Washington D.C. (Conexihon).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista José Arita, ocurrido el 25 de Noviembre de 2019 en Puerto Cortés, departamento de Cortés, Honduras y observa con preocupación que se trataría del sexto asesinato contra personal de prensa en lo que va del año. Asimismo, insta al Estado hondureño a investigar los casos de forma completa, efectiva e imparcial, esclarezca sus móviles y determine la relación que pudieran tener con la actividad periodística.
Según información de medios de comunicación en Honduras, José Arita habría sido atacado con armas de fuego por desconocidos cuando se encontraba saliendo de las instalaciones de Puerto Visión Canal 12 ubicadas en Puerto Cortés, a unos 200 Km al norte de la capital Tegucigalpa, después de terminar su programa, «La Hora de la Verdad». El vocero de seguridad de la Policía de Honduras, Jair Meza Barahona, informó que el asesinato puede estar relacionado al trabajo periodístico de Arita. De acuerdo a denuncias realizadas por el mismo periodista antes del atentado que terminó con su vida, en su último programa, dijo que habría sido excluido de algunas conferencias de prensa y habría anunciado a un abogado como invitado en su próximo programa para analizar temáticas concernientes al Nuevo Código Penal en Honduras.
Esta Oficina ha contabilizado seis asesinatos en lo que va del 2019 en el país, con Arita se trataría del segundo comunicador asesinado en Puerto Cortés.
El 21 de Noviembre, la Policía de Honduras hizo el levantamiento el cuerpo de la comunicadora y presentadora de televisión del canal 45 de Catacamas (Olancho), Johana Alvarado, quien fue encontrada muerta con signos de abuso y disparos en la cabeza. Las causas del crimen aún no habrían sido esclarecidas.
El 1 de Noviembre, el periodista Buenaventura Calderón, uno de los coordinadores del noticiero Ecos de la Mosquitia, en la Radio Kupia Kumi, de Puerto Lempira fue asesinado a tiros junto a su esposa, María Calderón, quien habría fallecido horas después en el hospital. Habría recibido varios impactos de bala antes de llegar a su vivienda. Según sus compañeros de trabajo Calderón trataba temas referentes al tráfico de droga por la zona, corrupción y era un defensor de los derechos humanos y territoriales de pueblos misquitos de esa región. Según las autoridades policiales, las causas del asesinato del comunicador, quien además era comerciante, y de su esposa están en proceso de investigación para detener a los responsables materiales e intelectuales de este doble crimen.
El 31 de agosto el corresponsal de la señal televisiva nacional Canal 6 y de la televisora local Cable Mar TV, Edgar Joel Aguilar, fue asesinado por un desconocido que le disparó varias veces cuando se encontraba en una barbería en La Entrada, municipio Nueva Arcadia (Copán). Aguilar cubría noticias policiales y, de acuerdo a la prensa local, días antes de su muerte había recibido amenazas a través de las redes sociales. El comunicador habría hecho una denuncia ante la Dirección Policial de Investigación y habría solicitado protección. Según el director del Mecanismo Nacional de Protección, Danilo Morales, el programa no habría sido informado sobre las amenazas contra el periodista. En años anteriores Aguilar ya había sido víctima de ataques y amenazas.
El 5 de julio fue asesinado el presentador de televisión Santiago Carvajal, activista por los derechos de la comunidad LGTBI. El comunicador habría sido atacado con armas de fuego, por sujetos no identificados, en Puerto Cortés. Falleció horas más tarde en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Carvajal dirigía el programa de corte crítico La Galaxia de Santy, en un canal de televisión de su localidad. Las causas del crimen aún no habrían sido esclarecidas.
El 17 de marzo fue asesinado el periodista Gabriel Hernández en el municipio Nacaóme (Valle). Hernández, dirigía el programa «El Pueblo Habla» de Valle TV. Fue atacado a balazos por dos individuos a bordo de un vehículo, y falleció horas después en el hospital. El periodista, que también trabajaba como corresponsal de Radio Globo, era conocido por sus fuertes críticas en contra del alcalde municipal de Nacaóme y de los diputados del departamento. De acuerdo con información disponible, el periodista había sido objeto de amenazas, agresiones policiales y negativas de información por parte de las autoridades municipales.
De acuerdo a información proporcionada por diferentes organizaciones de la sociedad civil, 81 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habrían sido asesinadas en el país o desde 2001 a la fecha.
La Relatoría ya ha manifestado en múltiples oportunidades la necesidad imperiosa de combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia. En este sentido, ha resaltado la importancia de la creación de programas especializados de protección permanente en aquellos países donde la violencia contra los periodistas y trabajadores de medios de comunicación esté particularmente extendida, señalando que, para que dichos mecanismos sean eficaces, es preciso que estén respaldados por un fuerte compromiso político del Estado, así como que cuenten con recursos humanos suficientes, entrenados y capacitados para recibir las solicitudes de protección, evaluar el nivel de riesgo, adoptar e instrumentar las medidas de protección, así como monitorear las medidas que se encuentren vigentes.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, repudió el asesinato del periodista y afirmó que «el Estado debe llevar adelante una investigación completa, teniendo en cuenta la relación de su labor como principal hipótesis del crimen y agotar todas las líneas de investigación». A su vez, instó al gobierno a investigar las razones por las cuales el Mecanismo Nacional de Protección de Honduras no otorgó protección efectiva al mencionado periodista.
La Relatoría Especial llama al Estado hondureño a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solo podrá evitarse, según afirma la Comisión Interamericana, «mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno».
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
