Nueva York, EE.UU (Conexihon).- El proyecto de ley sobre Ciberseguridad que sigue en discusión en el Congreso Nacional “afectaría gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y el Congreso debe rechazarlo” dijo este lunes la organización Human Rigth Watch (HRW).
El pasado ocho de febrero, este proyecto que realmente se llama “Ley de Estrategia de Ciberseguridad Nacional, Prevención de Campañas de Odio y Discriminación en Redes Sociales”, fue aprobado en su primer debate.
Es de recordar que la presentación de la misma fue por parte del diputado del Partido Nacional (de mayoría en el Congreso) Marcos Bertilio Paz el 01 de febrero del presente año.
El proyecto exige a dichas compañías bloquear o suprimir “contenido ilegal” que pueda haber sido publicado en las plataformas de Internet por usuarios dentro de las 24 horas siguientes a haber recibido un reclamo, plazo que podría extenderse a siete días en casos “debidamente justificados”. Si la compañía de Internet no actúa, su sitio Web podría ser bloqueado o suspendido, lo que implicaría que todos los hondureños se verían afectados por la presunta conducta ilegal de unos pocos.
Además el proyecto contempla la creación de un consejo consultivo, agrupado por unas 19 organizaciones, que en su mayoría forman parte del Poder Ejecutivo, que tienen la responsabilidad de crear una Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad y será ésta la que supervise lo que estipule la ley como delitos cibernéticos y que establecería multas de 50 mil hasta un millón de lempiras, así como el bloqueo del sitio.
De acuerdo con la Alerta número 21, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), donde se denuncia la presentación de esta ley, la motivación expuesta por el diputado Paz “lo que pretende es censurar las expresiones en contra de los funcionarios públicos y grupos de poder”.
Para el Director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, este proyecto “permitiría que el gobierno utilice a las compañías prestadoras de servicios de Internet para imponer restricciones inadmisibles a la libertad de expresión que excederían ampliamente lo que podría considerarse legítimo conforme al derecho internacional de los derechos humanos”.
En su primer debate, luego de una revisión hecha por una Comisión Especial del Congreso hondureño, avaló lo propuesto por el congresista Paz y se procedió a crear un consejo consultivo, integrado por sectores de la empresa privada, Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Colegio de Abogados de Honduras (CAH) y otros sectores. Además se incluirían delitos como el «ciberbullying», fraude financiero por internet y otros.
Para Human Rigth Watch, estas incorporaciones son para que el régimen justifique el régimen de censura previsto en el texto “pretendiendo argumentar que la ley busca proteger la seguridad nacional de Honduras”. Además explicó que el contenido original del proyecto presentado en febrero se mantiene igual.
“Conceder estas facultades para aplicar la ley y sancionar a compañías de Internet a un órgano controlado por el poder ejecutivo (Como ser CONATEL), es una fórmula ideal para la censura política”, opinó Vivanco.
“Esto le quita la careta a cualquier esfuerzo hecho por presentar la ley como un mecanismo de protección de la seguridad nacional, cuando en realidad se trata de un burdo mecanismo que el poder ejecutivo puede utilizar para controlar la libre expresión del pensamiento”, sentenció el responsable para las Américas de HRW.
