Por: OFRANEH*
El linchamiento post morten que viene realizando el Bufete Amasterdam & Partners, contratado por la empresa DESA. para socavar aún más el juicio relacionado con el asesinato de Berta Cáceres, demuestra la ausencia de ética por parte de empresarios y políticos asociados al actual régimen en Honduras.
Berta Cáceres se ha convertido en un icono para aquellos que defienden la madre tierra de la voracidad mercantilistas de aquellos que impulsan un falso desarrollo, basado en la acumulación de capital más que en la función social, de los supuestos proyectos de desarrollo, los cuales muchos de ellos vienen asolando territorios y generando desplazamientos.
A partir del golpe de estado en Honduras en el 2009, el país se convirtió en un escenario de guerra, en el cual Honduras llegó a tener la escalofriante cifra de más de 90 asesinatos por cada cien mil habitantes. Honduras se convirtió en un feudo del crimen organizado, el que según funcionarios estatales permeó a la sociedad en general.
La entrega de los recursos hídricos en el 2010 a un grupúsculo de familias asociadas con el régimen, ha desatado una violencia imparable, para lograr la construcción de micro hidroeléctricas, en zonas en que el cambio climático las convertirá en obsoletas.
Las hidroeléctricas se vienen propagando como una supuesta forma de obtención de energía limpia, no obstante la destrucción de los ríos y los efectos del cambio climático colocan en duda las supuestas virtudes de las hidroeléctricas. En un estudio financiado por el BID intitulado ¿Que podría significar el cambio climático para las hidroeléctricas en Centroamérica?, saca a flote lo que políticos y gremios empresariales pretenden ignorar, ante el pingue negocio de la energía y los financiamientos y subsidios que obtiene de organismo financieros.
En el caso del asesinato de Berta Cáceres, el BCEI, FinFund y FMO, optaron en un inicio por mantener sus empréstitos, a pesar de la violencia imperante en Honduras y la gravedad de los hechos ocurridos el 3 de marzo de 2016 en la Esperanza, A pesar que han transcurrido más de dos años y medio del asesinato, el juicio en cuestión ha avanzado lentamente sacando a flote la inexistencia de un estado de derecho en Honduras, situación que es incluso señalada por la propaganda que el bufete AMSTERDAM & Partners, viene difundiendo entre los hondureños contando con el poyo de los medios de comunicación afines al régimen.
Por eso no es extraña, la aparición en el escenario de Robert Amsterdam -propietario del mencionado bufete- como el “mago” encargado del show mediático para defender más a la familia Atala_Faraj que a los autores materiales del homicidio. Con la publicación de un extenso libelo denominado “Guerra contra el desarrollo”, pretenden manipular a la opinión pública sobre la “inocencia” de aquellos que participaron en el homicidio y santificar al mismo tiempo al grupúsculo de “inversionistas” que de paso controlan buena parte de las finanzas del país.
Robert Amsterdam posee un largo listado de clientes, muchos de ellos asociados con tiranías de ultraderecha, tal es el caso de Recept Erdogan, el dictador de corbata que controla Turquía, el coronel tailandes Thaksin Shinawatra, el expresidente de Zambia Rupiah Banda, el magnate ruso Mikhail Khodorkovsky; demostrando por la fibra moral de sus clientes, que Amsterdan no tiene escrúpulos para ejercer una especie de sicariato judicial.
En parte el linchamiento post mortem de Berta, es una ofensiva estatal para disipar la imagen de régimen de terror que ha impuesto el Sr. Juan Orlando Hernández y su partido. Las acusaciones efectuadas por el ministro de la presidencia Ebal Diaz, en el que acusa a “fuerzas ideológicas extranjeras que buscan boicotear la economía”, demuestra un retorno a la macabra guerra fría, siendo en esta ocasión los subversivos las personas que se dedican a la defensa de la madre tierra.
Desde un inicio el matiz que cobró las “investigaciones” efectuadas por las autoridades y el tinte de novela rosa que se le trato de atribuir al caso, demostró que el asesinato de Berta Caceres es un crimen de estado, que teniendo en cuenta las condiciones de país, y las enormes debilidades existentes en las instituciones y operadores de justicia politizados es imposible de obtener un juicio imparcial en Honduras.
* Organización Fraternal Negra Hondureña.
