Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Un oficio enviado desde el Departamento de Redes Integradas de los Servicios de Salud (RSM), impone censura a médicos de los Centros de Triaje del Distrito Central, al no permitirles dar entrevistas a los medios de comunicación sobre el manejo de la pandemia del COVID-19.
El oficio número 231-RISS-RSM-2021, emitido este miércoles 07 de abril, fue dirigido a los Coordinadores de los siete Centros temporales de Triaje y Estabilización de COVID-19 en Tegucigalpa y Comayagüela: Universidad Católica de Honduras (UNICAH), Centro Cristiano Internacional (CCI), Centro Cívico Gubernamental, Centro de Triaje de la Mayangle, Juan Pablo II, Milla Selva- INFOP y del Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Además, señala que, por instrucciones recibidas en reunión con Coordinadores de Triaje, el pasado 06 de abril de 2021, a partir de la fecha el vocero oficial de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central incluyendo los Centros temporales de Triaje y Estabilización de COVID-19 es el Dr. Harry Bock Melara Jefe de la Región Metropolitana de Salud.
“Por lo que es la única persona autorizada para brindar declaraciones a los Medios de Comunicación y reportar datos estadísticos y de cualquier otra índole de estos Centros”, detalla el escrito.
De igual forma, aprovecharon la oportunidad para solicitarles girar instrucciones al personal que brinda atención en los Centros a su cargo, sobre el llenado por médico de turno de la Base de Datos de Caracterización de Pacientes, siendo este de vital importancia para la Vigilancia Epidemiológica, seguimiento de pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19, por los Establecimientos de Salud del primer nivel de atención, análisis de zonas de mayor incidencia de casos y coordinación de actividades de campo de contención.
“Así como análisis de producción de los Centros, entre otras actividades. Base de datos la cual tendrá que enviarse al Área de Gestión de la información de manera diaria a las 9:00 am con la totalidad de las atenciones brindadas el día anterior”, sostiene el escrito firmado por, Wilson Mejía Murillo, Jefe DPTO Redes Integradas de los Servicios de Salud-RSM.
No se puede coartar la libertad de expresión
El Doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para la zona norte, dijo públicamente que no se puede coartar la libertad de expresión ni ocultar la información pública sobre el manejo de la pandemia en Honduras.
“Lamento la decisión de las autoridades y espero que la reviertan hoy, porque hacer estas cortapisas y estas lapidas a los colegas de los Centros de Triaje es insostenible, yo exijo a las autoridades que se quite este memorándum por que los colegas no hacen nada malo y como miembro del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras (CMH), comparto que no es correcto sobre todo con la ética médica el impedir la información”, exigió el doctor.
Umaña recalcó que las autoridades “están ocultando los desastres de la pandemia y como se nos viene una ola impresionante de casos en los Triajes ya van más de veinte casos cerrados y van a llegar hasta los cien, están ocultando que ahí se va a morir gente y están ocultando cuantas personas van a llegar al día.
Umaña afirmó que los funcionarios públicos intentan ocultar la improvisación total, refiriéndose al manejo de la pandemia por parte de las autoridades gubernamentales.
El medico concluyó con un llamado a la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre para que actúe en defensa de la libertad de expresión ya que “que es un derecho constitucional que tenemos los ciudadanos a poder expresarnos públicamente y aparte acceder a la información es pública”.
La resolución 1/20, Pandemia y Derechos Humanos, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece que se debe asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia por COVID-19.
“Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”, puntualiza la resolución publicada en abril de 2020.
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