Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En medio de un contexto profundamente amenazante, manifestado en acciones de violencia estatal, criminalización y retrocesos con la aprobación y pronta entrada en vigencia del nuevo Código Penal en Honduras, arriba al país este martes el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH), Edison Lanza, en una visita académica gestionada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
En el año 2018 C-Libre emitió cerca de 24 alertas por agresiones cometidas contra periodistas, mientras daban cobertura a diferentes protestas en el país. Los responsables de dichas agresiones, en su mayoría (21), son agentes policiales y militares.
Siendo una de las más graves, la del periodista de Une Tv, Geovanny Sierra, ocurrida el 26 de noviembre de 2018, cuando agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INP), dispararon a una manifestación ciudadana, una de las balas alcanzó su brazo derecho. Su caso permanece en la impunidad y sus agresiones protegidos en el marco de la secretividad institucional.
Desde C-Libre, reconocemos su trayectoria profesional, su aporte al periodismo, entrega y compromiso de llevar la verdad en el marco de las más difíciles coberturas de los escenarios de protesta social en Honduras.
En lo que va 2019, C-Libre contabilizó más de 90 alertas de violaciones a la libertad de expresión en el país. De estas, 49, es decir más de la mitad, tienen que ver con agresiones a periodistas en cobertura de protesta. Siendo el periodo comprendido entre mayo y junio, donde se registra un número mayor de agresiones contra la prensa (27 en total), lo que visibiliza el alarmante incremento de agresiones cometidas por agentes policiales y militares contra periodistas en cobertura de protestas ciudadanas.
En el periodo del 4 de marzo al 26 de julio del 2019 ha registrado un total de 473 manifestaciones a nivel nacional. Sólo el día 20 de junio se registraron 78 manifestaciones; el día 24 de junio seis estudiantes universitarios salieron heridos y hospitalizados después de un desalojo por parte de los cuerpos de seguridad, se denunciaba que hicieron uso de sus armas de fuego.
De acuerdo con la solicitud de información efectuada por C-Libre a la Secretarias de Seguridad y Defensa pidiendo los datos relacionados a este incidente, las cuales respondieron con un oficio No. 1893-2019 mencionando que “el personal policial no utiliza armas de fuego en desalojos”, y No. de expediente 1321 donde hacen mención de que 24 policías y 11 militares portaban armas, lo que indica que las personas que se manifiestan y periodistas que realizan la cobertura corren riesgo de ser agredidos hasta ser perseguido penalmente.
“Hay un aumento de violencia contra las y los periodistas y el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones para prevenirlo y utilizan un lenguaje estigmatizante que crean condiciones para que se generen más agresiones”, denunció enérgicamente el director de C-Libre, Edy Tábora.
Así mismo, C-Libre sostiene que el nuevo Código Penal, publicado el pasado 10 de mayo en el Diario Oficial “La Gaceta”, manifiesta el incumplimiento del Estado de adecuar las normativas a los estándares internaciones sobre la libertad de expresión, puesto que utilizan los delitos contra el honor para acallar a las y los comunicadores, filtradores de información y otras personas que hacen uso de este derecho fundamental.
Además surgen algunas nuevas figuras relacionadas con la veracidad exigida en la divulgación de noticias e información que pone en una situación de precariedad a los periodistas.
Recientemente, en un comunicado, la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), externaron su preocupación por la publicación de dicho Código Penal, tras considerar que el mismo contiene “restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión, libertad de prensa, así como determinadas disposiciones, que por su formulación pueden afectar el derecho a protesta y a defender derechos humanos en el país, entre otras”. Los estándares internacionales señalan que los delitos contra el honor no se deben solucionar en el ámbito penal sino en lo civil ya que no debería ir nadie preso por divulgar información.
