Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). – En medio de la suspensión de las garantías constitucionales y el estado de emergencia decretado por el Estado desde este lunes por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), las y los hondureños salieron de sus casas para ganarse el pan de cada día.
Etna Hernández manifestó, lamentó que el gobierno de Honduras, no tome en cuenta la subsistencia diaria de los pobres en el país, puesto que ya no pueden vender en su negocio de carnitas en el anillo periférico.
Su horario laboral es de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche, desde el momento que declararon toque de queda en el Distrito Central, para prevenir el Covid-19, Hernández ha bajado completamente sus ganancias y aumentaron sus deudas.
El Banco Mundial (BM), estima que el 58% de los empleados en Honduras trabajan de manera informal, señala que las mayores tasas de informalidad se encuentran en los sectores de servicios (28%), agricultura (19%), e industria (11%) entre otros.
«Un alto porcentaje de empleos informales y la baja participación de las mujeres caracterizan al mercado laboral en Honduras», señala el estudio «Diagnóstico del Trabajo» informe presentado por el Banco Mundial.
Además, según datos del Banco Mundial (BM) ver aquí https://bit.ly/2Qu5d4l el 66 por ciento de la población de Honduras vive en condición pobreza y en las zonas rurales aproximadamente uno de cada cinco hondureños vive en pobreza extrema o con menos de US$1.90 al día, que serían aproximadamente 30 lempiras en moneda hondureña.
“Necesitamos trabajar para mantenernos”
Así mismo, el campesino Leovigildo Rodríguez de San Rafael Lempira sostuvo en declaraciones a medios locales que «la ley que han determinado para dicho pueblo hondureño es que estén encerrados niños hasta la edad más vulnerable, pero quien va a mantener esa familia, lo que aprobó el gobierno de no trabajar en una semana con eso se va a perder millones de lempiras después vienen las crisis y quien paga esto al final es el pueblo humilde y hablo en nombre de aquellas personas que se les ha quitado el derecho a expresarse”.
Rodríguez recalcó que «Nadie sale a las calles de puro gusto ya que el único camino que nos queda es trabajar para mantenernos y si nos atenemos a dicho gobierno que solo aprueban leyes sin ningún sentido y sin ningún fundamento, el pobre pueblo es el que sufre”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), hace un llamado a tomar medidas urgentes para mitigar el impacto de la respuesta al Covid-19 en grupos en mayor vulnerabilidad, como personas en situación de pobreza, adultos mayores, pueblos indígenas, personas con discapacidades y personas privadas de libertad.
El economista, Melchor Rodríguez, dijo, “las medidas que actualmente se están tomando de parte del gobierno no son las más adecuadas porque lo que están causando es un mayor pánico y se nota que no han tenido una planificación las cuales se hubieran hecho a través de un proceso y es muy evidente la descoordinación que se está dando porque el decreto hablaba de no limitar todas las actividades al inicio y ahora crean una zozobra.”
El profesional de la economía, explicó que el 60% de la parte productiva son aquellos negocios informales que generalmente están siendo limitados ante un paro como el de estos momentos.
El ex presidente Manuel Zelaya manifestó en su cuenta de twitter “Militarizar sin alimentos, agua y sin cuidados de salud preventiva y violando derechos humanos, de colonias pobres, que no tienen ni el mínimo para subsistir y menos aislados es un acto de brutalidad del régimen de JOH”
Por su parte, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU-CU) exigió al gobierno subsidio del pago de servicio públicos a nivel nacional, subsidio a campesinos y microempresarios por las pérdidas económicas.
Así mismo, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) llama al Estado de Honduras a adoptar un enfoque de derechos humanos en la planificación y adopción de las medidas en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y llama a la ciudadanía a acatar reflexivamente las medidas destinadas a prevenir, contener y/o mitigar el impacto del COVID-19 en el país y la región.
