Washington, D.C. (Conexihon).- Cientos de organizaciones de sociedad civil nacional e internacionales, exhortaron al gobierno de Honduras y Colombia, para que garanticen los derechos humanos de los defensores, líderes sociales, comunidades étnicas y campesinas amenazadas por grupos armados durante la pandemia del COVID-19, que registra un aumento de la vulnerabilidad de los defensores en medio de la crisis sanitaria.

«La pandemia de COVID-19 está intensificando las crisis de derechos humanos en Honduras y Colombia», dijo el director ejecutivo de EarthRights, Ka Hsaw Wa. “Estos gobiernos están protegiendo sabiamente al público con órdenes de aislamiento social. Pero estas mismas medidas han introducido nuevos riesgos para los defensores de derechos humanos que ahora son particularmente vulnerables a los grupos armados que intentan silenciarlos. Instamos a los gobiernos de Honduras y Colombia a defender los derechos humanos de estos defensores y defensoras durante esta crisis de salud pública».

Casos de agresiones durante la cuarentena

En Honduras, durante la cuerentena se registró el asesinato de la defensora Iris Argentina Álvarez (53), campesina y defensora de la tierra, quien recibió un disparo por supuestos elementos de seguridad contratada por la Empresa Azucarera La Grecia en conjunto con presuntos miembros de la empresa privada  de seguridad CRAE’S, el jueves dos de abril.

Además, se registraron los ataques contra, Yoni Rivas de la Plataforma Agraria; Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que se encuentra actualmente en el Bajo Aguán, incapaz de abandonar la zona por el toque de queda. En consecuencia, las medidas de seguridad a su favor son inadecuado para garantizar su vida. Ha sido objeto de vigilancia y acoso por parte del grupo paramilitar La Confianza; en múltiples ocasiones la presencia de hombres de este grupo, fuertemente armados y con máscaras cerca de la casa donde vive.

De igual forma, Jaime Adali Cabrera, integrante de la Plataforma Agraria, ha sido objeto de amenazas y actos de provocación por parte de los paramilitares. Grupo comandado por Santos Marcelo Torres que opera en el área de la comunidad de Panamá y la granja Paso Aguán. Estos incidentes incluyen amenazas de muerte, la presencia de hombres armados que vigilan su casa y varios robos de cerdos del Sr. Cabrera, que constituyen provocaciones y acoso. Ha recibido información creíble que indica que hay un plan para contratar a un asesino a sueldo para asesinarlo a él y a un colega de la Empresa Campesina Gregorio Chávez.

Además, Esly Banegas de COPA, desde febrero de este año ha denunciado que ha recibido solicitudes en múltiples ocasiones, por telefono y en persona para que ella se reúna con Lenir Pérez, uno de los propietarios del proyecto minero de Guapinol, por el que están detenidos ilegalmente siete defensores de la tierra. La lideresa Banegas y su esposo, beneficiarios de medidas de protección, han interpretado estas comunicaciones como amenazas. 

Hostigamiento a comunicadores sociales

El comunicador social, Leonel George de COPA, también, denunció que los días ocho, 14 y 25 de abril, se publicaron artículos estigmatizadores en la página de Facebook, ‘La Voz de Tocoa y  Tocoa Exclusivas». El defensor fue encarcelado arbitrariamente y criminalizado ilegalmente, constituyendo un tribunal persecución que ha puesto en riesgo sus derechos humanos y la vulnerabilidad.

Iguales condiciones alerto la comunicadora, Karla Zelaya de la Plataforma Agraria, quien denuncio ser intimidada, amenazándola con detenerla dos veces en estas últimas semanas por militares y agentes de seguridad de un supermercado.

Además, líderes y lideresas de La Lempira, incluyendo a Raúl Ramírez del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), evidenciaron que el siete de abril, miembros de la comunidad encontraron un vehículo abandonado en la entrada de su casa, por lo tanto fueron a la estación de policial y les informaron que el auto fue robado el día anterior y que tenía bolsas de comida que serían  distribuidas por el gobierno, por lo tanto, “se teme que la policía intente utilizar este incidente para criminalizar a los beneficiarios de MC 50-14 en La Lempira”, explicaron las organizaciones.

Vulnerabilidad en aumento

La vulnerabilidad aumentó en el contexto de la pandemia, al encontrar que los ataques por parte de grupos armados no respetan las medidas de aislamiento social obligatorio y, por el contrario, han aprovechado la situación para movilizarse ilegalmente por los territorios y atacar a las y los defensores, señaló el comunicado de prensa.

Un total de 116 organizaciones de Honduras firmaron la carta dirigida al Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, mientras que 101 organizaciones colombianas se sumaron haciendo el mismo llamado a sus líderes.

Colombia y Honduras son considerados como dos de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, el medio ambiente y los derechos a la tierra.

La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a los agricultores en el Bajo Aguán en 2014, pero el gobierno hondureño no las ha cumplido adecuadamente. Más de 140 líderes campesinos en Honduras han sido asesinados desde el 2010.

“Si bien las amenazas contra los defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales se han denunciado a las autoridades de ambos países, las medidas de protección no han garantizado su seguridad”, agregaron las organizaciones firmantes.

Libertad para los defensores

Los defensores del río Guapinol, corren un grave riesgo de contagio de COVID-19 por estar detenidos en prisión a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva en dictarles medidas a la prisión preventiva.  

Al respecto, integrantes del Parlamento Europeo denunciaron recientemente que esta detención preventiva «no tiene una justificación legal sólida» y constituye «hostigamiento judicial de los defensores en ausencia de pruebas incriminatorias claras contra ellos”. 

En la misma línea, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró el 25 de marzo de 2020: «Ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas las personas detenidas sin una base legal suficiente, incluidos los presos políticos y otros detenidos simplemente por expresar opiniones críticas o disidentes».

Agro política desfavorece a campesinos

En Honduras, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Ejecutivo el 11 de abril, que establece «medidas para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria». Al día siguiente, el presidente Juan Orlando Hernández presentó un plan para garantizar la seguridad alimentaria del país, pero el plan prioriza las operaciones de agro negocios, dejando poco apoyo para pequeños productores independientes o defensores de los derechos a la tierra, y tampoco toma en cuenta los mayores riesgos de seguridad impuestos por la pandemia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha recordado a los Estados que las medidas de emergencia deben «adherirse a la observancia incondicional de las normas interamericanas e internacionales sobre derechos humanos, que son universales, interdependientes, indivisibles y transversales».

Específicamente, los Estados no pueden suspender los derechos «irrevocables» y deben «adoptar un enfoque intersectorial de derechos humanos en todas sus estrategias, políticas y medidas gubernamentales para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias».