Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Existe una desigualdad en la población hondureña para acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que en los últimos cinco años, la pobreza general se ha mantenido, siendo un promedio de 68.12 por ciento, total de la ciudadanía que vive en condiciones de miseria.
Según la Coalición Contra la Impunidad Honduras, también, se ha mantenido la desigualdad, El 15.6 por ciento de la población no cuenta con servicio público o privado de agua, el 7.1 por ciento no tiene ningún sistema de saneamiento, y el 11 por ciento, no cuenta con el servicio de electricidad en su vivienda.
“La respuesta del Estado en materia de asistencia social no ha tenido impacto alguno sobre los niveles de pobreza o desigualdad. No existen programas que aborden el problema de la pobreza y la desigualdad desde un enfoque integral, más bien, programas asistencialistas como el bono 10,000 se han convertido en la única solución propuesta por el gobierno para superar la pobreza, y éstos son asignados siguiendo criterios partidarios”, denunció la Coalición.
Reducir el costo de servicios básicos
Por lo tanto recomendaron al Estado de Honduras, en el marco del Tercer Examen Periódico Universal (EPU) de los Derechos Humanos, implementar medidas para reducir el precio y facilitar el acceso de servicios básicos como la energía eléctrica y agua potable, incluyendo la reversión de los procesos de privatización.
Además, de implementar políticas públicas integrales para la reducción de la pobreza y la desigualdad, incluyendo medidas para eliminar el sesgo partidario en el acceso a programas de asistencia social y auditar la deuda pública e implementar medidas para reducirla.
Políticas que profundizan la precarización
“En materia de empleo, a partir del golpe de Estado, el Gobierno ha promovido políticas públicas tendientes a profundizar la precarización laboral. Entre las medidas que destacan se encuentra el empleo por hora, la destrucción de sindicatos y la expansión e intensificación de políticas orientadas hacia la privatización”, sostuvo la Coalición en una ficha de recomendaciones sobre el EPU entregada a las embajadas y organismos internacionales.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), el 80 por ciento de las y los hondureños ocupados reportaron percibir ingresos menores a un salario mínimo. Asimismo, persiste la desigualdad de género en el acceso a empleo formal, las mujeres es de 1,727,138 mujeres, mientras que la de hombres asciende a 2,609,240. A 2018 existen 625,361 mujeres que no trabajan ni estudian, 3.76 veces más que los hombres. Adicionalmente, la violencia generalizada ha afectado severamente a rubros como el del transporte, donde 1,498 transportistas han sido asesinados entre 2010 y 2017 a causa de la extorsión.
Algunas recomendaciones necesarias
Para la Coalición Contra la Impunidad es importante que el gobierno de Honduras pueda implementar medidas para reducir la flexibilización laboral, incluyendo la derogación de la Ley del Empleo por Hora.
Implementar medidas de política pública con enfoque de género para atender el problema de acceso a empleo formal, además de efectuar medidas para la eliminación la precarización laboral, incluyendo la eliminación de programas como Con Chamba Vivís Mejor.
Así mismo, la Coalición Contra la Impunidad Honduras, puntualiza que es importante, incrementar el número de afiliados a mecanismos de previsión social, fundamentalmente al Instituto Hondureño de Previsión Social.
Además, la vulnerabilidad ambiental y la atención deficiente de las sequías han afectado profundamente el derecho a la alimentación y nutrición adecuada. Honduras es uno de los tres países con el mayor riesgo climático del mundo.
El 49 por ciento del territorio está expuesto a incendios, 12 por ciento, a inundaciones, 15 por ciento a deslizamientos y 19 por ciento a sequías. La atención deficitaria del corredor seco ha provocado que el 58 por ciento de la población del corredor se encuentre en situación de inseguridad alimentaria crónica o aguda.
Pandemia profundizó la desigualdad
El 12 de marzo del 2020, el Gobierno hondureño declaró una emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19 y el dengue. Honduras es un país exportador de productos primarios, como el café, el banano y el aceite de palma. Según un análisis del Banco Central de Honduras (BCH) el precio del café ha subido hasta alcanzar los 119,55 dólares de los Estados Unidos por 100 libras.
Se prevé que la pandemia afectará no solo a la demanda agregada y las cadenas de suministro de productos primarios exportados por Honduras, sino también al sector de la maquila. La maquila se ha convertido en la actividad exportadora más importante del país, actividad que, según el cálculo más reciente, representa el 4,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) según el BCH.
Honduras fabrica sobre todo textiles y ropa, pero también produce insumos para la industria de los arneses y componentes de automóviles, procesa plásticos y ofrece servicios empresariales, entre otros. El sector de la maquila provee empleos a 150.000 personas. Las estimaciones preliminares para 2019 preveían un crecimiento de las exportaciones y la creación de empleo en este sector, tendencia que se traslada a las proyecciones para 2020.
No obstante, a consecuencia de las interrupciones de la cadena de suministro y los impactos negativos en las demandas provocadas por la pandemia del COVID-19, es posible que este sector tenga dificultades para cumplir dichas expectativas. Tomando en cuenta su tamaño e importancia para la economía del país, este sector se ve especialmente expuesto y puede resultar en dificultades para la generación de ingresos y pérdida de empleos a causa de la pandemia.
Fuentes de empleo en decadencia
Los viajes y las actividades turísticas también son importantes en Honduras y se verán afectados debido a la rápida reducción de desplazamientos en todo el mundo, los viajes nacionales también se verán afectados por las medidas de cuarentena, en especial durante la Semana Santa, que es uno de los momentos en que los hondureños realizan un mayor número de viajes domésticos.
Además, Honduras depende en gran medida de las remesas internacionales. Se calcula que aproximadamente un millón de hondureños viven fuera del país y muchos de ellos envían transferencias a sus familias.
Con el tiempo, estas transferencias se han convertido en una importante fuente de divisas para el país, que aumentaron un 13,1 por ciento hasta alcanzar los 5.500 millones de dólares de los Estados Unidos en 2019 según el BCH
En la actualidad, el 80 por ciento de los migrantes se encuentra en los Estados Unidos; casi el 8 por ciento, en España, y el resto se reparte por América Latina y otros países europeos. En su mayor parte, los migrantes trabajan en tres sectores: servicios, construcción y manufactura, y en promedio envían remesas por valor de 542,70 dólares de los Estados Unidos a sus familias en Honduras
El 54,7 por ciento, de las familias hondureñas asegura que estas remesas constituyen su principal fuente de ingresos. Según declaran, estas familias destinan la mayoría de esos ingresos a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación y salud. Para 2020 y 2021, el BCH prevé un menor crecimiento del monto de las remesas de los migrantes.
La Coalición, sostiene que existe una necesidad de ddisminuir el gasto público en defensa y seguridad, priorizando la inversión pública en salud, educación, vivienda y alimentación.
Además de facilitar el acceso a créditos y asistencia técnica a productores agrícolas en el corredor seco, incluyendo medidas de atención al problema de inseguridad alimentaria crónica o aguda y falta de soberanía alimentaria.
