Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Cerca de 20 asesinatos contra defensores y defensoras, marcan un sangriento 2019, con la complicidad de quienes se encargan de investigar estos hechos, que hasta la fecha no existen procesos que lleven a los culpables a ser juzgados y condenados por estos crímenes.
Así lo denunció, el Espacio verificador del Sistema Nacional de Protección frente al Ministerio Público, exijiendo respeto y protección al ejercicio de defender derechos humanos, puesto que muchas veces termina en criminalización y cárcel.
Tal es el caso de los siete defensores presos por defender los bienes comunes en las comunidades de Guapinol y el sector San Pedro, “por los intereses nefastos de una empresa minera que ha desatado una campaña de desprestigio, imposición y terror, con la complicidad de las fuerzas policiales y militares y de una Secretaría que hace tiempo dejó de preservar el ambiente en el país”, señala el comunicado.
Además este 04 de Diciembre pobladores de Zacate Grande fueron salvajemente golpeados por policías que actuaron con la brutalidad que solo se les permite en una país donde reina la impunidad y la barbarie.
Ante el panorama de violencia se suma la campaña de quienes gobiernan el país, quienes estigmatizan a través de medios de comunicación la defensa de los derechos humanos.
Denuncias de casos son cerradas
De 200 denuncias recibidas por la Fiscalía Especial Para la Protección de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), solamente se han presentado 15 requerimientos fiscales.
Mientras que en dicha Fiscalía se han cerrado 67 casos en los últimos dos años. Cantidad que supera el número de avances en las denuncias que son de su competencia. Con ello niegan uno de sus principios establecidos en el decreto de su creación; el de dirigir su conducta estrictamente a garantizar la protección y representación de los derechos fundamentales de derechos de los beneficiarios y beneficiarias en el marco de la FEPRODDHH.
Las y los defensores exigen:
- Se garantice el cumplimiento de los principios establecidos en el acuerdo No. FGR-002-2018, creador de la Fiscalía Especial Para la Protección de los Defensores de derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH).
- Demandan el respeto hacia el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, por parte del Estado hondureño.
- Demandamos que quienes estén a cargo de esta fiscalía, sean personas con formación Derechos Humanos, para que puedan dirigir sus investigaciones desde el conocimiento de la labor de los defensores y defensoras.
- Reclaman una investigación seria y exhaustiva en el caso de las denuncias de los beneficiarios de la ley, la elaboración de análisis de riesgo de acuerdo a las particularidades de cada caso.
- Demandan cese la violencia en contra de las personas defensoras de la tierra y territorios, comunicadoras y voceras indígenas, en particular mujeres; denunciamos su incremento como parte de un plan sistemático de persecución, criminalización y genocidio de los pueblos indígenas.
- No estigmatización hacia las defensoras, señalándolas como “enemigas del desarrollo” deslegitimando su lucha, y ejerciendo sobre ellas violencia de genero.
- Exigen un informe del fiscal de la FEPRODHH sobre los casos de criminalización, persecución y asesinato de defensores.
Defender derechos es un deber, NO es un delito.
¡Libertad para los defensores del Rio Guapinol!
¡No más criminalización para los Defensores de los territorios!
¡Somos defensores no somos delincuentes!
