Tegucigalpa, Honduras (conexihon.hn)- Mediante un comunicado de prensa la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), este 5 de noviembre, expresó que, las reformas al código “contravienen las obligaciones del Estado de Honduras en materia de derechos humanos, restringen el espacio cívico y limitan las capacidades para conducir investigaciones efectivas en casos de corrupción”
El pasado 7 de octubre el Congreso Nacional aprobó nuevas reformas al código penal y posteriormente fueron publicadas en el diario oficial La Gacetas el 1 de noviembre del presente año.
Dichas reformas están relacionadas a los delitos de Usurpación y desplazamiento forzado, figuras que son muy utilizadas para criminalizar a campesinos, pueblos indígenas, defensores y defensoras de derechos humanos, según lo señalado por Kimberly Andino, abogada de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
Por su parte la OACNUDH, explicó que, “El hecho de que las reformas al Código Penal extiendan la aplicación del delito de usurpación a espacios públicos, agraven seriamente sus penas y lo conviertan en un delito de flagrancia continua resultaría en restricciones ilegítimas al derecho a participar en los asuntos públicos, a la libertad de asociación, a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de expresión y al derecho a defender los derechos humanos”.
Además agregó, “especialmente preocupante resulta el agravamiento de la criminalización que ya enfrentan quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras, como ya ha sido advertido por diversos organismos internacionales de protección de derechos humanos”
Aumento de la criminalización a defensores y defensoras
Además de la OACNUDH, varias organizaciones consideran que las reformas al código penal restringen la labor de quienes hacen defensoría de derechos humanos.
Ninoska Alonzo, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDHH), explica, “Esta reforma al código penal es de gravedad (…) tenemos muchos casos en Honduras de personas que son judicializadas por el hecho de defender el territorio, de defender la vida, esta reforma hace que haya una criminalización sin posibilidades de nada”
Ninoska agregó, “Esto (Las reformas al código) también está defendiendo la empresa privada, defendiendo al capital privado, a los ricos que nos han empobrecido por décadas y por años, los protege a ellos y nos pone a nosotros en una condición bastante dura frente a la posibilidad de ir a la cárcel”
La abogada Kimberly Andino, plantea; “el desplazamiento forzado es un delito grave, que fue creado por lo que ha pasado con las maras, que ha habido violencia y muerte, familias han sido desplazadas de sus hogares y ahora lo están utilizando contra defensores y defensoras, esto es gravísimo. Un ejemplo de cómo están utilizando esta figura es el caso de la defensora Marianela Solórzano de la OFRANEH, defensora criminalizada por defender el territorio”. https://bit.ly/31C3kLl
En este sentido la representante de la OACNUDH, Isabel Albaladejo, reiteró “Nos preocupa que la entrada en vigor de estas reformas agrave la situación de conflictividad por el acceso a la tierra, particularmente para grupos campesinos y pueblos indígenas. Tanto nuestra Oficina como mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado a Honduras abordar las causas estructurales de los conflictos sobre tierras y territorios y evitar el uso del derecho penal como respuesta a esta conflictividad”.
Por: Roxana Vásquez
