Nueva York/ Tegucigalpa (Conexihon).- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), hizo un llamado este miércoles a las autoridades hondureñas a suspender inmediatamente las restricciones impuestas contra la libertad de expresión.
La reacción del CPJ ocurre luego de la creación del decreto PCM-021-2020, firmado por Juan Orlando Hernández y el Consejo de Ministros, con fecha 15 de marzo del presente año y presentado públicamente un día después.
Dicho decreto, restringe las garantías contenidas en los artículos 69, 71, 72, 78,81, 84, 93, 99,103, por un periodo de siete días, invocando el estado de Alerta Roja por los casos de contagio positivo del COVID-19 (Coronavirus) en el país.
De acuerdo con la coordinadora del Programa de Centro y sur américa del CPJ, Natalie Southwick, saludó las medidas para enfrentar el COVID-19 tomadas por el gobierno. Sin embargo, dijo que “no debe abusar de estas medidas para restringir la libertad de expresión”.
“Especialmente en un momento en que los medios juegan un papel fundamental para mantener a la sociedad informada y segura», añadió Southwick.
En su publicación, el Comité para la Protección de Periodistas, solicitó una aclaración a las autoridades hondureñas, específicamente sobre la suspensión de la libre emisión del pensamiento y expresión (Articulo 72, constitucional) por la vía del correo electrónico, sin tener respuesta inmediata.
Por su parte, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), denunció en su alerta 027-2020, que el decreto ejecutivo, no había sido presentado al Congreso Nacional para su conocimiento y apruebe, modifique o impruebe, como lo estipula el artículo 187 de la Constitución de la República hondureña.
Tampoco estuvo a la vista, su publicación en el Diario Oficial «La Gaceta».
Casos de restricción a labor periodística
Un día posterior a las disposiciones contenidas en el decreto PCM 021-2020, hubo acciones de intimidación a la labor periodística, en la capital hondureña, uno de las ciudades con toque de queda absoluto.
C-Libre reportó en su alerta lo denunciado por Gustavo Blanco, periodista de Radio Globo, quien, al momento de dirigirse hacia las instalaciones de la emisora, en dos retenes policiales no le permitían seguir su recorrido.
“No debería permitirle el paso, pero váyase a cabina”, le dijo un policía al periodista, quien describió este hecho antes de entrar a la emisión de Noticias Radio Globo, del cual es coordinador y presentador.
Sumado este hecho, el representante del Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER), Gabriel Rubí, en declaraciones a Radio América, aseguró que solicitará a la secretaría de Salud y a la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), poner en cuarentena a un grupo de periodistas que dio cobertura en una zona sospechosa de contagio por COVID-19 en la ciudad de Comayagüela, DC.
Minutos después de sus declaraciones, SINAGER emitió un comunicado con las declaraciones de Rubí a la mencionada emisora de radio.
Sobre la suspensión de garantías constitucionales en el país, coincidió con una declaración de expertas y expertos de Naciones Unidas, quienes expusieron que las declaratorias de emergencia “no debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden derechos humanos”.
