Tegucigalpa, Francisco Morazán (ConexiHON). – Esto es lo que sostienen, diversas organizaciones de la sociedad civil de caracter internacional quienes en un pronunciamiento conjunto hacen un llamado a las autoridades hondureñas a hacer justicia en el caso de Berta Cáceres, lideresa indígena y activista social hondureña, que fue asesinada el 2 de marzo de 2016 tras liderar la oposición a la instalación inconsulta e ilegal de la represa de Agua Zarca.
«La justicia en el caso de Berta Cáceres sigue siendo denegada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que no ha confirmado las condenas de los ocho individuos responsables de su asesinato», sostienen: el Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR), Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
«El retraso innecesario de la Corte en asumir el caso perpetúa el ciclo de impunidad por la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y causa a su familia un sufrimiento inconmensurable mientras esperan un resultado definitivo en su caso», mencionan publicamente las anteriores organizaciones.
Denota el pronunciamiento que el 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó sentencia condenatoria por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro contra las siguientes personas: Douglas Bustillo (ex militar, jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Henry Hernández (ex militar, sicario), Sergio Rodríguez (Gerente Ambiental y Social de DESA), Elvin Rápalo (sicario), Óscar Torres (sicario) y Edilson Duarte (sicario). Recuerdan las organizaciones que ademas «cada uno de ellos fue condenado a penas de entre 30 y 50 años de prisión el 2 de diciembre de 2019. El 5 de julio de 2021, el Tribunal también emitió una condena contra David Castillo (gerente general de DESA, ex militar) por el asesinato de Berta Cáceres como coautor del crimen. Casi un año después, el 20 de junio de 2022, el Tribunal condenó a Castillo a 22 años y 6 meses de prisión». Cita el documento que los condenados en ambos casos interpusieron recursos contra las sentencias, pero hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución sobre ninguno de los dos casos.
Concluyen los firmantes internacionales que «El proceso judicial en el caso de Berta Cáceres sienta un importante precedente en Honduras para acabar con la impunidad, ya que es la primera vez que se juzga y sanciona a miembros de una poderosa empresa por crímenes contra comunidades y organizaciones indígenas en el contexto de la defensa del territorio». Por lo tanto, «Es indispensable que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución y confirme las sentencias de las ocho personas ya condenadas por este delito para continuar la lucha contra la impunidad en Honduras».
De ahí que estas organizaciones hacen un llamado a las autoridades judiciales hondureñas para que emitan resoluciones que confirmen las sentencias de los responsables mencionados y garanticen justicia por el asesinato de Berta Cáceres asesinada el 2 de marzo de 2016 tras liderar la oposición a la instalación inconsulta e ilegal de la represa de Agua Zarca proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), propiedad de la poderosa familia Atala Zablah de Honduras.
De ese momento, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) se sumó a las muestras de dolor e indignación por el vil asesinato de la coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Por otra parte y respecto a esta tardía justicia, C-Libre registró el robo, mediante asalto, del expediente de Berta Cáceres.
