Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales advierten que reincorporarse al tribunal de arbitraje internacional podría priorizar intereses corporativos sobre la soberanía y derechos del pueblo hondureño.
Tegucigalpa, ConexiHon. – Más de 50 organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales rechazaron la decisión del nuevo gobierno de impulsar la reincorporación de Honduras al CIADI, mecanismo de arbitraje adscrito al Banco Mundial, al considerar que representa una señal política de subordinación a intereses corporativos transnacionales y un riesgo para la soberanía del país.
El pronunciamiento sostiene que la comunicación enviada al organismo en el primer día del mandato del presidente electo Nasry Asfura no constituye un trámite técnico, sino una orientación política que privilegiaría la protección de capitales extranjeros sobre el interés público.
Las organizaciones firmantes recuerdan que Honduras denunció el convenio del CIADI en febrero de 2024 y que la salida del mecanismo entró en vigor el 25 de agosto de ese mismo año, como respuesta a la acumulación de demandas arbitrales multimillonarias contra el Estado.
Según el documento, el país enfrenta actualmente 14 litigios internacionales con reclamos cercanos a los 9,895 millones de dólares, cifra que representa aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto hondureño.
Entre los casos más mencionados destacan las demandas vinculadas a las ZEDE Próspera y ZEDE Morazán, originadas tras la derogación del régimen jurídico que permitió la creación de zonas de gestión territorial privada durante el período de gobierno que impulsó ese modelo.
El pronunciamiento también advierte que la pertenencia al CIADI no ha demostrado garantizar mayor inversión extranjera directa y cita como ejemplo a Brasil, uno de los principales receptores de capital en América Latina, que no es miembro del sistema de solución de controversias inversionista-Estado.
Las organizaciones argumentan que estos mecanismos, conocidos como ISDS por sus siglas en inglés, pueden facilitar presiones sobre las políticas públicas en materia social, ambiental y territorial, y favorecer la expansión de proyectos extractivos o megaproyectos rechazados por comunidades locales.
Asimismo, el documento alerta que el retorno al CIADI podría profundizar conflictos asociados a la defensa de territorios y derechos colectivos, en un contexto donde defensoras y defensores ambientales han enfrentado criminalización y violencia, recordando casos emblemáticos como el de la lideresa indígena Berta Cáceres.
Las organizaciones llamaron al Congreso Nacional a abrir un debate público sobre la eventual reincorporación al CIADI, debido a que su ratificación requiere aprobación legislativa. También demandaron espacios de diálogo con la sociedad civil para discutir los impactos de la medida.
El pronunciamiento fue suscrito por más de 50 organizaciones nacionales e internacionales de América, Europa y otras regiones, entre ellas asociaciones comunitarias, centros de investigación, redes de derechos humanos y colectivos solidarios.
Las organizaciones concluyen que el interés público, la justicia social y la protección ambiental deben prevalecer sobre decisiones que, a su juicio, podrían reinsertar al país en una lógica de subordinación al capital transnacional.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció que el próximo 6 de marzo el país oficializará en Washington su reincorporación al CIADI, organismo del Grupo Banco Mundial.
El mandatario afirmó que la medida forma parte de la “seguridad jurídica” que el país debe ofrecer a la inversión extranjera y explicó que la firma se realizará en la sede del Banco Mundial, luego de haber enviado una carta formal solicitando el reingreso y expresando disposición a cumplir con los requisitos del convenio.
Con esta decisión, el nuevo gobierno busca enviar una señal de confianza a los mercados internacionales y reactivar la inversión extranjera directa, tras un período de tensiones entre el Estado y el sector privado.
El retorno al CIADI revierte la decisión adoptada en febrero de 2024 por la administración de Xiomara Castro, que denunció el convenio argumentando que afectaba la soberanía nacional. En ese momento, la Procuraduría General de la República sostuvo que la salida pretendía proteger las finanzas públicas y corregir lo que calificó como un sistema desequilibrado que favorece a inversionistas extranjeros.
La nueva administración, en cambio, apuesta por el arbitraje internacional como instrumento para fortalecer la competitividad y la estabilidad jurídica del país.
En 2016, comunidades del norte de Honduras sostuvieron una protesta de 421 días contra la instalación de peajes en el corredor turístico concesionado a Autopistas del Atlántico, denunciando que era inconstitucional y que afectaba la libre circulación. La movilización enfrentó represión, uso de gases lacrimógenos y persecución. En 2018, el contrato fue cancelado.
Cinco años después, en abril de 2023, la empresa Autopistas del Atlántico (ADASA) presentó una demanda por más de 179 millones de dólares contra el Estado hondureño ante el CIADI, alegando incumplimiento contractual tras la suspensión del proyecto por las protestas y la cancelación del contrato.
Este caso es uno de 15 arbitrajes internacionales activos contra Honduras, muchos vinculados a inversiones promovidas tras el golpe de Estado de 2009 y estructuradas bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP). Expertos señalan que estos mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS) permiten a empresas transnacionales demandar al país mientras las comunidades afectadas quedan sin voz.
El informe Inversiones Mafiosas contra Honduras sostiene que varios contratos APP fueron negociados en condiciones perjudiciales para el Estado y con poca transparencia. Además, advierte que, aunque Honduras se retiró del CIADI en 2024, los tratados de inversión aún permiten demandas en otros foros arbitrales.
El documento concluye que es necesario reformar la legislación nacional y revisar los tratados internacionales para eliminar privilegios excesivos otorgados a inversionistas extranjeros.
Entre 2023 y 2024, Honduras recibió 14 demandas en arbitraje internacional, lo que la convirtió en el segundo país más demandado de América Latina en ese período, solo después de México. Todas las acciones fueron interpuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial. Solo en agosto de 2024 —mes en que se oficializó la salida del CIADI anunciada por el gobierno de Xiomara Castro en febrero de ese mismo año— se presentaron cuatro nuevas demandas.
Desde 1999, Honduras ha enfrentado un total de 19 arbitrajes internacionales. De estos, 15 permanecen pendientes, tres fueron resueltos a favor de los inversionistas y uno se solucionó fuera del sistema arbitral. En nueve de los diecinueve casos, los demandantes han sido representados por la firma estadounidense White & Case.
Actualmente, el país mantiene cuatro vías jurídicas que permiten a inversionistas extranjeros demandar al Estado: ocho Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), doce Tratados de Libre Comercio (TLC) —incluido el CAFTA-DR—, la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones de 2011, y los contratos suscritos entre el Estado y empresas nacionales o extranjeras.
En cuanto al origen jurídico de las demandas, diez se han fundamentado en TBI o TLC, tres en la Ley Nacional de Inversiones y seis en cláusulas contractuales.
Ver pronunciamiento: https://terra-justa.org/dc_2017/wp-content/uploads/2026/02/Pronunciamiento-en-Defensa-de-la-Soberania-y-los-Derechos-Colectivos-en-Honduras-No-al-CIADI-25-de-Febrero-2026.pdf
