Washington, EE.UU (Comunicado de Prensa CEJIL).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para la población hondureña en un plazo de 18 meses. A raíz de esta decisión, 57.000 personas de nacionalidad hondureña, y sus casi 53.000 hijos e hijas nacidas en Estados Unidos, podrían enfrentarse a situaciones de extrema incertidumbre y vulnerabilidad.
“Una vez más esta administración está tomando una decisión cruel e inhumana que separará a más familias y que continúa ignorando los derechos humanos fundamentales para la protección de las familias, así como los derechos de niños y niñas, en las cuales gran cantidad de personas son ciudadanos americanos y han vivido en este país por aproximadamente 20 años”, expresó Francisco Quintana, director de CEJIL para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe.
“Adicionalmente, Honduras se enfrenta a altos niveles de violencia por pandillas, de corrupción y de impunidad. Para muchas personas la decisión de cancelar el TPS es una sentencia de muerte. Asimismo, después de casi 6 meses de disturbios políticos derivados de las elecciones presidenciales del año pasado, el país no cuenta con la infraestructura para recibir un ingreso repentino de decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas. Esto representa una carga adicional en las problemáticas instituciones del país y su débil economía, lo cual puede exacerbar un posible colapso”.
El TPS fue una medida otorgada a los hondureños en 1998, después de que el huracán Mitch arrasó con el país. El programa permitió que sus beneficiarios trabajaran y residieran regularmente dentro de Estados Unidos. A partir de ahí, distintas administraciones renovaron el TPS en distintas ocasiones, reconociendo la crisis estructural y los altos índices de criminalidad, sumados a la recurrencia de los desastres naturales en Honduras. La última extensión del TPS su entregada por seis meses, en noviembre del 2017, en el contexto de la ola de violencia producto de las protestas que sobrevinieron a las elecciones presidenciales.
A raíz de esta decisión, quienes recibieron este estatus tendrán hasta el 5 de enero del 2020 para retornar a su país de origen o conseguir un permiso de residencia por algún otro medio. Una vez que éste sea revocado, quienes aún no hayan conseguido regularizar su situación arriesgan la deportación.
Es importante señalar que Estados Unidos debe cumplir con sus responsabilidades internacionales en la materia. Esto implica que todas las personas con potencial de deportación deban pasar por un análisis individualizado de su caso, que determine si el retorno le dejará expuesta/o a alguna situación de riesgo, así como considerar el posible impacto en sus derechos como individuos y con sus hijos/as, puesto que en algunos casos la nueva generación ya tiene la ciudadanía estadounidense.
Este es el cuarto grupo de beneficiarios del TPS de América Latina y el Caribe que se afectado por la revocación de su estatus. Anteriormente, en noviembre de 2017, la administración de Trump canceló el TPS para beneficiarios de Haití (50,000), Nicaragua (2,500), y El Salvador (200,000). Esta revocación adicional aumenta las posibilidades de que se desarrolle una crisis regional una vez que los plazos para el retorno entren en vigencia.
“Al cancelar el programa TPS, los Estados Unidos están forzando a miles de personas a buscar un nuevo lugar donde proyectar sus vidas. Así sea en Honduras o posiblemente otro lugar en Centroamérica. Como resultado, la región completa se verá afectada por estas medidas, en tanto algunos/as hondureños/as buscarán reinstalarse en países que ya mantienen condiciones precarias para la garantía de derechos humanos, lo que afectará tanto a quienes lleguen como a quienes ya residen ahí. Esto tendrá consecuencias durísimas para toda la región”, finalizó Marcia Aguiluz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.
