Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Organizaciones de derechos humanos anunciaron el pasado miércoles, la presentación de tres casos emblemáticos posteriores al golpe de Estado de 2009, ante la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH).
La Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conferencia de prensa, presentaron los casos de la masacre en la Finca «Tumbador», de noviembre de 2010; el asesinato del comunicador Nahúm Palacios, ocurrido en marzo de 2010; y la brutal represión a una manifestación en el sector conocido como «El Durazno», donde falleció el profesor Róger Vallejo, el 30 de julio del 2009.
«Estos casos son ilustrativos de la falta de supervisión y aquiescencia del Estado para con las compañías de seguridad privada que asesinan libremente a campesinos, así como de los ataques contra periodistas y comunicadores sociales, todo lo cual ocurre en un contexto de impunidad estructural», explicaron las organizaciones en un comunicado de prensa.
A continuación, Conexihon reproduce información de los tres casos que se presentaron ante la CIDH, ya que, después de estos años no se hizo justicia a nivel nacional.
Tumbador
El caso Tumbador, ocurrido el 15 de noviembre de 2010 en la finca “El Tumbador», jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento de Colón, es un reflejo de la falta de atención del estado frente a los reclamos de las familias campesinas, que demandan una parcela de tierra para subsistir.
En esa fecha miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) iniciaron el proceso de recuperación de unas 800 hectáreas de las tierras que habían pertenecido al Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) destinadas a la reforma agraria.
Sin embargo, en la entrada a la Finca de Palma Africana “El Tumbador”, fueron atacados a disparos por un grupo mayor a cien hombres, compuesto por efectivos militares de la Base Naval y del V Batallón de Infantería, así como de guardias privados de la compañía Orión, que prestaba seguridad a la Empresa DINAN, propiedad del extinto terrateniente, Miguel Facussé.
Los guardias de la compañía Orión, mantenían la posesión de la finca El Tumbador aunque su propiedad era objeto de litigio. De acuerdo a los testimonios de las víctimas y a los casquillos encontrados en el lugar de los hechos, en el ataque se utilizaron armas legalmente reservadas para el uso militar y municiones de alta velocidad de impacto.
En el feroz ataque murieron los campesinos Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25), y otros más resultaron heridos.
Este caso es representado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y por la Fundación San Alonso Rodríguez.
Caso Nahum Palacios y otros
El 10 de marzo de 2010, el periodista Nahúm Palacios Arteaga fue asesinado por sujetos desconocidos enfrente de su casa. Palacios Arteaga, difundía programas de noticias desde la Televisora del Aguán, Canal 5, del cual era director, y desde Radio Tocoa. Además, brindaba cobertura a temas sensibles para los poderes políticos y económicos de facto, así como para el crimen organizado. El periodista Nahúm Palacios Arteaga; fue uno de cinco periodistas asesinados en Honduras en el mes de marzo de 2010.
Previo a su asesinato, el periodista había denunciado amenazas de muerte, la detención ilegal y los abusos perpetrados en su contra por funcionarios estatales entre los días 29 y 30 de junio de 2009, destinados a acallar su voz disidente. Por estos hechos, Palacios Arteaga contaba con medidas cautelares emitidas por la CIDH desde el 24 de julio de 2009. Las mismas nunca se cumplieron de manera efectiva.
Pese a que la situación de riesgo de Nahúm Palacios Arteaga era del conocimiento del Estado de Honduras, las autoridades no tomaron ninguna medida de prevención y protección para evitar su deceso. Hasta la fecha, ninguna persona ha sido sancionada por los graves hechos cometidos en contra de Nahúm Palacios.
El asesinato de Nahúm Palacios Arteaga ocurre en un contexto de ataques sistemáticos a periodistas y trabajadores de los medios, los cuales permanecen impunes.
Este caso es representado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Caso El Durazno
Finalmente, el COFADEH, presentará ante la CIDH, el caso conocido como El Durazno, un ejemplo fehaciente de la brutal represión desatada por las fuerzas de seguridad del régimen de facto de Roberto Micheletti, posterior al golpe de estado del 28 de junio de 2009.
Los días 30 y 31 de julio de 2009, El Frente Nacional de Resistencia llamó a la población en resistencia a movilizarse simultáneamente en varias partes del país, registrándose las manifestaciones más numerosas en Tegucigalpa, Comayagua y Santa Rosa de Copán, las que fueron brutalmente reprimidas por agentes del Estado.
Entre las 8:00 y 9.00 de la mañana del 30 de julio, miles de personas se reunieron pacíficamente sobre la carretera Panamericana, que conduce a la zona norte del país, en la aldea El Durazno, a 6 kilómetros de la periferia del Distrito Central.
Mientras los manifestantes se iban sumando y organizando la protesta, elementos de las fuerzas de seguridad, policías de línea, Comando de Operaciones Especiales Cobra, soldados del Ejército y agentes de las unidades de investigación, equipados con tanquetas, patrullas, escudos, toletes, fusiles, bombas lacrimógenas, y auxiliados por un helicóptero, instalaron un retén contiguo a la estación policial denominada El Durazno, a 200 metros de donde se reunieron los manifestantes. En total en la operación de ese día se concentraron aproximadamente 120 policías de línea, 80 del Comando de Operaciones Especiales Cobra y 200 militares del ejército nacional.
Aproximadamente a las 9:45 am, el comandante del operativo expresó a los manifestantes que tenían un plazo de 30 minutos para desalojar el lugar. Repentinamente, sin que se cumpliera el tiempo otorgado, elementos policiales y del ejército irrumpieron, iniciando un desalojo violento.
De acuerdo a la información que recabó la Comisión de Verdad, agentes de policía pertenecientes a los Cobras y un helicóptero de la Policía Nacional dispararon bombas lacrimógenas. La Policía Preventiva realizó disparos con balas de madera, pero también balas vivas. Mientras desde la tanqueta les lanzaban chorros de agua con agentes químicos que les provocó picor en la piel, efecto que se intensificaba con el calor del sol.
Un número no determinado de manifestantes recibieron golpes de toletes en la cabeza, rostro, las piernas, la cadera, brazos, costados y en el caso de las mujeres en sus glúteos y entrepierna.
Al menos 97 de los manifestantes estuvieron detenidos y siete de ellos tenían menos de 18 años. Entre las personas detenidas en la Estación Policial de Belén se registraron varios heridos y al menos nueve necesitaron atención médica y fueron traslados al Hospital Escuela.
En la estación policial, los hechos fueron constatados por organizaciones de derechos humanos como el COFADEH, CIPRODEH, fiscales de la Fiscalía especial de Derechos Humanos y una delegación de Amnistía Internacional. Las organizaciones constataron que periodistas y ciudadanos que registraban los eventos en forma gráfica fueron despojados de sus cámaras y grabadoras. Los agentes de policía, se negaron a devolverlas a pesar de que fueron solicitadas por los afectados y por las organizaciones presentes.
Ese mismo día (30 de julio de 2009) fue herido de gravedad por agentes del Estado, Roger Abraham Vallejo quien murió dos días después. Y el 17 de septiembre murió en circunstancias poco claras, Félix Murillo principal testigo de la muerte de Roger Vallejo.
Pese a los llamados expresos por parte de los organismos de derechos humanos nacionales y de la comunidad internacional, el estado de Honduras no investigó los casos ni ofreció reparación alguna sobre los daños provocados a los familiares de las personas asesinadas y lesionadas.
Este caso es representado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y por Fundación San Alonso Rodríguez.
Las organizaciones de derechos humanos involucradas esperamos que, la presentación de estos casos pueda contribuir a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los hechos, asimismo, confiamos que las medidas de reparación que eventualmente se logren implicarán reformas estructurales en el país que permitan combatir los patrones violatorios que ilustran los casos, tales como la violencia contra campesinos, el funcionamiento de las compañías de seguridad privada, la represión de la protesta social y la violencia contra periodistas y comunicadores sociales.
