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Tegucigalpa, Honduras. Desde sus selváticas montañas hasta sus costas en el mar Caribe, Honduras y México albergan en sus respectivos territorios mucha vida que defender. Y quiénes lo hagan: algunas de las más destacadas personas defensoras del territorio han vivido aquí.
Pero el análisis de los datos de asesinatos de personas defensoras en estos países, y el detalle de algunos de sus más emblemáticos casos permite observar un fenómeno colonial, también compartido: mientras la tendencia de asesinatos va al alza tanto en México como Honduras, naciones extranjeras hacen recomendaciones de Derechos Humanos a través de mecanismos internacionales. Son los mismos países donde se registran las empresas beneficiarias de los megaproyectos que han instalado dinámicas de violencia a donde llegan.
Este trabajo analizó fuentes documentales, testimoniales y creó una base de datos a partir de reportes de un organismo internacional referencia, para cruzarlas con datos del Examen Periódico Universal.
En las cuencas de los ríos de Honduras se encuentran tesoros vivos —11 especies de vida nuevas fueron halladas y nombradas en los últimos 25 años—, la última de ellas en honor a la organización hondureña COPINH. A mil 565 kilómetros al norte, en Morelos, el río Cuautla y otras afluentes son también parte de la cuna de la biodiversidad genética del maíz, cuya selección durante siglos es una de las aportaciones de culturas originarias de Mesoamérica al mundo.
A pesar de que la conversación global sobre crisis climática se ha enfocado en la reducción de emisiones de carbono, la conservación de la biodiversidad ha sido considerada esencial para evitar también pérdida de vidas (incluyendo las humanas, por el deterioro de salud vinculado a pérdida de biodiversidad) desde 1993, año en que se firmó el Convenio de la Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas, ratificado por 196 países, México y Honduras entre ellos. Además, la protección de la biodiversidad también tiene efectos positivos en la captura de carbono, de acuerdo con el mismo organismo internacional.
En México, el récord de asesinatos de defensores que hubo en 2017 y 2012, 15 y 10 respectivamente, de acuerdo con la organización internacional Global Witness, fue superado en los años más recientes de registro, 2018 y 2019 (con 14 y 18 asesinatos, respectivamente). En Honduras, hay un incremento en la tendencia en asesinatos de personas defensoras del territorio a partir de 2016. En 2019 alcanzó 14.
En Latinoamérica, Honduras y México están debajo solamente de Brasil y Colombia en esta tendencia de violencia.
Pero organizaciones indígenas como COPINH en Centroamérica y el Frente de Pueblos en Defensa del Territorio y el Agua en México no detienen su lucha.
“A más de 4 años de su muerte, Berta Cáceres sigue obteniendo victorias”, escribieron los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), tras el anuncio de que el Banco Centroamericano de Integración Económica se desvinculará del megaproyecto Agua Zarca, que amenaza la vida de los pobladores de la cuenca del río Gualcarque, defendido por Cáceres, en una de las regiones que ha quedado más vulnerada a los efectos de la actual crisis climática.
Mil 565 kilómetros al norte, en Chinameca, Morelos, la defensora del territorio Liliana Velázquez cuenta por qué la lucha sigue a pesar del asesinato de su compañero Samir Flores, crimen cometido en febrero de 2019 e impune hasta la fecha.
“Él nunca se consideró lo que llaman un líder social porque decía: ‘la gente a mí no me pertenece, la gente puede tomar sus propias decisiones. Él mismo enseñó a la comunidad que era en conjunto como se tenían que tomar las decisiones”.
Por eso la lucha de los pueblos de Morelos continúa, narra Velázquez.
La necesidad de respetar la vida y derechos de personas defensoras del territorio atrae a México, Honduras y otros países la atención internacional. A través del Examen Periódico Universal (EPU), diversos países recomiendan a México y Honduras mejorar sus condiciones de derechos humanos. Algunos de estos países son los mismos que albergan a las empresas beneficiarias de los megaproyectos que hicieron la promesa del “desarrollo”, pero han entregado conflicto, desunión comunitaria y asesinatos de defensores. Esta serie describe algunos de los casos más emblemáticos.
José Antonio Teruel, en defensa del río Patuca
La puesta del sol acababa de brillar sobre el segundo río más grande de América Central.
Por esta tierra del oriente de Honduras corren afluentes frondosos y se extienden bosques exuberantes. También hay oro. Aquí los sicarios con armas de grueso calibre aprovecharon que llegaba la noche.
Entraron a la casa del matrimonio de defensores del Río Patuca, Francisca Aracely Zavala y José Antonio Teruel. Los asesinaron y, también, a su hermano menor Marco Tulio Zavala el 27 de septiembre de 2020.
Marvin Damián líder de juventud contra proyectos extractivistas
15 horas después: al otro extremo, en la zona sur, el lunes por la tarde, los hombres de la familia del también defensor del territorio Marvin Damián Castro sudaban, escarbando para desenterrar el cuerpo sin vida de su familiar.
Todos llevaban mascarillas por la Covid-19 que mantenía con toque de queda el país desde seis meses atrás.
Aun así, la estocada del cuerpo exhumado estremeció a representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. También, a la directora de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos, Nidia Gisela Castillo, y al delegado de la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
A Castillo le pareció que el dolor de la madre de Castro era mucho más fuerte que ese olor. Ese olor que daba un cosquilleo difícil de explicar porque se siente en la nariz y va a desembocar al estómago.
Habían llegado desde las 10:00 de la mañana y ya eran alrededor de las 2:00 0 3:00 de la tarde ese 28 de septiembre de 2020.
–Con ese dolor y sufrimiento se atrevieron a desenterrar el cuerpo, inhumado sin autopsia dos meses antes y darle sepultura, de nuevo–, dijo Castillo. En el caso contra Castro hubo militares ligados, dicen los testimonios recogidos por el equipo de investigación.
Mientras en Olancho, al nororiente, lloraban y enterraban sin velorio, por la pandemia, a los ambientalistas; al sur de Honduras exhumaban a Castro.
Mismo patrón en asesinato contra defensores del ambiente
El modo de operar en ambos casos tiene rasgos parecidos al crimen contra la ambientalista defensora del Río Gualcarque, Berta Cáceres, ocurrido en marzo de 2016. Liquidada por militares que entraron durante la noche a su casa, situada al occidente de Honduras.
Los militares junto a civiles actuaron como sicarios de ejecutivos de la empresa DESA.
Un elemento que pasa inadvertido es que estos empresarios, en algunos casos, son financiados por conglomerados transnacionales, provenientes de países cuyos gobiernos, en el Examen Periódico Universal (EPU), dan recomendaciones a Honduras sobre cómo respetar los derechos humanos.
Honduras fue al tercer ciclo de evaluación EPU en 2020. El Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de la ONU citó que el país recibió 223 recomendaciones EPU.
Entre las recomendaciones, la situación de ambientalistas y defensores de derechos humanos ocupa la atención del resto de países. También una lista organismos internacionales se ha pronunciado preocupados por la protección de personas defensoras de derechos humanos:
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales las repercusiones negativas que tenían algunos proyectos de explotación de recursos naturales.
Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos observó que la información secreta, la falta de transparencia y la intensificación de los conflictos sociales relacionados con los proyectos de desarrollo a gran escala solía guardar relación con la falta de celebración de consultas pertinentes.
El equipo de las Naciones Unidas en el país observó que la Secretaría de Derechos Humanos se encontraba en proceso de elaboración de un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos.
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos señaló que el delito de asociación terrorista previsto en el nuevo Código Penal tenía un alcance excesivamente amplio que podía utilizarse en contra de los defensores de los derechos humanos.
No obstante, de algunos países que dan recomendaciones a Honduras, es de donde proviene el capital de las transnacionales que han financiado proyectos que significan la muerte de ambientalistas.
Por ejemplo, China ha dado recomendaciones EPU al Estado de Honduras, la más reciente para desarrollar la economía, aumentar el empleo, reforzar la erradicación de la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población con tal de respetar los derechos humanos. Sinohydro es una empresa China cuya operaciones en Patuca III generó más pobreza y conflicto social en Patuca.
“Es una desgracia para los pueblos porque aquí no le consultan al pueblo lo que le conviene o no le conviene, lo que le afecta o no le afecta. Las concesiones para beneficiar a transnacionales, políticos a empresarios a costa del sufrimiento del pueblo, lo que trae es desgracia y atraso en las comunidades”. Miguel Navarro-Defensor/ambientalista de Patuca, Olancho.
Pese a tener la represa Patuca III en su suelo, este sitio tiene problemas con la energía eléctrica, ahora padecen enfermedades de la piel, más plagas en los cultivos y muerte inexplicable de la vida silvestre, algunos monos mueren en los corredores de las casas.
Al menos diez padres de familia murieron de ataques al corazón mientras esperaban la indemnización y dejaron desamparadas a sus familias.
Holanda recomendó aprobar leyes y políticas de protección de los defensores de los derechos humanos y los periodistas, atraer la participación de la sociedad civil en este proceso y aportar fondos suficientes.
Como socios de Genersa están las marcas noruegas, Scatec Solar ASA y de KLP Norfund Investments AS para producir energía en Namasigüe, Choluteca y en todo el departamento.
También la transnacionales irlandesa Fyffes financia a Suragro. Esta última tiene un conflicto con sindicalistas en el sur de Honduras.
Noruega ha recomendado a Honduras adoptar medidas eficaces para reforzar y garantizar la independencia y la imparcialidad del poder judicial, entre otras cosas adoptando medidas de salvaguardia para impedir los nombramientos y destituciones irregulares (Noruega).
Esa falta de un poder judicial independiente ha impedido que los autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres sean tocados. A partir del 2014, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca tenía como entes financieros al Banco Centroamericano de la Integración Económica, el Banco de Desarrollo Holandés FMO y el Finnfund de Finlandia.
En 2020 Copinh anunció: “La desvinculación del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) del proyecto de muerte Agua Zarca implica una victoria del Pueblo Lenca, del COPINH y de Berta Cáceres y una aceptación de responsabilidad del BCIE en la violencia ocurrida. Tal como lo exigía el COPINH. Este hecho se suma como importante precedente con la desinversión de los bancos FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y en su momento el Banco Mundial, informó el Copinh”. La gigante China se había desligado desde antes del crimen.
Exhumación de Marvin Damián
Canadá recomendó aumentar la cantidad de agentes del orden, jueces y fiscales que reciben capacitación específica en materia de derechos humanos y grupos minoritarios (Canadá).
“Es parte de la política de estos países lavar su cara a través de fondos millonarios, por ejemplo Canadá en este caso da recursos para empoderamiento de mujeres pero a la vez empresarios canadienses tienen enormes concesiones para proyectos extractivistas.
Hay países como Taiwán que donan millones a este país en educación. Salud, infraestructura, pero también son parte de estos proyectos”. Coordinadora de Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, feminista Merly Eguigure.
Garífunas están criminalizados por su lucha ancestral y ambiental por la tierra, mientras el canadiense de CareVida, Randy Jorgensen, apodado el “Rey del Porno” está libre, impune. Ofraneh denuncia que más canadienses llegan a sus tierras en la costa atlántica. Y hay dos defensoras en prisión, cuatro desaparecidos y más de 40 asesinatos.
Gold Corp, la empresa canadiense que operó la minera Entremares, dejó secuelas que aún sufren los pobladores del Valle de Siria, en el centro del país.
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Diseño de Investigación: Sonia Godoy, Colombia; Thirza Galeas, Wendy Funes, Honduras Investigación de campo: Thirzia Galeas | Wendy Funes,| Honduras| Gibrán Mena, México. Edición: Gibrán Mena, Datacrítica| Reporteros de Investigación, Honduras Visualización de datos: Data Crítica Este reportaje fue realizado con el apoyo de la Internacional Women Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa Adelante en América Latina. |
