Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En el contexto actual de emergencia sanitaria por el COVID-19, los gobiernos la utilizan para crear leyes que restringen el trabajo periodístico, alertó esta semana, Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Cerca de 24 países a nivel mundial, son víctimas de la autoridad estatal para silenciar medios de comunicación, periodistas y liderazgos de opinión pública, citó la organización con sede en París, este 16 de junio.
En el caso de Centroamérica, Reporteros Sin Fronteras, mencionó a El Salvador y Honduras, donde se adoptaron medidas para limitar la libertad de expresión y restricciones a los movimientos de los y las periodistas.
Sobre el tema, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christopher Deloire, aseguró que la crisis sanitaria del Coronavirus tiene un “impacto particular” en el periodismo y el derecho a la información.
«Para llevar su represión aún más lejos, los peores regímenes han recurrido a todos los medios a su alcance y, cuando estos resultaban insuficientes, han introducido otros nuevos con la excusa de la urgencia o de las circunstancias excepcionales. Ahora es urgente acabar con esas medidas excepcionales y desbloquear la información», expuso Deloire.
Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró pandemia por COVID-19, el 11 de marzo del presente año, a la fecha es fundamental que se levanten estas medidas excepcionales, expresó RSF.
Contexto en Honduras
Desde el 16 de marzo, el Estado hondureño decretó la suspensión de garantías constitucionales, entre ellas la libertad de expresión (estipulada en su artículo 72 de la Constitución de la República), a través del Decreto Ejecutivo PCM 021- 2020.
La decisión gubernamental fue rechazada por organizaciones nacionales como el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) e internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en ingles) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
C-Libre, registra desde el inicio de la suspensión de garantías constitucionales, 44 alertas sobre agresiones a la libertad de expresión en el país. Del total, 36 alertas fueron dirigidas a periodistas y camarógrafos.
Entre las agresiones destacan: La creación del Decreto PCM 021-2020, Detenciones ilegales, censura, agresiones físicas (por parte de Policías), amenazas de muerte, discurso estigmatizante por parte de funcionarios de gobierno, intimidación y contagios de COVID-19.
COVID-19 y mirada internacional hacia labor periodística
Declaración conjunta expertos internacionales (19 de marzo): El periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia de salud pública, en particular cuando tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear las acciones del gobierno. Instamos a todos los gobiernos a que apliquen firmemente sus leyes de acceso a la información para garantizar que todas las personas, especialmente los periodistas, tengan acceso a la misma.
Declaración subdirector de información de la UNESCO (27 de marzo): Las organizaciones de medios de comunicación deben asegurarse de que los periodistas estén formados en las precauciones sanitarias y estén equipados con equipos de protección. Cuando envían periodistas a informar sobre el virus, su seguridad debe ser una prioridad.
Pandemia y Derechos Humanos CIDH (10 de abril): Abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos que cumplen una función central durante la emergencia de salud pública, con el objeto de informar y monitorear las acciones del Estado. Los Estados no deben incluir a los comunicadores en las restricciones de circulación y tienen la obligación de permitir el acceso a las conferencias de prensa oficiales a todos los medios, sin discriminación por línea editorial, a excepción de las medidas necesarias y proporcionales 14 para proteger la salud.
Declaración Alta Comisionada de ONU (24 de abril): «Algunos estados han utilizado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y sofocar las críticas”, aseguró la Alta Comisionada. También señaló que algunos líderes políticos han dirigido declaraciones a periodistas y trabajadores de los medios que crearon un ambiente hostil para su seguridad y su capacidad para hacer su trabajo.
