Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – Carlos Eduardo Ávila Aguilera es periodista, escritor, maestro de educación media y líder político en Choluteca, Honduras. Ha sido criminalizado por sectores conservadores desde 2007, cuando fue acusado de calumnias y difamación por denunciar casos de acoso sexual y hostigamiento contra estudiantes del Instituto José Cecilio del Valle (IJCV). Sus publicaciones, realizadas en diversos medios de comunicación, evidenciaron la impunidad con la que operaban ciertos docentes dentro del sistema educativo.
Uno de los acusados, quien sigue trabajando en el sistema educativo y es dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), fue denunciado por padres de familia en al menos cuatro casos distintos entre 1993 y 2007. Sin embargo, las denuncias fueron desestimadas por las autoridades educativas, quienes, en lugar de sancionar al docente, lo protegieron políticamente.
A pesar de que existían pruebas documentadas y testimonios de víctimas, las resoluciones administrativas en su contra no se ejecutaron. En un claro ejemplo de impunidad, el docente fue trasladado disciplinariamente al municipio de Trinidad, Santa Bárbara, pero dicha medida nunca se hizo efectiva.
Carlos Ávila también expuso irregularidades dentro del IJCV, como la creación de plazas fantasmas en la asignatura de Ciencias Sociales, en secciones inexistentes. A pesar de que se presentaron pruebas que confirmaban sus denuncias, la justicia hondureña desestimó en el juicio público varios folios de pruebas que favorecían al comunicador.
El periodista publicó estas historias en los diarios El Heraldo y La Tribuna, en las secciones “Los Caza Noticias” de Diario El Heraldo y en “Nacionales” de Diario La Tribuna, dejando toda la evidencia documentada. convirtiéndose en la voz de las víctimas. No obstante, esta labor periodística lo puso en la mira de sectores de poder en Choluteca.
El patrón de hostigamiento y acoso sexual de maestros a colegialas se prolongó durante años. Las acusaciones aumentaron en contra de diferentes docentes en el mismo instituto, el cual, según el expediente, «cuidó su honorabilidad». En 2014, otros dos mentores del mismo instituto fueron señalados de haber abusado sexualmente y embarazado a una escolar.
Conociendo la gravedad de la situación, Carlos Ávila investigó y publicó la información, sin embargo, esta acción expuso la inhabilidad del Ministerio Público y la influencia política en las autoridades educativas, lo que fue tomado como una afrenta contra el sistema judicial conservador.
Las menores que fueron desprotegidas por el Estado hondureño sufrieron las consecuencias de la falta de justicia. Su imagen fue despreciada por familiares y amigos del docente acusado, lo que afectó sus relaciones interpersonales y obligó a una de ellas a ser desplazada fuera de Honduras.
Las menores que fueron desprotegidas por el Estado hondureño sufrieron las consecuencias de la falta de justicia. Su imagen fue despreciada por familiares y amigos del docente acusado, lo que afectó sus relaciones interpersonales y obligó a una de ellas a ser desplazada fuera de Honduras.
De acuerdo con el expediente, se recibieron cuatro denuncias ante diferentes instancias educativas, pero solo una de ellas llegó a ser investigada por el Ministerio Público, pues la Fiscalía se envió una carta al director del Instituto en fecha 13 de noviembre del año 2000, haciendo referencia a la investigación número 1973-00. Los familiares de una segunda menor interpusieron una queja en la Dirección del Instituto.
Una tercera estudiante acusó al mismo profesor ante la Dirección del Instituto en 2006, acción que fue conocida posteriormente por la Dirección General de Educación de Choluteca.
Y otra cuarta acusación fue divulgada también por la entonces, Ministra de Educación, Senobia Rodas de León Gómez, haciendo referencia a la investigación de la Directora General de Educación, Olga de Núñez, hecho ocurrido en 1995.
Finalmente, la Dirección de Educación de Choluteca, motivó una resolución administrativa número 009DG dictando el traslado disciplinario al municipio de Trinidad, Santa Bárbara, tiempo después una resolución posterior número 180AL91, sostiene que el traslado del profesor señalado de acosar a varias estudiantes entre 1993 y 2007, no sería efectivo, sin determinar contundentemente el porqué de dicha medida.
La defensa de Carlos también presentó los acuerdos de varios docentes en plazas para las asignaturas de Ciencias Sociales, a secciones inexistentes en el IJCV, así como las inspecciones realizadas por las autoridades educativas, estás últimas fueron “lavadas” mediante el nombramiento de los mismos docentes para áreas administrativas, demostrando una fuerte influencia política del maestro, quien en ese entonces fungía como parte de la Junta de Selección de los docentes entre el 2004 a 2009.
El expediente de la acusación contra Carlos, indica que al menos cuatro folios con pruebas que le favorecían fueron desestimados, porque en la investigación interna de las autoridades educativas, no hubo una audiencia de descargo formalizada y fue desestimada la valoración psicológica de una de las víctimas y que al menos una de las estudiantes no contaba con “pruebas” del acoso.
Siendo el hostigamiento sexual un delito en el que una persona, valiéndose de una situación de superioridad, como en este caso un docente, cause en la victima represalias como se denunció la pérdida de clases, un hecho que debe valorarse ante el Ministerio Público, con una valoración que establezca entre otros elementos: periciales médicos sobre el estado de la víctima, copias de correos electrónicos recibidos o mensajes recibidos, grabaciones de conversaciones tanto en audio como en vídeo y fotografías, las autoridades educativas pudieron cometer errores al desestimar una de las denuncias.
III. Tribunal no valoró intención de «Real Malicia»
El docente denunciado utilizó el sistema penal para querellar al periodista por calumnias y difamación. A pesar de que Ávila contaba con pruebas documentadas y testimonios, fue condenado. «En la valoración de las pruebas evacuadas en el juicio oral, no se aplicaron los criterios de la sana crítica en su totalidad», denunció Saúl Bueso, coordinador del Área de Acceso a la Justicia del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
El Ministerio Público conocía las denuncias desde el año 2000, cuando la Fiscalía envió un oficio al director del instituto haciendo referencia a la investigación 1973-00. Sin embargo, el proceso nunca avanzó. «Las voces de las niñas fueron ignoradas», señaló C-Libre.
El Tribunal de Choluteca desestimó la doctrina de la «real malicia», la cual protege a los periodistas cuando informan sobre asuntos de interés público sin intención de dañar. En Honduras, el Código Penal establece que, para probar la «real malicia», la parte acusadora debe demostrar que el periodista difundió información falsa con dolo. Sin embargo, en este caso, ningún elemento de esta doctrina fue considerado.
IV. El exilio forzado y la lucha por justicia
De su lado, David Ávila, hermano de Carlos, considera que toda esta persecución le causó un severo problema de salud, “se volvió hipertenso” era tratado en el Seguro Social hace unos años, incluso en época de pandemia tuvimos que ver cómo se le conseguían los medicamentos, lamentó.
A su criterio, su hermano “se metió con dos grandes poderes en la zona Sur, la facción gremial ligada al Partido Nacional y los líderes del mismo partido”, en 2017 Carlos había hecho una transmisión en vivo a través de su programa “Los Intocables de La Noticia” de una aparente retención de tarjetas de identidad por parte de la dirigencia del Partido Nacional, en el período electoral, esta denuncia provocó que decenas de activistas lo persiguieran y amenazaran durante el programa.
Después de eso, -comentó- personas cercanas a la seguridad de Mauricio Oliva, precandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, “llegaron a la casa familiar y le pidieron a mi hermano que no siguiera publicando estas cosas, en esos días personas el docente acusado de acoso sexual también formaba parte de los liderazgos nacionalistas que se reunían en la casa de Oliva”.
Carlos continuaba sus escritos en diversos medios de comunicación del país, especialmente en temas de derechos humanos y problemas sociales del Sur del país, sus publicaciones pueden verse en Diario El Heraldo y Diario La Tribuna, así como en medios radiales y televisivos “Los Intocables de la Noticia”, “RM Stereo”, “Radio Fergusón” lo que siguió generando incomodidad en los sectores conservadores de la región sureña.
El periódico www.correodelsur.hn, un medio de comunicación digital establecido “con una línea política independiente –ajena a cualquier postura sectaria- en que la sana crítica y el espíritu constructivo construirán el sólido basamento de su lema o norma de conducta resumida en estos cinco vocablos: Por un cambio en desarrollo; fiel a lo cual se expresaran ideas, opiniones y juicios con criterio útil, objetivo veraz”.
En 2014, Ávila fue condenado a cuatro años de prisión bajo el antiguo Código Penal (Decreto 144-83). Tras apelar, la condena fue ratificada en 2020, pero la pena fue modificada a un año y dos meses de reclusión según el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). Cuando la defensa solicitó la conmuta de la pena por una multa económica, la jueza de ejecución denegó la petición, es decir fue juzgado con dos códigos penales, sostuvo el abogado Bueso.
«Toda esta arbitrariedad me obligó a vivir en la clandestinidad, fuera de Honduras, por temor a represalias», explicó Carlos Eduardo Ávila, en declaraciones a Conexihon.
Su hermana, Maritza Ávila, lamentó que la situación: «Le impidió tener una familia propia, construir una casa o mantener su medio de comunicación. Él tenía muchos sueños que aún no ha logrado cumplir».
Mercedes Veroy Santamaría, coordinadora del Partido Libertad y Refundación, recordó que «Carlos ha estado en la primera línea de diversas luchas sociales, como las protestas contra la corrupción del movimiento ‘Los Indignados’ y el fraude electoral de 2017». Su cuñado, José Daniel Ortiz Dávila, lo definió como «un luchador social» que «se puso en la primera línea por la defensa de la democracia en el golpe de Estado».
V. Un precedente peligroso para el periodismo
El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el Comité de Familiares Desaparecidos y Detenidos de Honduras (COFADEH) solicitaron la aplicación del Decreto de Amnistía 04-2022 a favor del periodista, argumentando que es un perseguido político. La Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) también reconoció su situación.
En abril de 2022, C-Libre presentó la solicitud de amnistía. Sin embargo, la jueza prolongó la audiencia y exigió la presencia de Ávila, exponiéndolo al riesgo de captura. «El Ministerio Público no tenía que intervenir, pero se le permitió participar arbitrariamente», denunciaron los defensores del periodista.
El caso sigue en la Sala de lo Constitucional desde diciembre de 2022. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional la «Ley de Amnistía Política» el 8 de octubre de 2024, la resolución aún no ha sido publicada en La Gaceta.
El caso de Carlos Ávila sienta un precedente alarmante. Si la condena se mantiene, cualquier periodista que denuncie delitos de acoso o abuso sexual podría ser perseguido penalmente. Esto enviaría un mensaje de impunidad a los agresores y desalentaría la lucha contra la violencia de género en Honduras.
Mientras la justicia no resuelva su situación, Ávila sigue en la incertidumbre, luchando por limpiar su nombre y por el derecho a informar sin miedo a represalias. «Dejar firme esta sentencia significaría que en Honduras denunciar el acoso sexual es más castigado que cometerlo», concluyó C-Libre.
