Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de 3,000 delitos por casos graves de corrupción mantiene bajo investigación el Ministerio Público de Honduras, dejando en promedio un acto de corrupción cometido cada catorce horas por los funcionarios hondureños entre 2012 y 2016.
Los casos no resueltos fomentan la impunidad, indican las cifras oficiales del Ministerio Público, muestra de ello es el aumento exponencial de los casos de abuso de autoridad, malversación y violaciones a los deberes de los funcionarios, de acuerdo con la resolución DGF-123-2018, emitida por la Dirección General de Fiscalía y la Oficina de Planificación Estratégica y Gestión de la Calidad (OPEGEC).
Datos estadísticos del Ministerio Público obtenidos por el Comité por la Libre Expresión revelan que entre 2012 y 2016 el delito más cometido por los funcionarios públicos es el abuso de autoridad (1,866 casos investigados), seguido de violación a los deberes de los funcionarios (599), Malversación (328), desobediencia (35), prevaricato en materia criminal (33), retardo malicioso o irresponsable de la administración de justicia (23), exacción ilegal (17), evasión (15), prevaricato en juicio no criminal o asunto administrativo (13), coacción (11), falso testimonio (2) y negociación incompatible con el ejercicio de las funciones públicas (2).
En este período la Fiscalía registró una prevalencia de tres tipologías de delitos más cometidos por los funcionarios hondureños abuso de autoridad, malversación y violaciones a los deberes de los funcionarios.
Seguido por los delitos de desobediencia, prevaricato en materia criminal, retardo malicioso o irresponsable de la administración de justicia, exacción ilegal, evasión, prevaricato en juicio no criminal o asuntos administrativos, coacción, falso testimonio, negociación incompatible con el ejercicio de las funciones públicas.
Los lugares donde más se cometen delitos
De acuerdo con esta categorización la mayor cantidad de casos de abusos de autoridad ocurrieron en 2012 y 2015. Para 2012, los departamentos donde se registraron mayores abusos fueron: Francisco Morazán 136; Cortés 112; Colón 6; Comayagua 6; Yoro 6, Atlántida 5, Intibucá 4, La Paz 3, Lempira 3, Santa Bárbara 3, Choluteca 2, El Paraíso 2, Valle 2, Copán 1, e Islas de la Bahía 1.
Coincidiendo el mismo patrón de corrupción para el 2015, Francisco Morazán 294, Cortés 134, Yoro 2, Atlántida 1, Islas de la Bahía 1 y Santa Bárbara 1, son los departamentos donde ocurren los delitos de abusos de autoridad.
Estas cifras de los tres delitos por corrupción más cometidos en Honduras muestran dos elementos, el primero que ocurren en los departamentos dónde se concentra el Gobierno Central y en segundo donde existe mayor concentración poblacional.
Las condenas disminuyen
Si todos estos casos por los diferentes delitos fueran debidamente probados por el Ministerio Público en juicio tendríamos a más de 3,000 con penas que oscilan los 3-6 años para los delitos de abuso de autoridad, es decir 1,866 personas; de 3-6 años los funcionarios condenados por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, es decir, 599 personas; entre 2 y 5 años por malversación de caudales públicos.
Con la publicación del nuevo Código Penal en Honduras las penas por estos delitos se han reducido a la mitad, pese a qué los datos oficiales del MP indican que las denuncias han aumentado año con año. Sin embargo, existe una clara cifra gris que no es denunciada por la ciudadanía por lo tanto estos delitos ni siquiera estarían siendo investigados en nuestro país.
Maccih, un hilo rojo a punto de romperse
En un intento por revertir la impunidad y los graves casos de corrupción del país la Misión de Apoyo Contra la Corrupción (Maccih) se instaló en Honduras en abril del 2016, develando una enorme red de diputados vinculados malas prácticas, algo que tomaba forma un escándalo de grandes proporciones.
El propósito general de la misión era “colaborar activamente con las instituciones del país y con la sociedad civil en desmontar el andamiaje que promueve la corrupción y la impunidad, y robustecer los mecanismos de investigación jurisdiccional, control de los recursos públicos y fiscalización del poder”.
Desde su establecimiento la Misión logró avanzar en los casos de alto perfil que había elegido, incluyendo las sentencias de dos ex viceministros, un magistrado del Consejo de la Judicatura, y logró que se llevaran a cabo las acusaciones en dos de sus casos de más alto perfil – el caso en contra de cinco diputados y el caso contra la ex Primera Dama Rosa Elena de Lobo.
Se estima que los funcionarios investigados causaron un daño al patrimonio del Estado de Honduras de 302,950.000 lempiras (US$12,600 millones de dólares aproximadamente), una escandalosa cifra que supera el presupuesto anual de la nación en 2019, de 261,678 millones de lempiras, (unos 10,800 millones de dólares).
El sexto informe de la Maccih indica que entre octubre de 2018 a abril de 2019 siete nuevos requerimientos fiscales han sido presentados por el Ministerio Público, con apoyo técnico y jurídico de la MACCIH: “Caja Chica del Hermano”, “ampliación del Caso Pacto de Impunidad”, “Licitación Fraudulenta del Instituto de Seguro Social”, “Arca Abierta”, “Fraude sobre el Gualcarque”, “Patuca III – Colusión y Corrupción”, así como el requerimiento de aseguramiento de bienes relacionados al caso Caja Chica de la Dama.
Pese a los avances en materia de corrupción, poco más de un mes en el cargo le resta al vocero de la Misión, el brasileño Luiz Guimarães Marrey, a finales de junio, lo que deja a punto de crisis el proceso para la renovación del mandato, una acción que se debate en altas esferas políticas mientras la sociedad civil teme que siga la misma ruta de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuando este órgano empezó a dar resultados.
Se trata del segundo jefe de la Maccih, que abandona el puesto, luego de la renuncia, en febrero de 2018, del peruano Juan Jiménez Mayor, culpando al secretario general de la OEA, Luis Almagro y denunció su complicidad con varias irregularidades en el funcionamiento de la misión.
Estos incidentes también parecen reflejarse en el Índice de Percepción de la Corrupción que muestra un estancamiento de la lucha contra la corrupción. Honduras se sitúa hacia el final de la tabla en el puesto 138 de 180 países evaluados, con un índice de 29 un registro que permanece similar a las clasificaciones de los últimos 4 años cuando osciló entre el 31, 30 y 29.
La Ley Magnitsky: una forma alternativa de justicia, sin remplazarla
Hacia finales de este mes de mayo, resuena la justicia parcial instaurada por la Ley Magnitsky ofrece una ruta alternativa a la justicia en casos de impunidad, ruta con la que la sociedad civil debería involucrarse, pero, como informa Elisabeth Witchel para la Red Global para la Libertad de Expresión IFEX, “no está exenta de desafíos e incluso que podría ser víctima de su propio éxito”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una nueva lista de 11 funcionarios implicados en actos de corrupción. Se trata del expresidente Rafael Leonardo Callejas, el expresidente del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. Asimismo, figura la exdiputada Lena Gutiérrez. También Fredy Nájera, quien se encuentra tras las rejas por narcotráfico en Estados Unidos.
Igualmente, el exalcalde de San Pedro Sula, Óscar Kilgore, y la exalcaldesa de Choloma, Sandra Deras. En la lista figuran los exconcejales Celino Aguilera, Francisco Quiroz, Liliam Maldonado y Julio César Barahona. Meses atrás, Estados Unidos había señalado a Teodoro Bonilla, Marcelo Chimirri, Boris Espinal, Nelson Abdalá, Darío Mejía, Mario Zelaya, Javier Pastor, Carlos Montes, Yani Rosenthal y Yankel Rosenthal. Estados Unidos le había suspendido la visa a la mayoría de los señalados.
La condena internacional y la vigorosa campaña de grupos de derechos humanos no han logrado atenuar las cada vez más graves infracciones de los derechos por parte del Estado o responsabilizar a los culpables.
La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, que se convirtió en ley en diciembre 2016, autoriza al presidente de los EE. UU. a imponer prohibiciones de visa y congelar los activos de personas extranjeras responsables de violaciones graves contra defensores de los derechos y funcionarios gubernamentales o sus asociados que hayan participado en actos importantes de corrupción.
En la práctica, aquellas personas cuyos nombres aparecen en la denominada lista Magnistsky, pueden verse prohibidas de ingreso a los EE. UU., y cualquier propiedad que posean en los EE. UU. puede ser embargada, un duro golpe para aquellos que oprimen a los ciudadanos en sus países de origen y luego usan su estatus o riqueza para viajar libremente. La ley también permite que además de individuos, se incluyan entidades en la lista. En este caso, una corporación o incluso una institución gubernamental podrían ver bloqueadas todas sus propiedades e intereses dentro de la jurisdicción de los EE. UU.
A criterio de IFEX, las leyes de Magnitsky ofrecen cierta corrección a una injusticia global paradójica en la que algunos provenientes de países represivos pueden operar con impunidad en casa y también beneficiarse de su riqueza en el exterior, incluso en países que se consideran a sí mismos defensores del Estado de derecho y los derechos humanos.
A pesar del potencial de las leyes de Magnitsky para promover los derechos humanos, siguen existiendo muchos desafíos para los activistas que buscan utilizarlas. En los Estados Unidos recae principalmente en los departamentos de justicia, Estado y tesorería el revisar y determinar nombres, aunque varios comités del Senado también pueden presentar nombres.
El punto de participación de las ONG es proporcionar recomendaciones para los objetivos de sanción, junto con material de caso documentado, a estas oficinas. La ley establece que se considerará la información confiable de los grupos de monitoreo de derechos humanos y corrupción, y, según un funcionario del departamento de Estado, dan la bienvenida y alientan la colaboración de las organizaciones no gubernamentales. A pesar de esta invitación, la mayoría de los nombres propuestos por las ONG este año no han sido sancionados.
Los departamentos de estado y tesorería no han explicado por qué algunos nombres no fueron designados, pero las consideraciones políticas y de seguridad son una posibilidad. También es importante recordar que las leyes de Magnitsky pueden ofrecer una forma alternativa de justicia, pero no pueden sustituirla.
