicio de defensa territorial, las autoridades de justicia, el alcalde de Tela, Mario Fuentes y la empresa HIDROCEP, iniciaron una serie de acciones contra la población que concluyó en desalojos violentos de parte de la fuerza pública, agresiones a liderazgos de la zona y un proceso penal contra 17 defensores y defensoras del territorio.
Cuatro de los criminalizados y criminalizadas, Kevin Ariel Linares, Albertina López Melgar (en estado de embarazo en ese momento), Wendy Yaneli García y José Ángel Fuentes, fueron sobreseídos a finales de agosto, tras ser acusados de celebración ilícita agravada y daños en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.
Absolución que fue confirmada en diciembre por la Corte de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, luego que el Ministerio Público (MP), interpusiera un Recurso de Apelación a la resolución que les dio la libertad a los defensores y la defensora.
Actualmente tienen proceso penal Angélica Recinos, Óscar Martínez, Arnaldo Castro, Andrés Reyes, Santos Acevedo, Regino Menjivar, Pablo Peraza, Germán Moreno, Jesús Gavarrete y Rufino Lara. En dos ocasiones se les ha suspendido la realización de audiencia inicial, el 21 de agosto y 10 de enero reciente.
Para ellos y ellas la represión continúa, tienen medidas contrarias a la prisión que acatar mientras la justicia hondureña se juega a la suerte su libertad. Aunque desde el 23 de agosto, se estableció un proceso de Acuerdo entre HIDROCEP, la Corporación Municipal de Tela, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Sub Secretaría de Derechos Humanos, MI AMBIENTE y las comunidades, que entre sus puntos establecía la suspensión de los trabajos de la empresa y la extinción de la acción penal contra los y las criminalizadas.
La criminalización persiste y apenas tres días de la firma del acuerdo, HIDROCEP trasladó vehículos con herramientas de trabajo hacia el plantel donde opera la construcción de la hidroeléctrica, según la denuncia que hizo el Movimiento Amplio el 01 de septiembre de 2017.
“Nosotros nunca caímos en la idea de Mario Fuentes, fuimos oportunos en denunciar y quedó demostrado que los acuerdos que se puedan dar en las comunidades, si no son cumplidos, en donde no se tome la voz popular y no se cumplan los acuerdos en base a las demandas de la comunidad, tienen su respuesta”, sostuvo Martín Fernández.
Añadió que, en el caso del edíl Fuentes, no fue reelecto para otro periodo en la alcaldía de Tela, como era su aspiración tras ser derrotado en este proceso electoral del 26 de noviembre.
Prensa corporativa con papel nefasto
Temas como la defensa del Rio Mezapa, la Cordillera “Nombre de Dios”, y la criminalización contra líderes y lideresas en el departamento de Atlántida, no forman parte de la agenda de la prensa corporativa, por medio de sus corresponsales en la zona, afirmó Martín Fernández.
Por lo que el coordinador del MADJ catalogó como “nefasto” el trabajo de la prensa tradicional durante la crisis post electoral, principalmente en el departamento de Atlántida y agregó que “mucho del cerco mediático no solo está en Tegucigalpa, sino a nivel de los pueblos”.
La alternativa, planteó el profesional del derecho, es la construcción de lo que llamó “nuestras propias bases informativas”, en referencia a Radio Dignidad, emisora comunitaria que opera desde San juan Pueblo, así como la página del Movimiento Amplio y sus cuentas en las redes sociales.
Tener esta radio comunitaria (Radio Dignidad) genera un proceso de enlazarse con las realidades que enfrentan otros pueblos y que lo denuncian desde sus propias radios u otros medios comunitarios, “en esa medida se van a ver borrados todos los intereses de las grandes corporaciones de medios de querer engañar o manipular la información como hasta ahora lo hacen”, finalizó Fernández.
