Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).– Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) son catalogadas como “inoperantes” por la deficiente administración penitenciaria por parte de las autoridades, después de una reyerta suscitada en una cárcel de máxima seguridad que costó la vida de tres personas.
Así lo evidenció, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en un comunicado público, condenando estos actos recurrentes de violencia y muertes suscitados en las cárceles de máxima seguridad en el país, lo que pone en evidencia la inoperancia del Estado de Honduras por garantizar el respeto y protección a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El jueves 17 de junio en el Centro Penitenciario “La Tolva” cárcel de ,máxima seguridad ubicada en Moroceli, El Paraíso, ocurrió un enfrentamiento con armas de fuego entre privados de libertad y la seguridad estatal que dejó la perdida de tres personas muertas y 26 resultaron heridas.
“El hecho que armas, explosivos, drogas y aparatos electrónicos de uso prohibido, sigan ingresando a recintos carcelarios de máxima seguridad solamente evidencian la ingobernabilidad y la deficiente administración penitenciaria por parte de las autoridades, aun cuando se decidió que las FFAA, tomaran el control de estas instalaciones en particular”, condenó el CONADEH.
Además, explicaron que la reyerta suscitada en “La Tolva” entre maras y pandillas, suponen espacios idóneos de violaciones a la dignidad humana e integridad física de las personas, por lo tanto las autoridades tiene la obligación en designar personal capacitado y formado en gestión de centros penitenciarios, con un enfoque basado en derechos humanos.
De igual forma, el Estado de Honduras, debe garantizar el derecho a la salud, alimentación, agua potable, a una comunicación con sus familiares, a la integridad personal, psíquica, moral y el derecho humano a la vida de las personas privadas de la libertad.
FFAA no saben dirigir cárceles
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), evidenció que las FFAA no tienen competencias necesarias para dirigir la gestión del sistema penitenciario de Honduras.
Por lo tanto, consideran que se debe desarrollar un proceso real de desmilitarización comenzando con la Penitenciaria Nacional de Adaptación Social (PNFSA) por ser una población muy vulnerable de sufrir tortura y tratos inhumanos o degradantes.
Ya que las cárceles deben progresivamente convertirse en espacios abiertos a la convivencia respetuosa y la oportunidad para la rehabilitación de los privados de libertad.
La Mesa Penitenciaria, afirmó que desdé que se aprobó la intervención militar bajo el (PCM-068-2019), en los establecimientos penitenciarios más de 60 personas murieron violentamente y más de un centenar de privados de libertad fueron heridos, incluso mujeres que guardan prisión en custodia del Estado.
Recalcaron que “estos hechos han ocurridos en cárceles de máxima seguridad bajo administración de las fuerzas militares, acontecidos con todo tipo de armas que incluyen grueso calibre”.
Existe también precarias condiciones de vida de la población penitenciaria que son características de un sistema penitenciario corrupto y fracasado donde el 55 por ciento de la población permanece sin sentencia y en el sobreviven los reclusos en condiciones de hacinamientos debido a una sobrepoblación, denunció la Mesa Penitenciaria.
