Por: Ofraneh
La Ceiba, Atlántida.- En medio del caos que enfrenta el pueblo hondureño como consecuencia de la destrucción de las estructuras gubernamentales la cual se viene dando en la última década y como parte del proceso de privatización de las áreas protegidas y la subasta del territorio nacional, el actual gobierno optó por el uso de una de las zonas de mayor biodiversidad del país, para convertirla en el lugar de instalación una termoeléctrica a base de bunker c, para la producción de 87 megavatios de energía sucia.
El pasado 11 de julio la municipalidad de La Ceiba convocó a un cabildo abierto en relación a la instalación de una planta termoeléctrica en La Ensenada, entre las comunidades Garífunas de Sambo Creek y Corozal. El grupo Laeisz, propiedad del empresario Benjamín Hirsh, fue uno de los favorecidos en la piñata de contratos de producción de energía sucia otorgado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
La municipalidad de Ceiba omitió efectuar la consulta previa, libre e informada que debería haberse efectuado mucho antes de la firma del contrato. El supuesto desabastecimiento energético que existe en el país, conllevo a la compra de energía al oneroso precio de us $0,18.8515. La empresa estatal ENEE ha caído en una espiral de endeudamiento fatal producto de los contratos que viene enriqueciendo a un grupúsculo de familias en detrimento del pueblo hondureño.
Más allá de la corrupción imperante en la ENEE y el otorgamiento de 87 megavatios a Benjamín Hirsh, la decisión de la construcción de la termoeléctrica en una zona altamente rica en biodiversidad es un verdadero crimen ambiental. El lugar dónde están construyendo la planta se encuentra ubicado dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Nombre de Dios, además de estar frente al Monumento Marítimo Cayos Cochinos, donde desemboca el río Piedras, el que supuestamente será utilizado para el enfriamiento de la termoeléctrica.
En una área de menos 50 kilómetros cuadrados, se encuentran además el Parque Nacional Pico Bonito, el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, y las islas de Roatan y Utila las que forman parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Sin lugar a dudas podemos señalar que La Ensenada se encuentra localizada en una de las zona de mayor diversidad biológica en Centroamérica.
La decisión tomada por la ENEE, el ministerio de MIAMBIENTE y la municipalidad de la Ceiba en cuanto al lugar escogido, demuestra que en Honduras no existe un ordenamiento territorial, al mismo tiempo que tampoco se respeta el derecho a la consulta previa que poseemos los pueblos indígenas, y mucho menos las áreas protegidas.
Mientras tanto los humedales de la costa norte de Honduras son rellenados para la siembra de la palma africana, situación que ha conllevado a la quema de cientos de hectáreas de humedales para el cultivo de la oleaginosa.
Es muy claro el estado de derecho no existe en Honduras donde los intereses de la élite empresarial y política se sobreponen a las necesidades concretas que tiene el pueblo hondureño.
La crisis energética que aducen existe en el país ha sido creado para mantener el saqueo permanente de la ENEE, el hecho que en Honduras se pague us$ 180 por megavatio de energía solar, comparados con los us $77 en El Salvador y us$ 35 en Chile es un indicador de que la producción energética en Honduras se ha convertido en un negocio lucrativo para los grupos de poder fácticos que tiene al pueblo hondureño contra la pared.
Desafortunadamente el estado fallido o república mafiosa en que se encuentra sumido el país, sirve de caldo de cultivo para la corrupción y violencia imperantes. Las áreas protegidas que fueron impulsadas en la década de los años 90 se están convirtiendo en un simple espejismo, que según la nueva Ley de Inventivos al Turismo (2017) promovida la consultora Mckinsey, pueden ser utilizadas para proyectos extractivos en un futuro cercano.
La OFRANEH exige el respeto a la consulta previa libre e informada, ademas condenamos y hacemos un llamado a detener la campaña desatada contra las comunidades Garifunas de Sambo Creek y Corozal, acusadas de oponerse al supuesto “desarrollo”.
