Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La tarde del viernes 31 de mayo de 2019, el joven maestro Rommel Valdemar Herrera Portillo, fue arrestado a inmediaciones del Hospital San Felipe, en Tegucigalpa.
Rommel, junto a su hermano menor, se dirigían a su casa de habitación tras haber participado en una movilización ciudadana, convocada por la Plataforma de Defensa por la Salud y la Educación pública.
Minutos antes de su detención, la fachada principal del edificio que alberga la Embajada de Estados Unidos en Honduras fue incendiada, ante la vista y paciencia de policías, militares e incluso guardias de seguridad privada, encargados de brindar protección al inmueble diplomático.
El joven docente, fue capturado bajo el uso desproporcional de la fuerza y trasladado a la estación policial de la Jefatura Metropolitana Uno (conocida como Core7), donde según su propio relato, el joven sufrió abuso policial, siendo víctima de golpes y asilamiento.
Ese mismo día, Rommel fue llevado a los Juzgados de Letras de Penal en Comayagüela y en menos de 48 horas, ya se encontraba recluido en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, ubicada en el oriente del país.
Ese 31 de mayo, la mayoría de los centros comerciales, hoteles, bancos, comidas rápidas e instituciones estatales, se encontraban custodiadas por uniformados y vallas con la finalidad de resguardar edificios públicos y privados.
El panorama de custodia policial y militar a edificaciones públicas y privadas, era en reacción a las acciones de protesta en el marco del paro los sistemas educativos y de salud iniciado desde el 29 de abril del año 2019.
La defensa ciudadana se resume en acciones de protesta social que sumaron más de 70 movilizaciones en todo el territorio nacional con fuertes enfrentamientos entre protestantes y las fuerzas del orden.
Estas acciones de protesta evitaron que el Congreso Nacional de la República ratificara el decreto “Ley de Reestructuración y Transformación presupuestaria de la Secretaría de Salud” y el decreto “Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria de la Secretaría de Educación”, que había sido aprobada el 24 de abril del presente año.
Un año de justicia, injusta
Para el Comité Nacional por la Liberación de Presos Políticos en Honduras, la liberación del joven maestro y de los demás presos políticos en el país ha marcado la agenda de organizaciones a nivel nacional e internacional.
En el mes de abril varias organizaciones interpusieron ante la Sala Constitucional un hábeas corpus correctivo, el objetivo era lograr medidas alternativas a la prisión preventiva para 11 presos políticos, incluido Rommel Herrera.
Posteriormente, el siete de mayo, un nutrido grupo de organizaciones de derechos humanos y personalidades lanzaron la “Campaña mundial por la libertad de las presas y los presos políticos”, y enviaron una carta a varios mandatarios de América.
“Desde el día uno, empecé a luchar por la libertad de mi hijo, no he estado sola en esta desigual lucha, pero justo ahora estamos bajo un contexto de emergencia sanitaria y la imposibilidad de ver a Rommel nos llena de incertidumbre…tenerlo aquí con nosotros sería algo grande, agradecemos todos los esfuerzos que se siguen haciendo porque nos dan la fuerza para seguir luchando”, aseguró MariCruz Portillo, la madre de Rommel.
La madre del joven maestro añadió que la audiencia final para saber si inocencia o culpabilidad “ya no tiene fecha porque estaba programa para el 16 y 17 de abril, pero el Covid-19, nos la cancelo, por eso tenemos incertidumbre, es decir que estamos peor que cuando iniciamos”.
Por su parte la representación del sector de la Juventud del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), inicio hoy, en el marco del primer aniversario de reclusión, una campaña de solidaridad en redes sociales con Rommel Herrera.
“En este último año, el gobierno de Honduras, servil a intereses extranjeros, ha torturado de manera sistemática a Rommel, evitándole contacto con su familia, recluyéndolo durante cuatro meses en una cárcel de máxima seguridad, exigiendo una pena de hasta 17 años de reclusión y llegando a exigir un pago de 47 millones de lempiras por la puerta de la embajada”, aseguraron los jóvenes.
Según los representantes de la Juventud del Partido LIBRE, Rommel Herrera es un docente y luchador social contra la privatización de la salud y la educación en Honduras, por lo que se solidarizan con el joven y con su familia, al tiempo de exigirle al gobierno de Honduras un juicio justo.
Finalmente, la madre del joven maestro se suma al clamor de la juventud y aseveró que un año es mucho tiempo para esperar justicia, para una persona cuyo delito fue la defensa de los dos grandes eslabones que dan patria a una nación.
