Las organizaciones nacionales e internacionales que conforman el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol expresan profunda preocupación por la nueva ola de violencia y amenazas contra las personas defensoras del Río Guapinol, y anuncian la ampliación de su mandato para asegurar investigaciones independientes y medidas de protección eficaces y amplias para la comunidad de Guapinol y la membresía del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT).
El asesinato de los defensores del agua y del medioambiente de la comunidad de Guapinol Aly Domínguez y Jairo Bonilla el pasado 12 de enero es el resultado de las repetidas negligencias del Estado hondureño en su deber de proteger las vidas de quienes defienden el Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, y los ríos Guapinol y San Pedro. Su asesinato responde al patrón de violencia infligida contra la comunidad de Guapinol, sector San Pedro y el CMDBCPT desde 2018. A partir de ese año, las y los medioambientalistas de Guapinol y sus familias han sido víctimas de continuas campañas de estigmatización en redes sociales y prensa, amenazas, criminalización, detención arbitraria y asesinatos, con el único objetivo de acallar las voces de quienes se oponen a la concesión otorgada de manera irregular a la empresa minera “Inversiones Los Pinares” en el Parque Nacional. Todo ello se mantiene en la impunidad.
Concebido inicialmente para monitorear el juicio de los ocho defensores de Guapinol entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol amplía hoy su mandato para asegurar que el Estado de Honduras adopte amplias medidas de protección y prevención a favor de la comunidad de Guapinol y la membresía del CMDBCPT, y para que investigue de manera independiente, exhaustiva e imparcial los asesinatos de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, así como el clima de amenazas que precedieron a este doble homicidio y que persiste a día de hoy.
La entidad investigadora deberá tomar en cuenta las actividades de ambos defensores de los derechos humanos, así como del conjunto de la comunidad de Guapinol y del CMDBCPT, para identificar los intereses que se han visto afectados al ejercer su derecho a defender derechos humanos, y establecer así líneas de investigación e hipótesis de los delitos, tal y como requieren los estándares regionales e internacionales de derechos humanos.
En esta nueva etapa, el Observatorio seguirá trabajando para que el Estado hondureño cumpla con la resolución del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria, con el fin de reparar integralmente a los ocho defensores de Guapinol que fueron detenidos arbitrariamente durante 914 días, y asegurar la no repetición de esta violación de sus derechos humanos.
Para tal fin, el Estado no solo deberá restituir a los defensores, sino restablecer la zona nuclear del Parque Nacional Carlos Escaleras, reparar los daños ambientales causados por la mina, y cancelar los proyectos mineros que operan con una licencia ambiental ilegal, que son el epicentro de la violencia contra las y los defensores medioambientalistas de Guapinol.
