La gestión estatal de la pandemia empeora y se vuelve más compleja, a mediados de julio más de 29 mil casos de contagios confirmados han rebasado la capacidad hospitalaria, los casos de corrupción carcomen la frágil institucionalidad, pero la autocensura impuesta en los medios de comunicación, la manipulación mediática, la persecución tenaz y criminal contra las formas de comunicación alternativas no han podido ocultar la verdad, esta se vuelve más traslúcida en Honduras.
La opinión pública manipulada ha jugado un rol de importancia para el gobierno que intenta extender la crisis, imponer un clima de terror y no atender con urgencia la pandemia que ha cobrado más de 800 vidas.
Hoy por hoy los reinventados medios hondureños que han dejado el consorcio político-mediático para asaltar las redes sociales, como lo hace ahora en su versión digital www.elperroamarillo.news y las más de cincuenta radios comunitarias diseminadas a nivel nacional, entre otros los medios digitales se han tomado a cuesta la misión de evidenciar la cruenta realidad compartida.
La pandemia por COVID-19 ha precarizado el sistema de salud y poniendo en alto riesgo la vida de la población hondureña, tal como lo plantea el Consejo Nacional Anticorrupción en su más reciente informe: “La trampa mortal de la bioseguridad estatal” y que coincide con las denuncias del Colegio Médico de Honduras (CMH) ante la falta de equipo de bioseguridad adecuados y por consiguiente las muertes de más de 20 miembros del personal de Salud.
Desde el año pasado, la Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación, ha hecho reclamos para salvaguardar vidas y señalando prácticas incorrectas por sectores que ejercen el poder, ante esta crisis sanitaria la presión volvió a las calles en forma de protesta social para exigir que se salvaguarden las vidas en los centros de atención médica, mientras los muertos se acumulan en las aceras bajo horrorosos plásticos y sobre colchonetas sucias.
De acuerdo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos más de 400 protestas se han desarrollado en los últimos meses, exigiendo: alimentos, mejoras a las condiciones de trabajo, equipo de bioseguridad y transparencia.
En el caso de Honduras, frente a los inevitables estallidos sociales por hambre y desatención que ya han tenido lugar, no es posible pensar que simplemente bastará en accionar el interruptor para que el sistema productivo vuelva a reconstituir las conexiones perdidas, según plantea el Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH) en la apuesta por la priorización de sus doce pilares hacia una respuesta estatal eficaz y socialmente incluyente.
Con los 4,366 millones de lempiras ejecutados hasta la fecha (INVEST-H: 2.092.812.304.1; Gobernación: 715,158,500.0, Desarrollo Económico: 390,191,005.3; Trabajo y Seguridad Social: 421,419.500; Salud: 527,526,433.7; Código Verde: 65,000.000; COPECO: 154,486,138.2) Honduras es el país de Centroamérica con el mayor porcentaje de la población infectada con el Virus COVID-19, es decir el porcentaje de personas contagiadas en términos brutos, pero contradictoriamente es el país que posee más dinero para enfrentar la crisis sanitaria.
Los brotes del virus siguen proliferando al igual que los casos de corrupción y se observa un profundo desfase en cantidad de pruebas realizadas para detectar el virus, con un desfase de dos o más semanas con pruebas sin corroborar, por falta de material y de personal profesional.
Ante la presión de la población por una mejor atención para los pacientes y una acción más oportuna ante la pandemia, meses atrás se había anunciado la compra de hospitales móviles, pero la empresa de origen turco desmintió que dichos hospitales hayan sido comprados por parte del Estado hondureño y señaló que el nombre de su empresa fue utilizado de forma ilegal para realizar esa transacción.
La novela se trasladó a las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria, donde un Ministerio Público con las manos atadas, espera por la verificación de la entrega de dos de los siete hospitales adquiridos a precios exorbitantes. La respuesta estatal, más censura y abuso de autoridad, no se permitió la entrada a medios de comunicación para dar cobertura al desembarque, una clara violación a la libertad de expresión, la libertad de prensa y acceso a información pública.
También, el siete de julio el coordinador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, Ismael Morero, “Melo” denunció que un medio de comunicación bloqueó su participación para abordar el Sondeo de Opinión que revela que el 82.5% de la población no tiene confianza en el gobierno central, por “órdenes de arriba”.
Estos bloqueos informativos y autocensuras impuestas no le han ganado la batalla a la verdad en Honduras, donde la población se llena de preguntas: ¿De dónde salieron los hospitales?, ¿Cuál fue el valor real de los hospitales?, ¿Servirán para la atención de pacientes?, y la tendencia más reciente #DóndeEstáelDinero, inundan los espacios alternativos de comunicación en Honduras, superando otras como: #hondurasavanza, #hondurasquedateencasa y para esta semana #DevuelvanLoRobado.
