Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-La comunidad de El Paraíso, en el municipio de Omoa, en el departamento de Cortés, en la zona norte de Honduras, exige justicia ante el abuso de autoridad por parte de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), quienes en medio de un retén le quitaron la vida al joven Marvin Rolando Alvarado de 33 años de edad.
El pasado viernes 24 de abril, Marvin se dirigía a trabajar en el campo, junto a su hermano Arturo Alvarado. Los hermanos nunca llegaron a su destino pues ambos fueron heridos en al intentar cruzar un retén militar.
Arturo y Marvin fueron trasladados a un centro hospitalario, pero Marvin no logro sobrevivir, mientras que Arturo, apenas recuperado fue detenido por policías que esperaban su alta medica.
“Perdimos parte de nuestra vida, porque él era un hermano muy especial para nosotros, lamentamos lo que pasó por que fue injustamente”, expresó, Jaime Alvarado, uno de sus hermanos en una entrevista para, Noti Omoa.
Relató con mucho dolor en su alma como ocurrió el hecho en este video, denunció que a él también lo amenazaron a muerte y hasta le pusieron una pistola en la espalda donde uno de los policías le dijo “que se mueran esos perros”, refiriéndose a sus dos hermanos que estaban en el suelo por las balas que les dispararon los PMOP.
Los asesinos se rieron y me amenazaron
“Fuimos a poner la denuncia a la Dirección Policial de Investigación (DPI), pero nunca nos atendieron, estuvimos muchas horas esperando, y afuera estaban los militares que mataron a mi hermano, riéndose en mi cara haciéndome señas y diciéndome de que me iban a matar”, sostuvo la hermana, Mariana Alvarado, en declaraciones para Conexihon.hn.
Además, dijo, “siento mucho la perdida de mi hermano y quiero justicia, a mis dos hermanos se los llevaron para la DPI, y a uno de ellos le pegaron una golpiza que fue injustamente y también lo sacaron del hospital como si fuera un criminal, lo acusan de supuestamente querer matar a los PMOP, cuando fueron ellos lo que le tiraron ellos a matar”.
Antes que los mate el Covid-19
“Los hace la policía”, comunicó, la Asociación por una Ciudadanía Participativa, (ACI-PARTCIPA), condenando el crimen, haciendo eco en las múltiples denuncias de acciones abusivas por parte de agentes de seguridad del Estado en diferentes lugares del territorio nacional.
De igual forma la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), hizo un llamado a las autoridades para que investiguen las denuncias de uso excesivo de la fuerza y tomen medidas para prevenir su repetición.
También, exteriorizaron su preocupación en el incremento de denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las diferentes fuerzas del orden en el marco de operativos de control del cumplimiento del toque de queda y de otras disposiciones del estado de emergencia.
Así mismo, recalcaron que la prohibición de la privación arbitraria de la vida, la tortura y otros malos tratos es absoluta e inderogable en todo momento. Incluso durante un estado de emergencia.
Toque de queda no justifica abuso
La OACNUDH, subrayó que “la violación del toque de queda o de medidas de bioseguridad no justifica el recurso al uso excesivo de la fuerza; bajo ninguna circunstancia debe conducir al uso de la fuerza letal”.
Por lo tanto están llevando un registro sobre denuncia de malos tratos durante la detención de un hombre en el municipio de Protección, Santa Bárbara, en un operativo en el que participaron agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Estos hechos se suman a otros sobre uso excesivo de la fuerza que se han venido presentando desde el inicio de la crisis.
La Oficina también está dando seguimiento a denuncias sobre utilización de armas de fuego contra manifestantes en un operativo de desalojo llevado a cabo el 23 de abril por la Policía Nacional en la comunidad Las Metalias, en Tela, Atlántida. Según la información recabada, habrían resultado heridos dos manifestantes.
Excluir participación de militares
Diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos han mostrado preocupación por el incremento de la participación de fuerzas militares en funciones relacionadas con la seguridad pública en Honduras.
En este sentido, la Oficina recomienda al Estado excluir la participación de las fuerzas militares en las labores de control de la implementación de las regulaciones del toque de queda en el marco de la emergencia. En caso de que participen de manera excepcional, estas deberían actuar bajo la supervisión de las autoridades civiles y rendir cuentas en la justicia civil.
La Oficina reitera el deber del Estado de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el derecho de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, aún en el marco de la emergencia; ello conlleva la obligación del Estado de dar a conocer los recursos judiciales disponibles, garantizar a las víctimas acceso a la información sobre las investigaciones, así como la reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.
