Tocoa, Colón (Conexihon).- Esta semana se desarrolla en Honduras un proceso judicial considerado histórico en materia ambiental. El empresario hondureño Lenir Pérez, residente en Estados Unidos, comparecerá ante los tribunales nacionales para responder por acusaciones vinculadas a graves daños ambientales y extracción ilegal de recursos naturales en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, Pérez enfrenta cargos por daños agravados y explotación ilegal en una zona protegida que forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Este caso marca un precedente, al ser la primera vez que un alto directivo empresarial es llevado a juicio por delitos ambientales en el país.
En el contexto del Día de la Tierra, organizaciones y comunidades han reiterado su demanda de justicia por la afectación a ríos, bosques y ecosistemas, así como por los ataques contra personas defensoras del ambiente que han denunciado estas actividades.
Según las investigaciones del Ministerio Público, las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, vinculadas al conglomerado Emco Holdings y bajo la dirección de Pérez, habrían ejecutado múltiples irregularidades para desarrollar un proyecto de minería de óxido de hierro a cielo abierto dentro del parque nacional.
Entre las pruebas presentadas se señala la supuesta utilización de documentación falsificada ante instituciones estatales, la instalación de un botadero de desechos en zonas no autorizadas, la deforestación extensiva, apertura de caminos y la construcción de infraestructura de procesamiento mineral en las cercanías del río San Pedro, todo ello sin contar con licencia ambiental. Asimismo, se denuncia la militarización del área como mecanismo para limitar la fiscalización y la rendición de cuentas.
Los hechos se remontan a 2012, cuando la empresa inició operaciones en Tocoa, tras reformas que modificaron la zona núcleo del parque, proceso que, según las acusaciones, habría sido influenciado por intereses empresariales.
Además del empresario, otras tres personas vinculadas a la estructura operativa de las compañías han sido detenidas, mientras que el Ministerio Público también ha presentado cargos contra ocho individuos adicionales, incluidos exfuncionarios públicos, por su presunta participación en una red de irregularidades orientadas a facilitar el proyecto extractivo.
Aunque actualmente las operaciones mineras en la zona se encuentran suspendidas tras la aprobación del Decreto 18-2024 —que prohíbe la minería en parques nacionales—, persisten preocupaciones sobre posibles intentos de reactivación del proyecto.
El caso también se desarrolla en un contexto de riesgo para personas defensoras del ambiente en la región, quienes han enfrentado criminalización, amenazas y campañas de estigmatización. Varias de ellas cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La audiencia inicial está programada para este jueves 23 de abril a las 8:30 de la mañana, en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional, en Tegucigalpa. Hasta el momento, el Poder Judicial no ha confirmado si el proceso será transmitido públicamente, pese a las solicitudes presentadas.
