Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche del reciente once de febrero una reforma considerada “cosmética” la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, misma que no fue socializada o consultada con las organizaciones de sociedad civil, pese a que su construcción y exigibilidad fue un esfuerzo colectivo desde su promulgación bajo el decreto 134-2015.
Con la reforma esta normativa que cambia de nombre, a la “Ley De Protección Para Las Y Los Defensores De Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Operadores De Justicia Y Defensores Ambientales”, se incluye también la participación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), incorporándola al Sistema Nacional de Protección, con el mandato de “acompañar en los casos de protección y promoción de los defensores del medio ambiente y los bienes comunes”, pese a ser responsable del otorgamiento de licencias ambientales en el país, un hecho que ha sido duramente criticado por diversos sectores.
Al respecto, la directora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Amada Ponce, Consejera del Sistema Nacional de Protección expresó su preocupación por el reciente dictamen aprobado por la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional, el cual excluye la propuesta de reforma elaborada en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, la Secretaria de Estado en los Despacho de Derechos Humanos y la opinión de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil.
“Consultamos a representantes de las ocho organizaciones mencionadas en el dictamen, la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH); la Fundación San Alonso Rodríguez; el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los Jesuitas (ERIC-SJ) y Radio Progreso; a la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA); el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA); el Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Francisco Morazán (CILRFM); Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); el Movimiento Ambientalista de Santa Barbara (MAS); y el Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPA), pero ninguna de ellas fue consultada, además no toma en consideración la opinión de las organizaciones que fuimos parte de su creación o de los beneficiarios”, explica Ponce.
De acuerdo con la reforma, esta Ley tiene por objeto establecer mecanismos de protección, prevención y respuesta ante los riesgos que enfrentan los defensores del medio ambiente. Además, declara e𝐥 𝐝𝐢́𝐚 𝟐𝟒 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐧̃𝐨, como el “Día del defensor de los bienes naturales y comunes de Honduras”, 𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗼𝗿 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 asesinado en Tocoa, Juan Antonio López.
“La Ley de Protección ya reconoce a los defensores ambientales como parte de la población de beneficiaros y muchos de las personas defensoras o colectivos defensores del ambiente que reciben medidas de protección, esperamos mucho más de los cambios de esta normativa, es lamentable que el Congreso Nacional sea sorprendido con reformas cosméticas, es urgente destinar recursos técnicos, financieros y logísticos para implementar las medidas de más de 600 personas que requieren salvaguardar sus vidas”, añadió la directora de C-Libre.
La reforma al Decreto No. 34-2015, que contiene la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, fue desarrollado en octubre de 2024 por la Secretaría de Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección para estos sectores vulnerables. Sin embargo, la iniciativa aprobada por el pleno del Congreso solo contempla la propuesta presentada por el diputado Oscar Ariel Montoya Rodezno, dejando fuera las recomendaciones y aportes de la Secretaría.
Además, la versión del dictamen enviada a la Secretaría de Derechos Humanos para su revisión el 16 de diciembre de 2024 no reflejaba los acuerdos previamente discutidos dentro de la Comisión, lo que generó una desconexión entre las observaciones planteadas y el documento final. Asimismo, la falta de consulta con las organizaciones de defensa del medio ambiente y los territorios contradice el artículo 15-A del mismo dictamen, que establece el derecho de las comunidades afectadas a participar en los procesos de consulta.
Ante esta situación, el Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia advirtió además en un comunicado público que “la reforma incluye a la SERNA dentro del Sistema Nacional de Protección, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos. Y declara la participación de las comunidades afectadas por proyectos extractivos”, lo que a su juicio “no es un avance real”.
Para el MADJ, se trata de “una contradicción evidente. Mientras el Congreso declara en la ley que las y los defensores del medioambiente deben ser protegidos, al mismo tiempo redujo en 20 millones el ya precario presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos. Es decir, que nuevamente el discurso le gana a la acción concreta, a la obligación de protección. Esto es una acción proselitista más”.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), subrayó la necesidad de realizar consultas amplias para asegurar que las reformas respondan efectivamente a las necesidades reales de la población beneficiaria.
La OACNUDH ha realizado un diagnóstico del Sistema Nacional de Protección y su órgano ejecutor el Mecanismo Nacional de Protección que contiene 125 recomendaciones, mismas que se encuentran en proceso de revisión interna en la Secretaría de Derechos Humanos. Se estima que más de 600 personas cuentan con medidas de protección en Honduras.
