La jornada nacional de protestas incluyó la ocupación de ejes viales en distintos puntos del país y demandas contra la criminalización de liderazgos comunitarios, los desalojos y cualquier intento de privatización de la ENEE.
Tegucigalpa, Honduras, 20 de julio de 2026.— Organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, sindicales, populares y comunitarias protagonizaron este lunes una jornada nacional de movilización en distintos puntos de Honduras para exigir la derogación de los decretos que, según denuncian, favorecen el despojo territorial, la expansión de proyectos extractivos y el debilitamiento de los derechos agrarios y comunitarios.
La movilización fue convocada por la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras, en el marco de la conmemoración del Día de Lempira y del Día de la Identidad Nacional, fechas que las organizaciones vinculan con la memoria histórica de la resistencia de los pueblos frente al despojo, la dominación y la pérdida de soberanía.
Las acciones de protesta se desarrollaron de manera simultánea en varios puntos estratégicos del territorio nacional, entre ellos el puente de Quebrada Seca, en El Progreso, Yoro; el sector de El Boquete, en Tela, Atlántida; la carretera principal en Tocoa, Colón; la comunidad 6 de Mayo, en el occidente del país; el desvío al Conejo, sobre la carretera CA-5; y la carretera de salida hacia Tegucigalpa, en la zona de Choluteca.
En Tegucigalpa, las manifestaciones también se concentraron frente a las instalaciones de la empresa procesadora de carnes El Cortijo, bajo la coordinación de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCA). Además de denunciar presuntos daños ambientales asociados a la contaminación del río Choluteca y del aire, el coordinador de la organización, Christopher Castillo, advirtió sobre la existencia de proyecciones de alrededor de 1,000 desalojos a nivel nacional.
Las organizaciones movilizadas sostienen que estos procedimientos podrían ampararse en disposiciones agrarias e industriales que, a su juicio, favorecen intereses corporativos en detrimento de comunidades rurales y pueblos que reivindican derechos sobre sus territorios.
Exigen derogar decretos y detener desalojos
En su pronunciamiento, la Alianza Campesina, Indígena y Popular exigió la derogación inmediata de los decretos 93-2021, 84-2026 y 107-2026, así como la resolución pronta, independiente y efectiva de los recursos constitucionales interpuestos contra esas normas y sus efectos.
Las organizaciones también demandaron el cese de la estigmatización, la criminalización y la persecución penal contra liderazgos campesinos, indígenas, garífunas y populares, especialmente frente a campañas que pretenden vincular sus luchas con el crimen organizado o presentarlas como amenazas al orden público.
Entre sus exigencias se incluye además el abandono de cualquier estrategia de militarización de la sociedad y de la gestión de los conflictos sociales y territoriales, así como la suspensión inmediata de toda amenaza, orden o iniciativa de desalojo y el establecimiento de una moratoria nacional mientras se resuelven los recursos constitucionales y las causas agrarias y territoriales pendientes.
La Alianza propuso asimismo la creación de un mecanismo nacional vinculante, con participación directa de los pueblos, para resolver los conflictos agrarios y territoriales, atender la mora agraria y garantizar títulos definitivos, derechos ancestrales y acuerdos de cumplimiento efectivo.
Las organizaciones reclaman también que las tierras administradas por el Instituto Nacional Agrario que cuentan con sentencias firmes sean destinadas prioritariamente a fines de reforma agraria y beneficio social, y demandan el reconocimiento de la producción campesina, indígena y garífuna como base de la soberanía y la seguridad alimentaria del país.
Comunidades garífunas denuncian riesgo sobre sus territorios
En el litoral atlántico, comunidades garífunas se sumaron a la jornada para denunciar el impacto de los marcos legales e industriales sobre sus territorios ancestrales.
Las comunidades advierten que las políticas de expansión de proyectos extractivos y de infraestructura profundizan un escenario de despojo territorial y cuestionan el incumplimiento de sentencias internacionales emitidas en favor del pueblo garífuna.
En este contexto, también se mantiene la preocupación por la situación de cinco líderes comunitarios de San Juan, quienes enfrentan procesos de judicialización, según las denuncias de las organizaciones, en un contexto de conflicto territorial y riesgo de desarraigo de sus comunidades.
La Alianza exigió el cumplimiento inmediato e integral de las sentencias internacionales favorables al pueblo garífuna, acompañado del fortalecimiento técnico, presupuestario e institucional del Instituto Nacional Agrario y de las entidades responsables de garantizar los derechos agrarios, ambientales, territoriales y humanos.
Respuesta policial diferenciada
El desarrollo de las protestas estuvo marcado por respuestas diferenciadas de las fuerzas de seguridad.
En Choluteca, pese a una llegada inicial de agentes policiales que los manifestantes calificaron de intimidante, la persistencia de la población organizada permitió establecer un proceso de diálogo en el lugar. Posteriormente, las partes alcanzaron un acuerdo para concluir pacíficamente la manifestación después de las 8:30 de la mañana.
Una situación distinta se registró en el puente de Quebrada Seca, en El Progreso, donde se desplegaron elementos de la Dirección de Fuerzas Especiales y unidades antimotines.
Antes de las 8:00 de la mañana, el subcomisario Gustavo Maradiaga, encargado de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 11, se presentó ante delegados de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y bases comunitarias. Según la información disponible, el funcionario advirtió que, aunque la Policía Nacional brindaba seguridad a las marchas móviles, la permanencia del bloqueo total de la vía podría llevar al uso de gas lacrimógeno como medida de disuasión, debido a la afectación al derecho a la libre locomoción de terceros.
Frente a este emplazamiento, los manifestantes de la zona norte reafirmaron su decisión de mantener una resistencia pacífica y argumentaron que la ocupación de las carreteras constituye, para las organizaciones, un último recurso para exigir respuestas concretas al Poder Legislativo.
Una jornada marcada por la conflictividad territorial
La Alianza Campesina, Indígena y Popular sostiene que el actual escenario político es resultado de la continuidad y profundización de un modelo de despojo territorial que, según su pronunciamiento, se ha mantenido durante distintos gobiernos.
Las organizaciones cuestionan particularmente un entramado legal integrado por los decretos 93-2021, 84-2026 y 107-2026, que consideran facilitadores de desalojos, criminalización de la protesta y ampliación de la protección estatal a intereses industriales y empresariales.
También denuncian el debilitamiento de las instituciones encargadas de garantizar los derechos agrarios, ambientales y humanos; el retorno de Honduras al CIADI; la amenaza de consolidar las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico existentes o impulsar figuras equivalentes; y la aceleración de licencias y proyectos extractivos sin participación efectiva de las comunidades.
A estas denuncias se suman el aumento del costo de los combustibles, la energía, el transporte y los alimentos, así como la inseguridad alimentaria y la falta de respuestas estatales, problemas que, según la Alianza, afectan especialmente a las comunidades rurales, las mujeres y la juventud.
Las organizaciones movilizadas afirmaron que la jornada se desarrolla como una acción de resistencia pacífica y anunciaron que continuarán fortaleciendo la unidad y la organización para defender sus territorios, la soberanía alimentaria y el derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro.
La evolución de la jornada dependerá ahora de la respuesta del Congreso Nacional y de las autoridades frente a las demandas planteadas, así como del manejo de las protestas que permanecen activas en distintos puntos del país.
