Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), dio a conocer este jueves la instalación de un monitoreo de agresiones a la libertad de expresión que puedan surgir en el marco
del proceso electoral a realizarse el mañana domingo.
En un boletín de prensa, la organización defensora de la libertad de expresión expuso que el monitoreo surge luego de “los ataques, agravios y descalificaciones en contra de la libertad de expresión y el derecho a informar”.
Estas agresiones son generadas a partir de un discurso gubernamental “estigmatizante” y que su objetivo es desacreditar la labor de periodistas nacionales e internacionales, de acuerdo con C-Libre.
La organización que defiende la libertad de expresión hizo un llamado a los candidatos y militantes de los distintos partidos políticos para que, ayuden a crear un clima de tolerancia que facilite el trabajo de la prensa.
El trabajo periodístico y los estándares internacionales
En la Declaración Conjunta sobre Medios de Comunicación y Elecciones del año 2009, se llama a los Estados para respetar el trabajo de las y los periodistas en el marco de los procesos electorales, así como a derogar aquellas leyes que restringe ilegítimamente la libertad de expresión.
Esta declaración fue elaborada por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) , la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión (RELE), y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP).
Esta declaración habla sobre el deber de crear sistemas efectivos para prevenir amenazas y agresiones contra los medios de comunicación y otros actores que ejerzan su derecho de libertad de expresión. En el caso de que sucedieran, deben ser investigados, juzgados sus responsables y resarcir a sus víctimas.
Además, los medios de comunicación deben tener la libertad de informar sobre cuestiones electorales. No deben ser responsabilizados por difundir las declaraciones ilícitas que puedan realizar directamente los partidos o candidatos, tanto en el marco de la transmisión en directo como de la publicidad.
Sobre las leyes que restrinjan la libertad de expresión, esta declaración establece que “Cuando tales leyes aún se encuentren vigentes durante una campaña electoral, las autoridades deben aplicar las garantías constitucionales o internacionales que protegen la libertad de expresión”.
Actualmente en Honduras, dentro de un paquete de reformas al Código Penal, aprobadas por el Congreso Nacional (CN) en el mes de febrero de este año, a iniciativa del diputado del Partido Nacional (PN), Óscar Alvarez Guerrero, está el artículo 335-B que criminaliza y estigmatiza el trabajo de periodistas y comunicadores sociales.
El articulo 335-B establece que «quienes hicieran públicamente apología enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o incitaren a otros a cometer o financiamiento de este, debe recibir pena de cuatro a ocho años de prisión».
A pesar de la oposición de organizaciones de derechos humanos, entre ellas C-Libre, quienes han interpuesto acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), este artículo continúa su vigencia en el país.
Ver Declaración Conjunta sobre Periodistas y Proceso Electoral, aquí.
