Tegucigalpa, Honduras (Conexihon)-. Desde el primero de enero al primero de mayo de 2019 el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), registró un total de 46 agresiones a la libertad de expresión en Honduras, siendo la acción violatoria más cometida por el Estado hondureño la criminalización de la protesta pública, seguido de amenazas directas a periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de la comunicación.
Muchas veces las personas que salen a ejercer su derecho a la libertad de expresión, no tienen otro medio de hacerlo por eso se convierte en un discurso especialmente protegido, apunta el informe.
Represión antes que el diálogo
“El tema de la protesta social tiene una triple violación, porque se violenta el derecho a la reunión, manifestación y a la libertad de expresión, esto es grave por que el gobierno prefiere la represión al diálogo”, expresó el abogado Edy Tábora, director ejecutivo de C-Libre.
Francisco Morazán y Choluteca son los departamentos donde más reportan agresiones a la libertad de expresión, en los primeros meses del 2019 hasta el 1 de mayo, según las alertas publicadas en C-Libre.
Manifestante asesinado
El jueves 11 de abril, fue asesinado en Choluteca el adolescente, Wilfredo de Jesús Moncada (17), mientras participaba de una manifestación reprimida por elementos de la Policía Nacional.
En el caso de Moncada, elementos policiales a bordo de una motocicleta, le dispararon en su cabeza, siendo trasladado de emergencia a Tegucigalpa, donde falleció en horas de la madrugada, confirmó C-Libre.
En la autopsia realizada por Medicina Forense, registrada con el número 2019-0596, no determina las causas de su muerte, salvo un sello con la leyenda «EN ESTUDIO».
Esta muerte suma a las más de 30 que, durante el contexto post electoral ocurrieron en el país, la mayoría provocadas por las fuerzas militares, especialmente la Policía Militar del orden Público (PMOP), como lo reporta el Comité de Familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
La RELE-CIDH, ha observado con preocupación la forma en que algunas autoridades estatales han reaccionado frente a las protestas sociales ocurridas. En general, los participantes de las protestas se han manifestado en forma pacífica, aunque se han reportado hechos de violencia.
En ese contexto, los relatores especiales han sido informados sobre decenas de detenciones, amenazas y agresiones que habrían sido cometidas contra periodistas, comunicadores, manifestantes y usuarios de redes sociales que reportaban sobre las manifestaciones.
